1Naturaleza jurídica e institucional de la Declaración

La Declaración Universal de los Derechos del Árbol es un texto fundador que enuncia principios de reconocimiento, respeto, protección y responsabilidad hacia el Árbol. Forma parte de una arquitectura ética, científica, democrática, cultural, educativa y jurídica desarrollada y custodiada institucionalmente por La Compagnie des Papillons Bleus.

La Declaración no es una persona jurídica, una administración panameña, una autoridad pública, un tratado internacional en vigor ni una organización intergubernamental. No actúa por sí misma. La transmisión de documentos, el acompañamiento y el Registro Internacional corresponden a La Compagnie des Papillons Bleus.

La adopción municipal no constituye:

• la firma o ratificación de un tratado por la República de Panamá;
• la adhesión del Estado panameño al proyecto de Convención Internacional de los Derechos del Árbol;
• una reforma de la Constitución, de la Ley General de Ambiente, de la legislación forestal, urbanística o de propiedad;
• la atribución de personalidad jurídica o capacidad procesal general a los árboles;
• una transferencia de competencias públicas a La Compagnie des Papillons Bleus;
• una prohibición, por sí sola, de toda tala o intervención en bienes privados;
• la creación inmediata de obligaciones o sanciones oponibles a terceros sin fundamento legal adicional.

La expresión «bien común de la humanidad» conserva aquí una función ética, política e interpretativa. Afirma una responsabilidad compartida hacia los árboles, los bosques, los suelos, el agua, la biodiversidad, el clima, los paisajes y las generaciones futuras.

2La arquitectura territorial panameña: municipio, distrito, corregimiento, provincia, comarca y Estado

Los artículos 232 y siguientes de la Constitución Política de la República de Panamá definen el municipio como la organización política autónoma de la comunidad establecida en un distrito. El gobierno municipal comprende un Concejo Municipal y un alcalde, con las atribuciones que establecen la Constitución y la ley.

El artículo 233 vincula el gobierno municipal con la prestación de servicios públicos, la construcción de obras, la ordenación del territorio, la participación ciudadana y el mejoramiento social y cultural. La descentralización debe desarrollarse conforme, entre otros, a los principios de autonomía, subsidiariedad, equidad, sostenibilidad y eficiencia.

La Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal, en su versión modificada, junto con la legislación de descentralización, estructura las competencias del Concejo, del alcalde y de la administración municipal. El municipio no constituye, sin embargo, una soberanía separada: sus actos deben respetar la Constitución, la ley y las competencias nacionales.

Debe distinguirse entre:

• el Concejo Municipal, órgano deliberante del distrito;
• el alcalde, jefe de la administración municipal y ejecutor de los acuerdos dentro del marco legal;
• los corregimientos y sus representantes;
• las juntas comunales, con funciones territoriales y comunitarias propias;
• los consejos provinciales y, cuando corresponda, comarcales;
• las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y los regímenes especiales de las comarcas;
• MiAMBIENTE, MIVIOT y las demás autoridades nacionales con competencias sectoriales.

3Interés local y competencia: las dos condiciones centrales

La reforma introducida por la Ley 66 de 2015 atribuye a los concejos municipales, entre otras funciones, la definición de la política de desarrollo del distrito, la administración del patrimonio municipal, la creación de juntas o comisiones, la gestión de plazas y parques, el saneamiento, determinadas funciones urbanísticas, la adopción de medidas para proteger y conservar el ambiente y la aprobación de instrumentos de ordenamiento territorial dentro del marco aplicable.

Una adopción de la Declaración resulta más sólida cuando el expediente demuestra una relación concreta con el distrito. No basta una adhesión abstracta: deben identificarse los problemas públicos, los bienes municipales, las políticas existentes y las acciones que el municipio puede ejecutar legalmente.

La motivación puede referirse a:

• los árboles situados en parques, plazas, vías, escuelas, mercados y otros bienes municipales;
• la cobertura arbórea, la sombra y la reducción de islas de calor;
• la protección de cuencas, riberas, nacimientos, humedales y zonas de recarga;
• la prevención de erosión, inundaciones, deslizamientos e incendios;
• la biodiversidad, los corredores ecológicos y los hábitats urbanos y rurales;
• el paisaje, la identidad comunitaria y los árboles de valor histórico o cultural;
• la salud pública, la educación ambiental y la participación ciudadana;
• la calidad de los proyectos municipales, de las obras públicas y de la contratación pública;
• la adaptación al cambio climático y la resiliencia territorial.

4Tres niveles jurídicos que deben distinguirse

Esta distinción evita dos errores opuestos: reducir la adopción a un gesto vacío o atribuirle efectos jurídicos que un Acuerdo Municipal general no puede producir por sí solo.

5La Constitución y la legislación ambiental ofrecen un fundamento favorable, pero distribuido

El artículo 118 de la Constitución impone al Estado el deber fundamental de garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación. El artículo 119 obliga al Estado y a todos los habitantes a propiciar un desarrollo que prevenga la contaminación, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. El artículo 120 ordena reglamentar, fiscalizar y aplicar oportunamente las medidas necesarias para el aprovechamiento racional de la fauna, los bosques, las tierras y las aguas.

La Ley General de Ambiente — Ley 41 de 1998, texto único, reformada en particular por la Ley 8 de 2015, sitúa a MiAMBIENTE como entidad rectora del Estado en materia ambiental. La política municipal debe articularse con este sistema, no sustituirlo.

La Declaración puede orientar la forma en que el municipio interpreta y ejerce sus atribuciones ambientales, patrimoniales y urbanísticas. No puede eliminar o reemplazar:

• las evaluaciones de impacto ambiental exigibles;
• las autorizaciones sobre agua, cauces, bosques, aprovechamiento o tala;
• los regímenes de áreas protegidas;
• la inspección, fiscalización y potestad sancionadora de las autoridades competentes;
• los derechos de propiedad y las garantías del debido proceso;
• los derechos colectivos y la autoridad propia de los pueblos indígenas.

La legislación ambiental también reconoce la participación, la información, la prevención y la coordinación. Estos principios ofrecen un punto de conexión especialmente fuerte con la Asamblea del Árbol, los diagnósticos participativos y la evaluación periódica de los avances.

6Qué puede contener un Acuerdo Municipal de adopción

Bajo reserva de revisión jurídica local, un Acuerdo Municipal puede:

• adoptar oficialmente, de forma simultánea, íntegra e indisociable, la Declaración Universal de los Derechos del Árbol y la totalidad de los Quince Compromisos;
• identificar con precisión las versiones oficiales y anexarlas al acuerdo;
• explicar el interés local y las bases constitucionales y legales del acto;
• declarar expresamente que la adopción no modifica competencias, propiedad, permisos ni procedimientos legales;
• ordenar un diagnóstico de las políticas, bienes, contratos, planes y prácticas existentes;
• iniciar un inventario del patrimonio arbóreo municipal y de los árboles de especial valor;
• establecer prioridades, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de rendición de cuentas;
• crear o encargar la preparación de una Asamblea del Árbol de carácter consultivo;
• designar un Defensor del Árbol o un colegio consultivo, sin potestad coercitiva;
• integrar criterios de protección arbórea en obras, mantenimiento y contratación pública;
• solicitar coordinación con MiAMBIENTE, MIVIOT, juntas comunales, autoridades indígenas, universidades y sociedad civil;
• disponer que toda futura medida normativa, presupuestaria o contractual vuelva al órgano competente cuando la ley lo exija.

7Concejo Municipal, alcalde, corregimientos, juntas comunales y comarcas

El Concejo Municipal es la sede natural de la decisión de adopción a escala distrital. La Constitución le reconoce la facultad de expedir acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia. El alcalde, por su parte, dirige la administración y ejecuta los acuerdos conforme al régimen municipal.

Los corregimientos y las juntas comunales pueden desempeñar un papel decisivo en el inventario, la consulta, el cuidado de los espacios comunitarios, la identificación de Árboles Guardianes y el seguimiento de los proyectos. Su intervención debe respetar su marco propio y no confundirse con la adopción distrital por el Concejo Municipal.

Cuando una iniciativa pretenda ser adoptada directamente por una junta comunal, un consejo provincial o un consejo comarcal, debe realizarse un análisis específico de la competencia, del instrumento y del procedimiento aplicables a esa entidad. El modelo del Acuerdo Municipal no debe trasladarse automáticamente.

En las comarcas y territorios indígenas, la Ley General de Ambiente exige coordinación con las autoridades tradicionales en las materias ambientales y de recursos naturales que les conciernen. Un acuerdo municipal ordinario no puede alterar tierras colectivas, competencias comarcales, derechos de consulta o formas propias de gobierno.

8La legislación forestal protege bosques, riberas y recursos arbóreos

La Ley 1 de 3 de febrero de 1994 — legislación forestal tiene por objeto la protección, conservación, mejoramiento, incremento, educación, investigación, manejo y aprovechamiento racional de los recursos forestales. Declara de interés nacional diversos objetivos de conservación y regula, entre otros aspectos, las franjas de protección en riberas y nacimientos, el aprovechamiento, los inventarios y los planes de manejo.

La Ley 69 de 2017 creó un programa de incentivos para la cobertura forestal y la conservación de bosques naturales, la restauración, los sistemas agroforestales, los viveros, la investigación y la protección de zonas ribereñas, áreas de recarga, corredores y zonas de amortiguamiento.

Estos textos ofrecen apoyos materiales a una política municipal de árboles, pero mantienen una arquitectura nacional de autorización, control y sanción. Las referencias institucionales antiguas contenidas en la ley forestal deben leerse a la luz de la creación y de las competencias actuales de MiAMBIENTE.

La Declaración puede inspirar:

• inventarios de árboles y coberturas;
• restauración de riberas, suelos y conectividad;
• viveros municipales y sistemas agroforestales;
• protección de árboles adultos y de valor excepcional;
• mejor control técnico de podas, trasplantes y talas en bienes municipales;
• educación forestal y prevención de incendios.

9Ordenamiento territorial, urbanismo, espacios verdes y árboles

La Ley 6 de 2006 establece el marco del ordenamiento territorial para el desarrollo urbano. La Ley 14 de 2015 reforzó la estructura local de planificación y prevé juntas de planificación municipal e intermunicipal. El Decreto Ejecutivo 23 de 2007 desarrolla procedimientos de planificación y cambios de uso o zonificación.

Los municipios pueden integrar en sus planes y decisiones, según su competencia y capacidad institucional, criterios relativos a cobertura arbórea, parques, conectividad ecológica, suelos permeables, riberas, sombra, adaptación climática y protección de árboles durante las obras.

Las restricciones oponibles no nacen de una simple referencia a la Declaración. Deben incorporarse mediante el instrumento urbanístico habilitado, por la autoridad competente, con los estudios, consultas, motivación, publicidad y procedimientos exigibles.

Antes de incluir mandatos urbanísticos en el acuerdo de adopción, el municipio debe verificar:

• si ejerce efectivamente la competencia urbanística local correspondiente;
• si dispone de la unidad administrativa y de la junta de planificación requeridas;
• qué plan territorial o urbano se encuentra vigente;
• qué autoridad tramita y decide cada autorización;
• si la medida afecta propiedad privada, servidumbres, derechos adquiridos o proyectos sometidos a evaluación ambiental.

10El municipio puede comenzar por los árboles de los que es propietario o gestor

El ámbito de actuación más inmediato y jurídicamente controlable es el patrimonio municipal. El distrito puede iniciar la aplicación sobre los árboles situados en:

• parques, plazas, paseos y áreas verdes municipales;
• vías, aceras, servidumbres y espacios públicos bajo su gestión;
• mercados, instalaciones deportivas, cementerios y edificios municipales;
• terrenos, viveros, fincas y equipamientos de propiedad municipal;
• obras y proyectos financiados o contratados por el municipio.

Las primeras medidas pueden incluir inventario y cartografía; evaluación de riesgos; protección de raíces y suelos; protocolos de poda; prohibición de compactación en zonas radiculares durante obras municipales; conservación previa a la compensación; criterios de diversidad y adaptación climática; mantenimiento postplantación; publicación de motivos de tala; seguimiento de supervivencia y cobertura.

La gestión debe combinar protección y seguridad. El reconocimiento del valor de un árbol no elimina la obligación de evaluar riesgos reales para personas, bienes e infraestructuras, ni impide una intervención proporcional cuando no exista alternativa razonable.

11La contratación pública puede incorporar la protección de los árboles

El Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 incluye a municipios y juntas comunales dentro del régimen general de contratación pública. La Ley 349 de 2022 establece, además, un procedimiento especial para determinadas contrataciones menores de municipios, juntas comunales y consejos provinciales y comarcales.

Dentro del régimen aplicable, los pliegos y contratos municipales pueden incluir especificaciones técnicas vinculadas con el objeto, objetivas, proporcionadas y compatibles con la igualdad, la transparencia y la competencia. Según el contrato, pueden contemplar:

• zonas de protección de troncos, copas, raíces y suelos;
• prohibición de almacenamiento, tránsito o compactación en zonas radiculares;
• métodos de excavación, zanjeo y protección de redes cercanas;
• evaluación por personal idóneo cuando la complejidad lo justifique;
• técnicas de poda compatibles con la fisiología y la seguridad;
• trazabilidad de intervenciones, daños, talas y reemplazos;
• volúmenes de suelo, drenaje, riego y mantenimiento suficientes;
• garantías de establecimiento y reposición de plantas no sobrevivientes;
• origen legal de madera y productos forestales;
• medidas correctivas y responsabilidades por daño contractual.

La adopción de la Declaración no exime de elaborar estudios previos, presupuestos, pliegos, actos de selección, fiscalización y recepción conforme a la legislación de contratación y control fiscal.

12Participación ciudadana, Asamblea del Árbol y Defensor del Árbol

La Ley 66 de 2015 incorporó mecanismos de participación en la planificación, la programación, los presupuestos de inversión, la evaluación y la gestión pública territorial descentralizada. Entre ellos figuran audiencias públicas, auditoría social, presupuestos participativos, cabildos abiertos, iniciativa popular, consulta ciudadana y consejos consultivos.

Este marco puede sostener una Asamblea del Árbol municipal como espacio consultivo, siempre que el acuerdo defina claramente su naturaleza, composición, funciones, reglas de transparencia, relación con el Concejo y ausencia de poder coercitivo.

La Asamblea puede reunir a concejales, administración municipal, juntas comunales, MiAMBIENTE y otras instituciones invitadas, universidades, profesionales forestales y del paisaje, juristas, organizaciones comunitarias, pueblos indígenas cuando proceda, educadores, artistas, jóvenes y ciudadanía.

Sus funciones pueden comprender:

• examinar diagnósticos, inventarios, planes y proyectos;
• recibir información y alertas;
• formular recomendaciones motivadas;
• proponer prioridades y acciones educativas;
• seguir indicadores y respuestas institucionales;
• facilitar la participación temprana y la resolución de conflictos.

El Defensor del Árbol puede recibir alertas, solicitar información disponible, observar la implementación y formular recomendaciones. Sin base legal adicional, no puede imponer sanciones, suspender permisos, anular actos ni ejercer veto.

13Los Quince Compromisos: una hoja de ruta obligatoriamente asociada a la adopción

Los Quince Compromisos de las Autoridades Locales y Regionales traducen los principios de la Declaración en una hoja de ruta institucional de aplicación progresiva. Conforme al procedimiento vigente, la adopción de la Declaración es indisociable de la adopción simultánea e íntegra de los Quince Compromisos. Su adopción es completa; su aplicación es progresiva y adaptada a las competencias, medios y realidad territorial de la autoridad.

1. 1. Establecer una Asamblea del Árbol
2. 2. Designar un Defensor del Árbol
3. 3. Reconocer los Árboles Guardianes
4. 4. Crear el Pasaporte del Árbol Guardián
5. 5. Conocer los árboles del territorio
6. 6. Desarrollar la cobertura arbórea
7. 7. Implicar a la ciudadanía
8. 8. Preservar el entorno vital de los árboles
9. 9. Regular las talas
10. 10. Garantizar la compensación ecológica
11. 11. Evaluar el impacto de los proyectos
12. 12. Garantizar el derecho a la sombra
13. 13. Preservar el bien común vivo
14. 14. Evaluar los avances realizados
15. 15. Transmitir un bien común reforzado

14Una implementación organizada por categorías jurídicas

Medidas que pueden iniciarse con el acuerdo

• adoptar y anexar los textos oficiales;
• ordenar un diagnóstico y un inventario;
• establecer un grupo de trabajo o iniciar la Asamblea del Árbol;
• definir indicadores, calendario y rendición de cuentas;
• revisar prácticas internas, contratos y proyectos municipales;
• solicitar coordinación y asistencia técnica.

Medidas que requieren presupuesto, contrato o acto administrativo

• inventarios técnicos y sistemas de información geográfica;
• evaluaciones de riesgo y diagnósticos especializados;
• viveros, plantaciones, mantenimiento y restauración de suelos;
• formación de agentes y contratistas;
• obras de sombra, drenaje, conectividad o prevención de incendios;
• campañas educativas y procesos participativos.

Medidas que requieren otra autorización o instrumento jurídico

• aprovechamiento forestal, tala o intervención sujetos a permiso;
• alteración de cauces, riberas, humedales o áreas protegidas;
• evaluación de impacto ambiental;
• modificación de zonificación, uso de suelo o plan territorial;
• restricciones obligatorias sobre propiedades privadas;
• creación de tasas, servidumbres, infracciones o sanciones;
• afectación de territorios indígenas o de competencias comarcales.

15Cooperación intermunicipal, institucional e indígena

La Constitución permite la asociación de municipios para fines intermunicipales. La cooperación puede ser especialmente útil para cuencas, corredores ecológicos, prevención de incendios, viveros, datos, formación, compras conjuntas y protección de paisajes que exceden un distrito.

Las acciones pueden formalizarse mediante convenios compatibles con las competencias y reglas presupuestarias de cada entidad. La adopción de una municipalidad no obliga a otra; cada autoridad debe aprobar sus propios actos o convenios.

La coordinación con MiAMBIENTE, MIVIOT, universidades, entidades de agua, gestión de riesgos, obras públicas y salud puede evitar contradicciones y mejorar la calidad técnica de la implementación.

En territorios indígenas o cuando se afecten recursos, conocimientos, lugares o árboles de especial valor cultural para pueblos indígenas, la participación debe respetar la autoridad tradicional, los regímenes comarcales, la propiedad colectiva y las garantías aplicables. La Asamblea del Árbol no puede absorber ni reemplazar esas instituciones.

16Procedimiento institucional oficial para una municipalidad panameña

1. 1 — Contacto previo obligatorio con La Compagnie des Papillons Bleus. Antes de toda deliberación, resolución o firma, la municipalidad debe contactar directamente con La Compagnie des Papillons Bleus. Este contacto constituye el punto de partida obligatorio del procedimiento institucional.
2. 2 — Recepción de los textos oficiales y del procedimiento institucional. La Compagnie transmite o confirma las versiones oficiales y actualizadas de la Declaración, de los Quince Compromisos, del Marco oficial y de los documentos e indicaciones necesarios para preparar la adopción.
3. 3 — Preparación conjunta de la adopción. La municipalidad y La Compagnie preparan conjuntamente el proyecto institucional: identificación exacta de los textos, proyecto de Acuerdo Municipal, anexos eventuales, modalidades de firma y primeras orientaciones de aplicación. La adopción oficial comprende simultáneamente y en su integridad la Declaración y los Quince Compromisos.
4. 4 — Examen jurídico, técnico y administrativo. La secretaría, asesoría jurídica y unidades competentes verifican la competencia del Concejo, el régimen del alcalde, el procedimiento, la promulgación, el presupuesto, la planificación, las competencias de MiAMBIENTE y MIVIOT, y, cuando corresponda, los derechos y competencias de autoridades indígenas y comarcales. También se identifican las medidas posteriores que requieran otro permiso, presupuesto, contrato, instrumento urbanístico o acto jurídico.
5. 5 — Adopción por el órgano competente. El Concejo Municipal adopta la Declaración Universal de los Derechos del Árbol y la totalidad de los Quince Compromisos conforme a las reglas de convocatoria, quórum, deliberación y mayoría aplicables. Las versiones oficiales quedan identificadas de manera inequívoca y pueden incorporarse como anexos cuando proceda. Después se cumplen las formalidades municipales de sanción, promulgación, publicidad y entrada en vigor que correspondan.
6. 6 — Formalización institucional, firma, Registro y aplicación progresiva. Una vez adoptado el Acuerdo y cumplidas las formalidades públicas aplicables, se completa directamente con La Compagnie des Papillons Bleus la formalización institucional preparada previamente. Se firman los documentos por las personas habilitadas, se verifica la adopción, la municipalidad puede ser inscrita en el Registro Internacional de Autoridades Signatarias y se organiza la aplicación progresiva mediante prioridades, responsables, recursos, indicadores y evaluación periódica.

17Sanción, promulgación, entrada en vigor y control jurisdiccional

La Ley 106 de 1973 regula la forma en que los concejos dictan acuerdos y resoluciones y las condiciones de su promulgación. La Secretaría del Concejo y la asesoría jurídica deben determinar la modalidad exacta de publicación o fijación aplicable al acuerdo según su naturaleza y el texto vigente.

El acuerdo no debe disponer que entra en vigor antes de ser promulgado. Puede fijar una fecha posterior, pero la promulgación constituye una condición previa de obligatoriedad para un acto normativo general.

Deben verificarse, entre otros aspectos:

• la competencia material del Concejo;
• la convocatoria, el orden del día, el quórum y la votación;
• la firma, sanción u objeciones del alcalde conforme al régimen aplicable;
• la promulgación y la constancia documental de su realización;
• la fecha de entrada en vigor;
• la publicación de anexos o su identificación inequívoca;
• las reglas presupuestarias y contractuales de las actuaciones posteriores.

La legalidad de los acuerdos municipales puede ser sometida al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. El expediente debe, por ello, permitir reconstruir la competencia, la motivación, el procedimiento y la proporcionalidad de las medidas adoptadas.

18El precedente panameño del Cerro Ancón

En el caso relativo al Acuerdo Municipal n.º 157 de 31 de julio de 2001 sobre el Cerro Ancón, la Sala Tercera de la Corte Suprema examinó un acuerdo que declaraba el Cerro Ancón área protegida y reserva natural del distrito de Panamá y establecía medidas ambientales, educativas y de coordinación.

La decisión reconoció que el artículo 17 de la Ley 106 atribuye al Concejo Municipal la facultad de dictar medidas para proteger y conservar el ambiente. La controversia prosperó respecto de la cláusula que hacía entrar en vigor el acuerdo desde su sanción, sin esperar la promulgación exigida por los artículos 38 y 39 del régimen municipal.

Este precedente aporta dos enseñanzas directamente aplicables:

• Competencia material: la protección ambiental puede formar parte de la acción municipal cuando se vincula con el distrito y no invade competencias ajenas;
• Disciplina procedimental: incluso un acuerdo materialmente legítimo debe respetar las formalidades de promulgación y vigencia.

19Reconocimiento de la adopción y estatuto del Registro Internacional

Dentro del marco institucional, puede ser reconocida como autoridad signataria aquella que haya iniciado el procedimiento oficial con La Compagnie des Papillons Bleus antes de su voto, adoptado válida, simultánea e íntegramente la Declaración y los Quince Compromisos, cumplido las formalidades públicas aplicables y completado la formalización institucional necesaria para su inscripción en el Registro Internacional.

La inscripción no constituye un acto administrativo panameño, una certificación pública, un permiso ambiental, un registro de MiAMBIENTE, una marca de calidad estatal ni un reconocimiento de una organización intergubernamental.

El Registro:

• es creado, administrado y actualizado por La Compagnie des Papillons Bleus;
• documenta la denominación de la autoridad, la fecha, la referencia y el instrumento de adopción;
• puede incluir un enlace al acto y a sus anexos públicos;
• puede rectificarse, suspenderse o retirarse conforme a las reglas institucionales de la iniciativa y después de un intercambio con la autoridad;
• tiene vocación internacional porque reúne autoridades de distintos países, no porque sea un registro de derecho internacional público.

Una adopción realizada unilateralmente fuera del procedimiento oficial no puede regularizarse después mediante la simple transmisión del acto ni ser reconocida retroactivamente como adopción oficial.

20Acompañamiento, documentos y propiedad intelectual

Naturaleza del acompañamiento

La Compagnie des Papillons Bleus puede prestar apoyo doctrinal, científico, metodológico, institucional, documental, pedagógico y de coordinación. Este apoyo no constituye un dictamen jurídico individualizado de derecho panameño y no sustituye a la secretaría, a la asesoría jurídica municipal ni a un abogado habilitado en Panamá.

Toda intervención material o remunerada debe definirse por escrito y respetar las reglas de presupuesto, contratación, transparencia y control aplicables.

Documentos públicos e instrumentos de trabajo

• La Declaración, los Quince Compromisos, el Acuerdo adoptado, sus anexos públicos y la información del Registro están destinados a la publicidad institucional;
• las guías internas, matrices de trabajo, procedimientos de acompañamiento, herramientas técnicas y elementos gráficos no publicados conservan el estatuto que determine La Compagnie.

Marca y derecho de autor

Las denominaciones « Déclaration universelle des droits de l’Arbre » y « Universal Declaration of Tree Rights™ » se reivindican y utilizan como marcas y signos distintivos desde 2018. La denominación francesa ha sido objeto de un depósito de marca en Francia. Esta protección francesa no equivale por sí sola a un registro de marca en Panamá.

La protección marcaria en Panamá debe examinarse conforme a la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, y tramitarse, cuando corresponda, ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial — DIGERPI.

El derecho de autor panameño puede proteger textos, diseños, modelos y creaciones gráficas originales. No confiere un monopolio general sobre las ideas de protección de los árboles, los métodos de política pública o los conceptos ambientales abstractos.

21El alcance del precedente de Terrasse-Vaudreuil

El 9 de junio de 2026, el Consejo Municipal de Terrasse-Vaudreuil, Quebec, adoptó por unanimidad la Resolución n.º 2026-06-111 relativa a la Declaración Universal de los Derechos del Árbol.

Consultar la resolución original en francés

Según la información de La Compagnie des Papillons Bleus y los actos institucionales identificados al 27 de julio de 2026, Terrasse-Vaudreuil es la primera municipalidad que adoptó formalmente esta Declaración específica mediante una resolución de su consejo municipal.

La afirmación se refiere exclusivamente a la Declaración desarrollada por La Compagnie. No significa que sea la primera norma de protección de árboles, el primer reconocimiento de derechos de la naturaleza o la primera experiencia comunitaria de gestión forestal en el mundo.

22Una vía jurídicamente accesible, siempre que sea precisa y competencialmente disciplinada

23Fuentes oficiales y textos de referencia

Textos y referencias jurídicas revisados en sus versiones accesibles al 27 de julio de 2026; marco institucional actualizado el 13 de agosto de 2026.

Declaración Universal de los Derechos del Árbol — fuentes institucionales

• Comprender la Declaración Universal de los Derechos del Árbol
• Marco oficial
• Procedimiento para autoridades locales y regionales
• Los Quince Compromisos — español
• Resolución n.º 2026-06-111 de Terrasse-Vaudreuil

Constitución y régimen municipal

• Constitución Política de la República de Panamá
• Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal — texto oficial histórico
• Ley 106 con modificaciones — versión consolidada AMUPA
• Ley 66 de 2015 — descentralización y reforma del régimen municipal
• Sentencia sobre el Acuerdo Municipal del Cerro Ancón

Ambiente, bosques y territorio

• Ley General de Ambiente — texto único
• Ley 8 de 2015 — creación de MiAMBIENTE
• Ley 1 de 1994 — legislación forestal
• Ley 69 de 2017 — incentivos para cobertura forestal
• Ley 6 de 2006 — ordenamiento territorial para el desarrollo urbano
• Ley 14 de 2015 — planificación municipal
• Decreto Ejecutivo 23 de 2007

Contratación y propiedad intelectual

• Texto Único de la Ley 22 de 2006 — contratación pública
• Ley 349 de 2022 — contrataciones menores municipales
• Ley 35 de 1996, modificada — propiedad industrial
• Marco legal de DIGERPI
• Ley 64 de 2012 — derecho de autor y derechos conexos

1Legal and institutional nature of the Declaration

The Universal Declaration of Tree Rights is a founding text setting out principles of recognition, respect, protection, and responsibility toward the Tree. It forms part of an ethical, scientific, democratic, cultural, educational, and legal architecture developed and institutionally safeguarded by La Compagnie des Papillons Bleus.

The Declaration is not a legal person, a Panamanian public administration, a public authority, a treaty in force, or an intergovernmental organization. It does not act on its own. Document transmission, institutional support, and the International Register are managed by La Compagnie des Papillons Bleus.

Municipal adoption does not amount to:

• signature or ratification of a treaty by the Republic of Panama;
• accession by Panama to the proposed International Convention on Tree Rights;
• an amendment to the Constitution, environmental, forestry, planning, property, or land law;
• legal personhood or general standing for trees;
• a transfer of public powers to La Compagnie des Papillons Bleus;
• a ban, by itself, on all felling or intervention on private property;
• the immediate creation of obligations or penalties binding third parties without an additional legal basis.

The expression “living common good of humanity” has an ethical, political, and interpretive function. It affirms shared responsibility for trees, forests, soil, water, biodiversity, climate, landscapes, and future generations.

2Panama’s territorial architecture: municipality, district, corregimiento, province, comarca, and State

Articles 232 and following of the Political Constitution of the Republic of Panama define the municipality as the autonomous political organization of the community established in a district. Municipal government comprises a Municipal Council and a mayor, with the powers conferred by the Constitution and legislation.

Article 233 connects municipal government with public services, public works, territorial planning, citizen participation, and social and cultural improvement. Decentralization is to be developed under principles including autonomy, subsidiarity, equity, sustainability, and efficiency.

Law 106 of 1973 on the Municipal Regime, as amended, together with decentralization legislation, structures the powers of the Council, mayor, and municipal administration. A municipality is not a separate sovereignty: its measures must comply with the Constitution, legislation, and national competences.

The following must be distinguished:

• the Municipal Council, the district’s deliberative body;
• the mayor, head of the municipal administration and executor of agreements within the law;
• corregimientos and their representatives;
• communal boards, with their own territorial and community functions;
• provincial and, where applicable, comarca councils;
• traditional Indigenous authorities and special comarca regimes;
• MiAMBIENTE, MIVIOT, and other national bodies with sectoral jurisdiction.

3Local interest and legal authority: the two central conditions

The reforms introduced by Law 66 of 2015 assign Municipal Councils functions including defining district development policy, administering municipal assets, creating boards or committees, managing squares and parks, sanitation, certain planning responsibilities, adopting measures to protect and conserve the environment, and approving territorial planning instruments within the applicable framework.

Adoption is legally stronger when the record demonstrates a concrete connection to the district. An abstract endorsement is insufficient: the municipality should identify public problems, municipal assets, existing policies, and measures it may lawfully carry out.

The reasons may refer to:

• trees in parks, squares, streets, schools, markets, and municipal property;
• tree canopy, shade, and mitigation of urban heat;
• watersheds, riverbanks, springs, wetlands, and recharge areas;
• erosion, flooding, landslide, and fire prevention;
• biodiversity, ecological corridors, and urban or rural habitats;
• landscape, community identity, and trees of historic or cultural value;
• public health, environmental education, and citizen participation;
• the quality of municipal projects, public works, and public procurement;
• climate adaptation and territorial resilience.

4Three legal levels that must remain distinct

This distinction avoids two opposite errors: treating adoption as an empty gesture, or assigning it legal effects that a general Municipal Agreement cannot produce by itself.

5The Constitution and environmental legislation provide a favorable but distributed foundation

Article 118 of the Constitution establishes the State’s fundamental duty to ensure that the population lives in a healthy, pollution-free environment. Article 119 requires the State and all inhabitants to promote development that prevents pollution, maintains ecological balance, and avoids ecosystem destruction. Article 120 requires timely regulation, supervision, and measures for rational use of fauna, forests, land, and water.

The General Environment Law — Law 41 of 1998, consolidated text, particularly as amended by Law 8 of 2015, places MiAMBIENTE at the center of Panama’s environmental administration. Municipal policy must operate within that system, not replace it.

The Declaration may guide how municipal environmental, property, and planning powers are interpreted and exercised. It cannot eliminate or replace:

• required environmental impact assessments;
• authorizations concerning water, watercourses, forests, harvesting, or felling;
• protected-area regimes;
• inspection, enforcement, and sanctioning powers of competent authorities;
• property rights and due-process guarantees;
• collective rights and the authority of Indigenous peoples.

Environmental legislation also supports participation, information, prevention, and coordination. These principles provide a particularly strong connection with the Assembly of the Tree, participatory diagnosis, and periodic evaluation of progress.

6What a Municipal Agreement of adoption may contain

Subject to local legal review, a Municipal Agreement may:

• officially adopt the Universal Declaration of Tree Rights and the entire Fifteen Commitments simultaneously and in full;
• precisely identify and annex the official versions;
• state the local public interest and constitutional and statutory foundations;
• expressly confirm that adoption does not alter powers, ownership, permits, or legal procedures;
• order a review of existing policies, assets, contracts, plans, and practices;
• launch an inventory of municipal trees and trees of special value;
• set priorities, deadlines, responsible officers, indicators, and accountability mechanisms;
• establish or instruct the preparation of a consultative Assembly of the Tree;
• appoint a Defender of the Tree or advisory panel without coercive power;
• integrate tree-protection criteria into works, maintenance, and procurement;
• request coordination with MiAMBIENTE, MIVIOT, communal boards, Indigenous authorities, universities, and civil society;
• require future regulatory, budgetary, or contractual measures to return to the legally competent body when required.

7Municipal Council, mayor, corregimientos, communal boards, and comarcas

The Municipal Council is the natural decision-making forum for district-level adoption. The Constitution authorizes it to issue agreements and resolutions within its sphere of competence. The mayor heads the administration and implements agreements under the municipal regime.

Corregimientos and communal boards can play a decisive role in inventories, consultation, care of community spaces, identification of Guardian Trees, and project monitoring. Their contribution should respect their own legal framework and should not be confused with district adoption by the Municipal Council.

Where direct adoption by a communal board, provincial council, or comarca council is proposed, a separate review is required to identify the competent body, legal instrument, and procedure. The Municipal Agreement model should not be transferred mechanically.

In comarcas and Indigenous territories, the General Environment Law requires coordination with traditional authorities on environmental and natural-resource matters affecting them. An ordinary municipal agreement cannot alter collective lands, comarca powers, consultation rights, or Indigenous forms of government.

8Forestry legislation protects forests, riparian areas, and tree resources

Law 1 of February 3, 1994 — forestry legislation concerns the protection, conservation, improvement, expansion, education, research, management, and rational use of forest resources. It declares several conservation objectives to be of national interest and regulates matters including riparian and spring protection zones, harvesting, inventories, and management plans.

Law 69 of 2017 created incentives for forest cover, natural-forest conservation, restoration, agroforestry systems, nurseries, research, and the protection of riverbanks, recharge zones, corridors, and buffer areas.

These statutes support the substance of municipal tree policy while preserving a national framework of authorization, supervision, and enforcement. Older institutional references in forestry legislation must be read in light of MiAMBIENTE’s present legal position and powers.

The Declaration may inspire:

• inventories of trees and canopy;
• restoration of riverbanks, soil, and ecological connectivity;
• municipal nurseries and agroforestry systems;
• protection of mature and exceptional trees;
• stronger technical control of pruning, transplanting, and felling on municipal property;
• forestry education and fire prevention.

9Territorial planning, urban development, green space, and trees

Law 6 of 2006 establishes the framework for territorial planning for urban development. Law 14 of 2015 strengthened local planning structures and provides for municipal and intermunicipal planning boards. Executive Decree 23 of 2007 develops planning and land-use or zoning-change procedures.

Municipalities may integrate tree canopy, parks, ecological connectivity, permeable soils, riverbanks, shade, climate adaptation, and tree protection during works into their plans and decisions, according to their authority and institutional capacity.

Binding restrictions do not arise merely from referring to the Declaration. They must be adopted through the legally authorized planning instrument, by the competent authority, with the required studies, consultation, reasons, publicity, and procedure.

Before placing planning mandates in the adoption agreement, the municipality should verify:

• whether it currently exercises the relevant local planning power;
• whether it has the required administrative planning unit and planning board;
• which territorial or urban plan is in force;
• which authority processes and decides each authorization;
• whether the measure affects private property, easements, vested rights, or projects subject to environmental assessment.

10The municipality can begin with trees it owns or manages

Municipal property provides the most immediate and legally controlled field of action. The district can begin implementation with trees located in:

• municipal parks, squares, promenades, and green spaces;
• streets, sidewalks, easements, and public areas under municipal management;
• markets, sports facilities, cemeteries, and municipal buildings;
• municipal land, nurseries, farms, and facilities;
• works and projects financed or procured by the municipality.

Initial measures may include inventory and mapping; risk assessment; root and soil protection; pruning protocols; prevention of compaction in root zones during municipal works; conservation before compensation; diversity and climate-adaptation criteria; post-planting care; publication of felling reasons; survival and canopy monitoring.

Management must combine protection and safety. Recognizing a tree’s value does not remove the duty to assess genuine risks to persons, property, and infrastructure, or prevent proportionate intervention when no reasonable alternative exists.

11Public procurement can incorporate tree protection

The Consolidated Text of Law 22 of 2006, ordered by Law 153 of 2020 brings municipalities and communal boards within Panama’s public-procurement regime. Law 349 of 2022 also establishes a special procedure for certain minor procurements by municipalities, communal boards, and provincial or comarca councils.

Under the applicable regime, municipal tender documents and contracts may contain technical specifications connected to the contract’s subject matter, objectively framed, proportionate, and consistent with equality, transparency, and competition. Depending on the contract, these may include:

• protection zones for trunks, crowns, roots, and soil;
• prohibition of storage, traffic, or compaction within root zones;
• excavation, trenching, and utility-protection methods;
• assessment by qualified personnel where complexity warrants it;
• pruning methods compatible with physiology and safety;
• traceability of work, damage, felling, and replacement;
• adequate soil volume, drainage, irrigation, and maintenance;
• establishment guarantees and replacement of failed plantings;
• legal origin of timber and forest products;
• corrective measures and contractual responsibility for damage.

Adoption does not remove the need for prior studies, budgets, specifications, selection procedures, supervision, and acceptance under procurement and fiscal-control legislation.

12Citizen participation, the Assembly of the Tree, and the Defender of the Tree

Law 66 of 2015 incorporated participatory mechanisms into planning, programming, investment budgets, evaluation, and decentralized territorial public management. These include public hearings, social audits, participatory budgets, open town halls, popular initiatives, citizen consultation, and advisory councils.

This framework can support a municipal Assembly of the Tree as a consultative forum, provided that the agreement clearly defines its nature, composition, functions, transparency rules, relationship with the Council, and lack of coercive authority.

The Assembly may include councillors, municipal administration, communal boards, invited representatives of MiAMBIENTE and other institutions, universities, forestry and landscape professionals, lawyers, community organizations, Indigenous peoples where appropriate, educators, artists, young people, and citizens.

Its functions may include:

• reviewing diagnoses, inventories, plans, and projects;
• receiving information and alerts;
• issuing reasoned recommendations;
• proposing priorities and educational action;
• monitoring indicators and institutional responses;
• facilitating early participation and conflict prevention.

A Defender of the Tree may receive alerts, request available information, observe implementation, and issue recommendations. Without an additional legal basis, the Defender cannot impose penalties, suspend permits, annul decisions, or exercise a veto.

13The Fifteen Commitments: the roadmap that must accompany adoption

The Fifteen Commitments of Local and Regional Authorities translate the Declaration’s principles into an institutional roadmap for progressive implementation. Under the current procedure, adoption of the Declaration is inseparable from the simultaneous and full adoption of the Fifteen Commitments. Adoption is complete; implementation is progressive and adapted to the authority’s lawful powers, resources, and territorial circumstances.

1. 1. Establish an Assembly of the Tree
2. 2. Appoint a Defender of the Tree
3. 3. Recognize Guardian Trees
4. 4. Create the Guardian Tree Passport
5. 5. Know the Trees of the Authority
6. 6. Develop the Canopy
7. 7. Involve Citizens
8. 8. Preserve the Vital Environment of Trees
9. 9. Regulate Felling
10. 10. Ensure Ecological Compensation
11. 11. Assess the Impact of Projects
12. 12. Guarantee the Right to Shade
13. 13. Preserve the Living Common Good
14. 14. Evaluate Progress Achieved
15. 15. Transmit a Strengthened Common Good

14Implementation organized by legal category

Measures that may begin with adoption

• adopt and annex the official texts;
• order a diagnosis and inventory;
• establish a working group or begin creating the Assembly of the Tree;
• set indicators, a timeline, and accountability arrangements;
• review internal practices, contracts, and municipal projects;
• request coordination and technical assistance.

Measures requiring a budget, contract, or administrative decision

• technical inventories and geographic information systems;
• risk assessments and specialist diagnoses;
• nurseries, planting, maintenance, and soil restoration;
• training for staff and contractors;
• shade, drainage, connectivity, or fire-prevention works;
• educational campaigns and participatory processes.

Measures requiring another authorization or legal instrument

• forest harvesting, felling, or intervention subject to permission;
• alteration of watercourses, riverbanks, wetlands, or protected areas;
• environmental impact assessment;
• zoning, land-use, or territorial-plan amendment;
• binding restrictions on private property;
• creation of fees, easements, offences, or penalties;
• impact on Indigenous territories or comarca powers.

15Intermunicipal, institutional, and Indigenous coordination

The Constitution permits municipalities to associate for intermunicipal purposes. Cooperation can be particularly valuable for watersheds, ecological corridors, fire prevention, nurseries, data, training, joint purchasing, and landscapes extending beyond a single district.

Action may be formalized through agreements compatible with each entity’s powers and budgetary rules. One municipality’s adoption does not bind another; each authority must approve its own measures or agreements.

Coordination with MiAMBIENTE, MIVIOT, universities, water, risk-management, public-works, and health bodies can prevent conflicts and improve technical quality.

In Indigenous territories, or where resources, knowledge, places, or culturally significant trees are affected, participation must respect traditional authority, comarca regimes, collective property, and applicable guarantees. The Assembly of the Tree cannot absorb or replace those institutions.

16Official institutional procedure for a Panamanian municipality

1. 1 — Mandatory prior contact with La Compagnie des Papillons Bleus. Before any deliberation, resolution or signature, the municipality must contact La Compagnie des Papillons Bleus directly. This contact is the mandatory starting point of the official institutional procedure.
2. 2 — Receive the official texts and institutional procedure. La Compagnie provides or confirms the current official versions of the Declaration, the Fifteen Commitments, the Official Framework, and the documents and procedural information required for adoption.
3. 3 — Jointly prepare adoption. The municipality and La Compagnie jointly prepare the institutional project: precise identification of the texts, draft Municipal Agreement, possible annexes, signature arrangements, and initial implementation directions. Official adoption concerns the Declaration and the Fifteen Commitments simultaneously and in full.
4. 4 — Complete legal, technical, and administrative review. The secretariat, legal counsel, and competent municipal units verify Council authority, mayoral procedure, promulgation, budget, planning, MiAMBIENTE and MIVIOT competences, and, where applicable, Indigenous and comarca rights and powers. They also identify later measures requiring another permit, budget, contract, planning instrument, or legal act.
5. 5 — Adoption by the competent municipal body. The Municipal Council adopts the Universal Declaration of Tree Rights and the entire Fifteen Commitments under the applicable notice, quorum, deliberation, and voting rules. The official versions are unambiguously identified and may be annexed where appropriate. The municipality then completes the applicable sanction, promulgation, publicity, and entry-into-force formalities.
6. 6 — Institutional formalization, signature, Register, and progressive implementation. After adoption and completion of the applicable public-law formalities, the institutional formalization prepared in advance is completed directly with La Compagnie des Papillons Bleus. The relevant documents are signed by duly authorized representatives, the adoption is verified, the municipality may be entered in the International Register of Signatory Authorities, and progressive implementation is organized through priorities, responsibilities, resources, indicators, and periodic evaluation.

17Sanction, promulgation, entry into force, and judicial review

Law 106 of 1973 governs the form in which Municipal Councils issue agreements and resolutions and the conditions for their promulgation. The Council secretariat and legal counsel should identify the exact publication or posting method applicable to the Agreement according to its nature and the law currently in force.

The Agreement should not state that it takes effect before it has been promulgated. It may set a later date, but promulgation is a precondition to the binding effect of a general normative act.

The municipality should verify, among other matters:

• the Council’s subject-matter jurisdiction;
• notice, agenda, quorum, and voting;
• the mayor’s signature, sanction, or objections under the applicable regime;
• promulgation and documentary proof that it occurred;
• the effective date;
• publication of annexes or their unambiguous identification;
• budgetary and contractual rules governing later action.

Municipal agreements may be reviewed by the administrative courts for legality. The administrative record should therefore show the legal authority, reasons, procedure, and proportionality of the measures adopted.

18The Panamanian Cerro Ancón precedent

In the case concerning Municipal Agreement No. 157 of July 31, 2001 on Cerro Ancón, the Third Chamber of the Supreme Court reviewed an agreement declaring Cerro Ancón a protected area and natural reserve of the District of Panama and establishing environmental, educational, and coordinating measures.

The judgment recognized that Article 17 of Law 106 empowers the Municipal Council to adopt measures to protect and conserve the environment. The challenge succeeded as to the clause making the Agreement effective upon sanction without awaiting promulgation under Articles 38 and 39 of the municipal regime.

The precedent therefore provides two lessons:

• Substantive authority: environmental protection may be a valid municipal purpose when connected to the district and not invading powers held by others;
• Procedural discipline: even a substantively legitimate agreement must comply with promulgation and effective-date requirements.

19Recognition of adoption and status of the International Register

Within the institutional framework, an authority may be recognized as a signatory where it initiated the official procedure with La Compagnie des Papillons Bleus before its vote, validly adopted the Declaration and the Fifteen Commitments simultaneously and in full, completed the applicable public-law formalities, and finalized the institutional formalization required for entry in the International Register.

Registration is not a Panamanian administrative act, public certification, environmental permit, MiAMBIENTE register, State quality mark, or recognition by an intergovernmental organization.

The Register:

• is created, administered, and updated by La Compagnie des Papillons Bleus;
• records the authority’s name, date, reference, and instrument of adoption;
• may include a link to the public act and annexes;
• may be corrected, suspended, or withdrawn under the initiative’s institutional rules after dialogue with the authority;
• is international because it is intended to include authorities from different countries, not because it is a register of public international law.

An adoption conducted unilaterally outside the official procedure cannot be regularized afterward by merely transmitting the adopted act and cannot be recognized retroactively as an official adoption.

20Institutional support, documents, and intellectual property

Nature of support

La Compagnie des Papillons Bleus may provide doctrinal, scientific, methodological, institutional, documentary, educational, and coordinating support. This is not individualized Panamanian legal advice and does not replace the municipal secretariat, municipal legal counsel, or a lawyer admitted in Panama.

Any material or paid engagement must be defined in writing and comply with applicable budget, procurement, transparency, and oversight rules.

Public documents and working materials

• The Declaration, Fifteen Commitments, adopted Agreement, public annexes, and Register information are intended for institutional publication;
• internal guides, matrices, support procedures, technical tools, and unpublished graphical elements retain the status determined by La Compagnie.

Trademark and copyright

The names “Déclaration universelle des droits de l’Arbre” and “Universal Declaration of Tree Rights™” have been claimed and used as trademarks and distinctive signs since 2018. The French name has been the subject of a trademark filing in France. French trademark protection does not, by itself, constitute a trademark registration in Panama.

Trademark protection in Panama must be assessed under Law 35 of 1996, as amended by Law 61 of 2012, and, where appropriate, pursued before the General Directorate of Industrial Property — DIGERPI.

Panamanian copyright law may protect original texts, designs, models, and graphic works. It does not confer a general monopoly over ideas about tree protection, public-policy methods, or abstract environmental concepts.

21The significance of the Terrasse-Vaudreuil precedent

On June 9, 2026, the Municipal Council of Terrasse-Vaudreuil, Quebec, unanimously adopted Resolution No. 2026-06-111 concerning the Universal Declaration of Tree Rights.

Read the unofficial English translation

To the knowledge of La Compagnie des Papillons Bleus and on the basis of institutional acts identified by July 27, 2026, Terrasse-Vaudreuil is the first municipality to have formally adopted this specific Declaration by resolution of its municipal council.

That statement concerns only the Declaration developed by La Compagnie. It does not claim that this was the world’s first tree-protection rule, recognition of rights of nature, or community-based forest-management initiative.

22A legally accessible route, provided that drafting and competence are disciplined

23Official sources and reference texts

Legal texts and references reviewed in versions accessible through July 27, 2026; institutional framework updated August 13, 2026.

Universal Declaration of Tree Rights — institutional sources

• Understanding the Universal Declaration of Tree Rights
• Official Framework
• Procedure for local and regional authorities
• The Fifteen Commitments — English
• The Three Founding Articles — English
• Terrasse-Vaudreuil Resolution No. 2026-06-111 — unofficial English translation

Constitution and municipal regime

• Political Constitution of the Republic of Panama
• Law 106 of 1973 on the Municipal Regime — official historical text
• Law 106 as amended — consolidated AMUPA version
• Law 66 of 2015 — decentralization and municipal reform
• Judgment concerning the Cerro Ancón Municipal Agreement

Environment, forests, and territory

• General Environment Law — consolidated text
• Law 8 of 2015 — establishment of MiAMBIENTE
• Law 1 of 1994 — forestry legislation
• Law 69 of 2017 — forest-cover incentives
• Law 6 of 2006 — territorial planning for urban development
• Law 14 of 2015 — municipal planning
• Executive Decree 23 of 2007

Procurement and intellectual property

• Consolidated Text of Law 22 of 2006 — public procurement
• Law 349 of 2022 — municipal minor procurement
• Law 35 of 1996, as amended — industrial property
• DIGERPI legal framework
• Law 64 of 2012 — copyright and related rights