1Naturaleza jurídica e institucional de la Declaración

La Declaración Universal de los Derechos del Árbol es un texto fundador que enuncia principios de reconocimiento, respeto, protección y responsabilidad hacia el Árbol. Forma parte de una arquitectura ética, científica, democrática, cultural, educativa y jurídica desarrollada y custodiada institucionalmente por La Compagnie des Papillons Bleus.

La Declaración no es una persona jurídica, una administración panameña, una autoridad pública, un tratado internacional en vigor ni una organización intergubernamental. No actúa por sí misma. La transmisión de documentos, el acompañamiento y el Registro Internacional corresponden a La Compagnie des Papillons Bleus.

La adopción municipal no constituye:

• la firma o ratificación de un tratado por la República de Panamá;
• la adhesión del Estado panameño al proyecto de Convención Internacional de los Derechos del Árbol;
• una reforma de la Constitución, de la Ley General de Ambiente, de la legislación forestal, urbanística o de propiedad;
• la atribución automática de personalidad jurídica o capacidad procesal general a los árboles;
• una transferencia de competencias públicas a La Compagnie des Papillons Bleus;
• una prohibición automática de toda tala o intervención en bienes privados;
• la creación inmediata de obligaciones o sanciones oponibles a terceros sin fundamento legal adicional.

La expresión «bien común de la humanidad» conserva aquí una función ética, política e interpretativa. Afirma una responsabilidad compartida hacia los árboles, los bosques, los suelos, el agua, la biodiversidad, el clima, los paisajes y las generaciones futuras.

2La arquitectura territorial panameña: municipio, distrito, corregimiento, provincia, comarca y Estado

Los artículos 232 y siguientes de la Constitución Política de la República de Panamá definen el municipio como la organización política autónoma de la comunidad establecida en un distrito. El gobierno municipal comprende un Concejo Municipal y un alcalde, con las atribuciones que establecen la Constitución y la ley.

El artículo 233 vincula el gobierno municipal con la prestación de servicios públicos, la construcción de obras, la ordenación del territorio, la participación ciudadana y el mejoramiento social y cultural. La descentralización debe desarrollarse conforme, entre otros, a los principios de autonomía, subsidiariedad, equidad, sostenibilidad y eficiencia.

La Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal, en su versión modificada, junto con la legislación de descentralización, estructura las competencias del Concejo, del alcalde y de la administración municipal. El municipio no constituye, sin embargo, una soberanía separada: sus actos deben respetar la Constitución, la ley y las competencias nacionales.

Debe distinguirse entre:

• el Concejo Municipal, órgano deliberante del distrito;
• el alcalde, jefe de la administración municipal y ejecutor de los acuerdos dentro del marco legal;
• los corregimientos y sus representantes;
• las juntas comunales, con funciones territoriales y comunitarias propias;
• los consejos provinciales y, cuando corresponda, comarcales;
• las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas y los regímenes especiales de las comarcas;
• MiAMBIENTE, MIVIOT y las demás autoridades nacionales con competencias sectoriales.

3Interés local y competencia: las dos condiciones centrales

La reforma introducida por la Ley 66 de 2015 atribuye a los concejos municipales, entre otras funciones, la definición de la política de desarrollo del distrito, la administración del patrimonio municipal, la creación de juntas o comisiones, la gestión de plazas y parques, el saneamiento, determinadas funciones urbanísticas, la adopción de medidas para proteger y conservar el ambiente y la aprobación de instrumentos de ordenamiento territorial dentro del marco aplicable.

Una adopción de la Declaración resulta más sólida cuando el expediente demuestra una relación concreta con el distrito. No basta una adhesión abstracta: deben identificarse los problemas públicos, los bienes municipales, las políticas existentes y las acciones que el municipio puede ejecutar legalmente.

La motivación puede referirse a:

• los árboles situados en parques, plazas, vías, escuelas, mercados y otros bienes municipales;
• la cobertura arbórea, la sombra y la reducción de islas de calor;
• la protección de cuencas, riberas, nacimientos, humedales y zonas de recarga;
• la prevención de erosión, inundaciones, deslizamientos e incendios;
• la biodiversidad, los corredores ecológicos y los hábitats urbanos y rurales;
• el paisaje, la identidad comunitaria y los árboles de valor histórico o cultural;
• la salud pública, la educación ambiental y la participación ciudadana;
• la calidad de los proyectos municipales, de las obras públicas y de la contratación pública;
• la adaptación al cambio climático y la resiliencia territorial.

4Tres niveles jurídicos que deben distinguirse

Esta distinción evita dos errores opuestos: reducir la adopción a un gesto vacío o atribuirle efectos jurídicos que un Acuerdo Municipal general no puede producir por sí solo.

5La Constitución y la legislación ambiental ofrecen un fundamento favorable, pero distribuido

El artículo 118 de la Constitución impone al Estado el deber fundamental de garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación. El artículo 119 obliga al Estado y a todos los habitantes a propiciar un desarrollo que prevenga la contaminación, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. El artículo 120 ordena reglamentar, fiscalizar y aplicar oportunamente las medidas necesarias para el aprovechamiento racional de la fauna, los bosques, las tierras y las aguas.

La Ley General de Ambiente — Ley 41 de 1998, texto único, reformada en particular por la Ley 8 de 2015, sitúa a MiAMBIENTE como entidad rectora del Estado en materia ambiental. La política municipal debe articularse con este sistema, no sustituirlo.

La Declaración puede orientar la forma en que el municipio interpreta y ejerce sus atribuciones ambientales, patrimoniales y urbanísticas. No puede eliminar o reemplazar:

• las evaluaciones de impacto ambiental exigibles;
• las autorizaciones sobre agua, cauces, bosques, aprovechamiento o tala;
• los regímenes de áreas protegidas;
• la inspección, fiscalización y potestad sancionadora de las autoridades competentes;
• los derechos de propiedad y las garantías del debido proceso;
• los derechos colectivos y la autoridad propia de los pueblos indígenas.

La legislación ambiental también reconoce la participación, la información, la prevención y la coordinación. Estos principios ofrecen un punto de conexión especialmente fuerte con la Asamblea del Árbol, los diagnósticos participativos y la evaluación periódica de los avances.

6Qué puede contener un Acuerdo Municipal de adopción

Bajo reserva de revisión jurídica local, un Acuerdo Municipal puede:

• adoptar conjuntamente los tres artículos de la Declaración y los Quince Compromisos;
• identificar con precisión las versiones oficiales y anexarlas al acuerdo;
• explicar el interés local y las bases constitucionales y legales del acto;
• declarar expresamente que la adopción no modifica competencias, propiedad, permisos ni procedimientos legales;
• ordenar un diagnóstico de las políticas, bienes, contratos, planes y prácticas existentes;
• iniciar un inventario del patrimonio arbóreo municipal y de los árboles de especial valor;
• establecer prioridades, calendario, responsables, indicadores y mecanismos de rendición de cuentas;
• crear o encargar la preparación de una Asamblea del Árbol de carácter consultivo;
• designar un Defensor del Árbol o un colegio consultivo, sin potestad coercitiva;
• integrar criterios de protección arbórea en obras, mantenimiento y contratación pública;
• solicitar coordinación con MiAMBIENTE, MIVIOT, juntas comunales, autoridades indígenas, universidades y sociedad civil;
• disponer que toda futura medida normativa, presupuestaria o contractual vuelva al órgano competente cuando la ley lo exija.

7Concejo Municipal, alcalde, corregimientos, juntas comunales y comarcas

El Concejo Municipal es la sede natural de la decisión de adopción a escala distrital. La Constitución le reconoce la facultad de expedir acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia. El alcalde, por su parte, dirige la administración y ejecuta los acuerdos conforme al régimen municipal.

Los corregimientos y las juntas comunales pueden desempeñar un papel decisivo en el inventario, la consulta, el cuidado de los espacios comunitarios, la identificación de Árboles Guardianes y el seguimiento de los proyectos. Su intervención debe respetar su marco propio y no confundirse con la adopción distrital por el Concejo Municipal.

Cuando una iniciativa pretenda ser adoptada directamente por una junta comunal, un consejo provincial o un consejo comarcal, debe realizarse un análisis específico de la competencia, del instrumento y del procedimiento aplicables a esa entidad. El modelo del Acuerdo Municipal no debe trasladarse automáticamente.

En las comarcas y territorios indígenas, la Ley General de Ambiente exige coordinación con las autoridades tradicionales en las materias ambientales y de recursos naturales que les conciernen. Un acuerdo municipal ordinario no puede alterar tierras colectivas, competencias comarcales, derechos de consulta o formas propias de gobierno.

8La legislación forestal protege bosques, riberas y recursos arbóreos

La Ley 1 de 3 de febrero de 1994 — legislación forestal tiene por objeto la protección, conservación, mejoramiento, incremento, educación, investigación, manejo y aprovechamiento racional de los recursos forestales. Declara de interés nacional diversos objetivos de conservación y regula, entre otros aspectos, las franjas de protección en riberas y nacimientos, el aprovechamiento, los inventarios y los planes de manejo.

La Ley 69 de 2017 creó un programa de incentivos para la cobertura forestal y la conservación de bosques naturales, la restauración, los sistemas agroforestales, los viveros, la investigación y la protección de zonas ribereñas, áreas de recarga, corredores y zonas de amortiguamiento.

Estos textos ofrecen apoyos materiales a una política municipal de árboles, pero mantienen una arquitectura nacional de autorización, control y sanción. Las referencias institucionales antiguas contenidas en la ley forestal deben leerse a la luz de la creación y de las competencias actuales de MiAMBIENTE.

La Declaración puede inspirar:

• inventarios de árboles y coberturas;
• restauración de riberas, suelos y conectividad;
• viveros municipales y sistemas agroforestales;
• protección de árboles adultos y de valor excepcional;
• mejor control técnico de podas, trasplantes y talas en bienes municipales;
• educación forestal y prevención de incendios.

9Ordenamiento territorial, urbanismo, espacios verdes y árboles

La Ley 6 de 2006 establece el marco del ordenamiento territorial para el desarrollo urbano. La Ley 14 de 2015 reforzó la estructura local de planificación y prevé juntas de planificación municipal e intermunicipal. El Decreto Ejecutivo 23 de 2007 desarrolla procedimientos de planificación y cambios de uso o zonificación.

Los municipios pueden integrar en sus planes y decisiones, según su competencia y capacidad institucional, criterios relativos a cobertura arbórea, parques, conectividad ecológica, suelos permeables, riberas, sombra, adaptación climática y protección de árboles durante las obras.

Las restricciones oponibles no nacen de una simple referencia a la Declaración. Deben incorporarse mediante el instrumento urbanístico habilitado, por la autoridad competente, con los estudios, consultas, motivación, publicidad y procedimientos exigibles.

Antes de incluir mandatos urbanísticos en el acuerdo de adopción, el municipio debe verificar:

• si ejerce efectivamente la competencia urbanística local correspondiente;
• si dispone de la unidad administrativa y de la junta de planificación requeridas;
• qué plan territorial o urbano se encuentra vigente;
• qué autoridad tramita y decide cada autorización;
• si la medida afecta propiedad privada, servidumbres, derechos adquiridos o proyectos sometidos a evaluación ambiental.

10El municipio puede comenzar por los árboles de los que es propietario o gestor

El ámbito de actuación más inmediato y jurídicamente controlable es el patrimonio municipal. El distrito puede iniciar la aplicación sobre los árboles situados en:

• parques, plazas, paseos y áreas verdes municipales;
• vías, aceras, servidumbres y espacios públicos bajo su gestión;
• mercados, instalaciones deportivas, cementerios y edificios municipales;
• terrenos, viveros, fincas y equipamientos de propiedad municipal;
• obras y proyectos financiados o contratados por el municipio.

Las primeras medidas pueden incluir inventario y cartografía; evaluación de riesgos; protección de raíces y suelos; protocolos de poda; prohibición de compactación en zonas radiculares durante obras municipales; conservación previa a la compensación; criterios de diversidad y adaptación climática; mantenimiento postplantación; publicación de motivos de tala; seguimiento de supervivencia y cobertura.

La gestión debe combinar protección y seguridad. El reconocimiento del valor de un árbol no elimina la obligación de evaluar riesgos reales para personas, bienes e infraestructuras, ni impide una intervención proporcional cuando no exista alternativa razonable.

11La contratación pública puede incorporar la protección de los árboles

El Texto Único de la Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 de 2020 incluye a municipios y juntas comunales dentro del régimen general de contratación pública. La Ley 349 de 2022 establece, además, un procedimiento especial para determinadas contrataciones menores de municipios, juntas comunales y consejos provinciales y comarcales.

Dentro del régimen aplicable, los pliegos y contratos municipales pueden incluir especificaciones técnicas vinculadas con el objeto, objetivas, proporcionadas y compatibles con la igualdad, la transparencia y la competencia. Según el contrato, pueden contemplar:

• zonas de protección de troncos, copas, raíces y suelos;
• prohibición de almacenamiento, tránsito o compactación en zonas radiculares;
• métodos de excavación, zanjeo y protección de redes cercanas;
• evaluación por personal idóneo cuando la complejidad lo justifique;
• técnicas de poda compatibles con la fisiología y la seguridad;
• trazabilidad de intervenciones, daños, talas y reemplazos;
• volúmenes de suelo, drenaje, riego y mantenimiento suficientes;
• garantías de establecimiento y reposición de plantas no sobrevivientes;
• origen legal de madera y productos forestales;
• medidas correctivas y responsabilidades por daño contractual.

La adopción de la Declaración no exime de elaborar estudios previos, presupuestos, pliegos, actos de selección, fiscalización y recepción conforme a la legislación de contratación y control fiscal.

12Participación ciudadana, Asamblea del Árbol y Defensor del Árbol

La Ley 66 de 2015 incorporó mecanismos de participación en la planificación, la programación, los presupuestos de inversión, la evaluación y la gestión pública territorial descentralizada. Entre ellos figuran audiencias públicas, auditoría social, presupuestos participativos, cabildos abiertos, iniciativa popular, consulta ciudadana y consejos consultivos.

Este marco puede sostener una Asamblea del Árbol municipal como espacio consultivo, siempre que el acuerdo defina claramente su naturaleza, composición, funciones, reglas de transparencia, relación con el Concejo y ausencia de poder coercitivo.

La Asamblea puede reunir a concejales, administración municipal, juntas comunales, MiAMBIENTE y otras instituciones invitadas, universidades, profesionales forestales y del paisaje, juristas, organizaciones comunitarias, pueblos indígenas cuando proceda, educadores, artistas, jóvenes y ciudadanía.

Sus funciones pueden comprender:

• examinar diagnósticos, inventarios, planes y proyectos;
• recibir información y alertas;
• formular recomendaciones motivadas;
• proponer prioridades y acciones educativas;
• seguir indicadores y respuestas institucionales;
• facilitar la participación temprana y la resolución de conflictos.

El Defensor del Árbol puede recibir alertas, solicitar información disponible, observar la implementación y formular recomendaciones. Sin base legal adicional, no puede imponer sanciones, suspender permisos, anular actos ni ejercer veto.

13Los Quince Compromisos: una hoja de ruta obligatoriamente asociada a la adopción

Los Quince Compromisos de las Autoridades Locales y Regionales traducen los principios de la Declaración en una hoja de ruta progresiva. Conforme al procedimiento institucional vigente, una nueva autoridad signataria debe adoptar conjuntamente la Declaración y los Quince Compromisos.

1. 1. Establecer una Asamblea del Árbol
2. 2. Designar un Defensor del Árbol
3. 3. Reconocer los Árboles Guardianes
4. 4. Crear el Pasaporte del Árbol Guardián
5. 5. Conocer los árboles del territorio
6. 6. Desarrollar la cobertura arbórea
7. 7. Implicar a la ciudadanía
8. 8. Preservar el entorno vital de los árboles
9. 9. Regular las talas
10. 10. Garantizar la compensación ecológica
11. 11. Evaluar el impacto de los proyectos
12. 12. Garantizar el derecho a la sombra
13. 13. Preservar el bien común vivo
14. 14. Evaluar los avances realizados
15. 15. Transmitir un bien común reforzado

14Una implementación organizada por categorías jurídicas

Medidas que pueden iniciarse con el acuerdo

• adoptar y anexar los textos oficiales;
• ordenar un diagnóstico y un inventario;
• establecer un grupo de trabajo o iniciar la Asamblea del Árbol;
• definir indicadores, calendario y rendición de cuentas;
• revisar prácticas internas, contratos y proyectos municipales;
• solicitar coordinación y asistencia técnica.

Medidas que requieren presupuesto, contrato o acto administrativo

• inventarios técnicos y sistemas de información geográfica;
• evaluaciones de riesgo y diagnósticos especializados;
• viveros, plantaciones, mantenimiento y restauración de suelos;
• formación de agentes y contratistas;
• obras de sombra, drenaje, conectividad o prevención de incendios;
• campañas educativas y procesos participativos.

Medidas que requieren otra autorización o instrumento jurídico

• aprovechamiento forestal, tala o intervención sujetos a permiso;
• alteración de cauces, riberas, humedales o áreas protegidas;
• evaluación de impacto ambiental;
• modificación de zonificación, uso de suelo o plan territorial;
• restricciones obligatorias sobre propiedades privadas;
• creación de tasas, servidumbres, infracciones o sanciones;
• afectación de territorios indígenas o de competencias comarcales.

15Cooperación intermunicipal, institucional e indígena

La Constitución permite la asociación de municipios para fines intermunicipales. La cooperación puede ser especialmente útil para cuencas, corredores ecológicos, prevención de incendios, viveros, datos, formación, compras conjuntas y protección de paisajes que exceden un distrito.

Las acciones pueden formalizarse mediante convenios compatibles con las competencias y reglas presupuestarias de cada entidad. La adopción de una municipalidad no obliga a otra; cada autoridad debe aprobar sus propios actos o convenios.

La coordinación con MiAMBIENTE, MIVIOT, universidades, entidades de agua, gestión de riesgos, obras públicas y salud puede evitar contradicciones y mejorar la calidad técnica de la implementación.

En territorios indígenas o cuando se afecten recursos, conocimientos, lugares o árboles de especial valor cultural para pueblos indígenas, la participación debe respetar la autoridad tradicional, los regímenes comarcales, la propiedad colectiva y las garantías aplicables. La Asamblea del Árbol no puede absorber ni reemplazar esas instituciones.

16Procedimiento institucional propuesto para una municipalidad panameña

1. Contacto institucional previo. La municipalidad contacta a La Compagnie des Papillons Bleus antes de presentar formalmente la adopción.
2. Presentación del marco. Se examinan la Declaración, los Quince Compromisos, la Asamblea del Árbol, el Registro y las condiciones de uso institucional.
3. Diagnóstico territorial. Se identifican patrimonio arbóreo, cobertura, riberas, riesgos, espacios públicos, proyectos, planes, contratos y necesidades comunitarias.
4. Mapa de competencias. Se separan las facultades del Concejo, del alcalde, de las juntas comunales, de MiAMBIENTE, de MIVIOT y, cuando proceda, de las autoridades indígenas.
5. Proyecto de Acuerdo y anexos. Se redactan considerandos, cláusulas operativas, salvaguardias de competencia y anexos con las versiones oficiales.
6. Revisión jurídica y técnica. La secretaría, asesoría jurídica y unidades competentes verifican atribuciones, procedimiento, presupuesto, planificación y forma de promulgación.
7. Participación previa cuando sea apropiada. Se consulta a actores institucionales y comunitarios sin convertir la consulta en sustituto del voto legalmente competente.
8. Deliberación y adopción. El Concejo Municipal examina y vota el Acuerdo conforme a sus reglas de convocatoria, quórum, debate y mayoría.
9. Sanción, promulgación y vigencia. Se cumplen las formalidades del régimen municipal; el acuerdo no puede regir antes de su promulgación.
10. Transmisión y Registro. Se envía a La Compagnie una copia certificada o verificable del acto, de sus anexos y de la prueba de promulgación; después se organiza el seguimiento.

17Sanción, promulgación, entrada en vigor y control jurisdiccional

La Ley 106 de 1973 regula la forma en que los concejos dictan acuerdos y resoluciones y las condiciones de su promulgación. La Secretaría del Concejo y la asesoría jurídica deben determinar la modalidad exacta de publicación o fijación aplicable al acuerdo según su naturaleza y el texto vigente.

El acuerdo no debe disponer que entra en vigor antes de ser promulgado. Puede fijar una fecha posterior, pero la promulgación constituye una condición previa de obligatoriedad para un acto normativo general.

Deben verificarse, entre otros aspectos:

• la competencia material del Concejo;
• la convocatoria, el orden del día, el quórum y la votación;
• la firma, sanción u objeciones del alcalde conforme al régimen aplicable;
• la promulgación y la constancia documental de su realización;
• la fecha de entrada en vigor;
• la publicación de anexos o su identificación inequívoca;
• las reglas presupuestarias y contractuales de las actuaciones posteriores.

La legalidad de los acuerdos municipales puede ser sometida al control de la jurisdicción contencioso-administrativa. El expediente debe, por ello, permitir reconstruir la competencia, la motivación, el procedimiento y la proporcionalidad de las medidas adoptadas.

18El precedente panameño del Cerro Ancón

En el caso relativo al Acuerdo Municipal n.º 157 de 31 de julio de 2001 sobre el Cerro Ancón, la Sala Tercera de la Corte Suprema examinó un acuerdo que declaraba el Cerro Ancón área protegida y reserva natural del distrito de Panamá y establecía medidas ambientales, educativas y de coordinación.

La decisión reconoció que el artículo 17 de la Ley 106 atribuye al Concejo Municipal la facultad de dictar medidas para proteger y conservar el ambiente. La controversia prosperó respecto de la cláusula que hacía entrar en vigor el acuerdo desde su sanción, sin esperar la promulgación exigida por los artículos 38 y 39 del régimen municipal.

Este precedente aporta dos enseñanzas directamente aplicables:

• Competencia material: la protección ambiental puede formar parte de la acción municipal cuando se vincula con el distrito y no invade competencias ajenas;
• Disciplina procedimental: incluso un acuerdo materialmente legítimo debe respetar las formalidades de promulgación y vigencia.

19Reconocimiento de la adhesión y estatuto del Registro Internacional

Dentro del proyecto, puede ser reconocida como autoridad signataria aquella que haya adoptado válidamente la Declaración y los Quince Compromisos, formalizado el proceso con La Compagnie des Papillons Bleus y sido inscrita en el Registro Internacional mantenido por esta.

La inscripción no constituye un acto administrativo panameño, una certificación pública, un permiso ambiental, un registro de MiAMBIENTE, una marca de calidad estatal ni un reconocimiento de una organización intergubernamental.

El Registro:

• es creado, administrado y actualizado por La Compagnie des Papillons Bleus;
• documenta la denominación de la autoridad, la fecha, la referencia y el instrumento de adopción;
• puede incluir un enlace al acto y a sus anexos públicos;
• puede rectificarse, suspenderse o retirarse conforme a las reglas institucionales del proyecto y después de un intercambio con la autoridad;
• tiene vocación internacional porque reúne autoridades de distintos países, no porque sea un registro de derecho internacional público.

20Acompañamiento, documentos y propiedad intelectual

Naturaleza del acompañamiento

La Compagnie des Papillons Bleus puede prestar apoyo doctrinal, científico, metodológico, institucional, documental, pedagógico y de coordinación. Este apoyo no constituye un dictamen jurídico individualizado de derecho panameño y no sustituye a la secretaría, a la asesoría jurídica municipal ni a un abogado habilitado en Panamá.

Toda intervención material o remunerada debe definirse por escrito y respetar las reglas de presupuesto, contratación, transparencia y control aplicables.

Documentos públicos e instrumentos de trabajo

• La Declaración, los Quince Compromisos, el Acuerdo adoptado, sus anexos públicos y la información del Registro están destinados a la publicidad institucional;
• las guías internas, matrices de trabajo, procedimientos de acompañamiento, herramientas técnicas y elementos gráficos no publicados conservan el estatuto que determine La Compagnie.

Marca y derecho de autor

Según la información institucional del proyecto, la denominación francesa «Déclaration universelle des droits de l’Arbre» fue objeto de una solicitud de marca verbal presentada ante el INPI francés el 16 de julio de 2026 con el n.º 5278804 para servicios de la clase 41. Una solicitud francesa no equivale necesariamente a un derecho definitivo y no produce automáticamente protección en Panamá.

La protección marcaria en Panamá debe examinarse conforme a la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, y tramitarse, cuando corresponda, ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial — DIGERPI.

El derecho de autor panameño puede proteger textos, diseños, modelos y creaciones gráficas originales. No confiere un monopolio general sobre las ideas de protección de los árboles, los métodos de política pública o los conceptos ambientales abstractos.

21El alcance del precedente de Terrasse-Vaudreuil

El 9 de junio de 2026, el Consejo Municipal de Terrasse-Vaudreuil, Quebec, adoptó por unanimidad la Resolución n.º 2026-06-111 relativa a la Declaración Universal de los Derechos del Árbol.

Consultar la resolución original en francés

Según la información de La Compagnie des Papillons Bleus y los actos institucionales identificados al 27 de julio de 2026, Terrasse-Vaudreuil es la primera municipalidad que adoptó formalmente esta Declaración específica mediante una resolución de su consejo municipal.

La afirmación se refiere exclusivamente a la Declaración desarrollada por La Compagnie. No significa que sea la primera norma de protección de árboles, el primer reconocimiento de derechos de la naturaleza o la primera experiencia comunitaria de gestión forestal en el mundo.

La resolución histórica no anexó formalmente los Quince Compromisos. El procedimiento vigente para las nuevas autoridades signatarias exige ahora que la Declaración y los Quince Compromisos sean adoptados conjuntamente como un marco único de principios y acción progresiva.

22Una vía jurídicamente accesible, siempre que sea precisa y competencialmente disciplinada

23Fuentes oficiales y textos de referencia

Textos y referencias revisados en sus versiones accesibles al 27 de julio de 2026.

Proyecto de la Declaración

• Comprender la Declaración Universal de los Derechos del Árbol
• Marco oficial
• Procedimiento para autoridades locales y regionales
• Los Quince Compromisos — español
• Resolución n.º 2026-06-111 de Terrasse-Vaudreuil

Constitución y régimen municipal

• Constitución Política de la República de Panamá
• Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal — texto oficial histórico
• Ley 106 con modificaciones — versión consolidada AMUPA
• Ley 66 de 2015 — descentralización y reforma del régimen municipal
• Sentencia sobre el Acuerdo Municipal del Cerro Ancón

Ambiente, bosques y territorio

• Ley General de Ambiente — texto único
• Ley 8 de 2015 — creación de MiAMBIENTE
• Ley 1 de 1994 — legislación forestal
• Ley 69 de 2017 — incentivos para cobertura forestal
• Ley 6 de 2006 — ordenamiento territorial para el desarrollo urbano
• Ley 14 de 2015 — planificación municipal
• Decreto Ejecutivo 23 de 2007

Contratación y propiedad intelectual

• Texto Único de la Ley 22 de 2006 — contratación pública
• Ley 349 de 2022 — contrataciones menores municipales
• Ley 35 de 1996, modificada — propiedad industrial
• Marco legal de DIGERPI
• Ley 64 de 2012 — derecho de autor y derechos conexos

1Legal and institutional nature of the Declaration

The Universal Declaration of Tree Rights is a founding text setting out principles of recognition, respect, protection, and responsibility toward the Tree. It forms part of an ethical, scientific, democratic, cultural, educational, and legal architecture developed and institutionally safeguarded by La Compagnie des Papillons Bleus.

The Declaration is not a legal person, a Panamanian public administration, a public authority, a treaty in force, or an intergovernmental organization. It does not act on its own. Document transmission, institutional support, and the International Register are managed by La Compagnie des Papillons Bleus.

Municipal adoption does not amount to:

• signature or ratification of a treaty by the Republic of Panama;
• accession by Panama to the proposed International Convention on Tree Rights;
• an amendment to the Constitution, environmental, forestry, planning, property, or land law;
• automatic legal personhood or general standing for trees;
• a transfer of public powers to La Compagnie des Papillons Bleus;
• an automatic ban on all felling or intervention on private property;
• the immediate creation of obligations or penalties binding third parties without an additional legal basis.

The expression “living common good of humanity” has an ethical, political, and interpretive function. It affirms shared responsibility for trees, forests, soil, water, biodiversity, climate, landscapes, and future generations.

2Panama’s territorial architecture: municipality, district, corregimiento, province, comarca, and State

Articles 232 and following of the Political Constitution of the Republic of Panama define the municipality as the autonomous political organization of the community established in a district. Municipal government comprises a Municipal Council and a mayor, with the powers conferred by the Constitution and legislation.

Article 233 connects municipal government with public services, public works, territorial planning, citizen participation, and social and cultural improvement. Decentralization is to be developed under principles including autonomy, subsidiarity, equity, sustainability, and efficiency.

Law 106 of 1973 on the Municipal Regime, as amended, together with decentralization legislation, structures the powers of the Council, mayor, and municipal administration. A municipality is not a separate sovereignty: its measures must comply with the Constitution, legislation, and national competences.

The following must be distinguished:

• the Municipal Council, the district’s deliberative body;
• the mayor, head of the municipal administration and executor of agreements within the law;
• corregimientos and their representatives;
• communal boards, with their own territorial and community functions;
• provincial and, where applicable, comarca councils;
• traditional Indigenous authorities and special comarca regimes;
• MiAMBIENTE, MIVIOT, and other national bodies with sectoral jurisdiction.

3Local interest and legal authority: the two central conditions

The reforms introduced by Law 66 of 2015 assign Municipal Councils functions including defining district development policy, administering municipal assets, creating boards or committees, managing squares and parks, sanitation, certain planning responsibilities, adopting measures to protect and conserve the environment, and approving territorial planning instruments within the applicable framework.

Adoption is legally stronger when the record demonstrates a concrete connection to the district. An abstract endorsement is insufficient: the municipality should identify public problems, municipal assets, existing policies, and measures it may lawfully carry out.

The reasons may refer to:

• trees in parks, squares, streets, schools, markets, and municipal property;
• tree canopy, shade, and mitigation of urban heat;
• watersheds, riverbanks, springs, wetlands, and recharge areas;
• erosion, flooding, landslide, and fire prevention;
• biodiversity, ecological corridors, and urban or rural habitats;
• landscape, community identity, and trees of historic or cultural value;
• public health, environmental education, and citizen participation;
• the quality of municipal projects, public works, and public procurement;
• climate adaptation and territorial resilience.

4Three legal levels that must remain distinct

This distinction avoids two opposite errors: treating adoption as an empty gesture, or assigning it legal effects that a general Municipal Agreement cannot produce by itself.

5The Constitution and environmental legislation provide a favorable but distributed foundation

Article 118 of the Constitution establishes the State’s fundamental duty to ensure that the population lives in a healthy, pollution-free environment. Article 119 requires the State and all inhabitants to promote development that prevents pollution, maintains ecological balance, and avoids ecosystem destruction. Article 120 requires timely regulation, supervision, and measures for rational use of fauna, forests, land, and water.

The General Environment Law — Law 41 of 1998, consolidated text, particularly as amended by Law 8 of 2015, places MiAMBIENTE at the center of Panama’s environmental administration. Municipal policy must operate within that system, not replace it.

The Declaration may guide how municipal environmental, property, and planning powers are interpreted and exercised. It cannot eliminate or replace:

• required environmental impact assessments;
• authorizations concerning water, watercourses, forests, harvesting, or felling;
• protected-area regimes;
• inspection, enforcement, and sanctioning powers of competent authorities;
• property rights and due-process guarantees;
• collective rights and the authority of Indigenous peoples.

Environmental legislation also supports participation, information, prevention, and coordination. These principles provide a particularly strong connection with the Tree Assembly, participatory diagnosis, and periodic evaluation of progress.

6What a Municipal Agreement of adoption may contain

Subject to local legal review, a Municipal Agreement may:

• jointly adopt the Declaration’s three articles and the Fifteen Commitments;
• precisely identify and annex the official versions;
• state the local public interest and constitutional and statutory foundations;
• expressly confirm that adoption does not alter powers, ownership, permits, or legal procedures;
• order a review of existing policies, assets, contracts, plans, and practices;
• launch an inventory of municipal trees and trees of special value;
• set priorities, deadlines, responsible officers, indicators, and accountability mechanisms;
• establish or instruct the preparation of a consultative Tree Assembly;
• appoint a Tree Defender or advisory panel without coercive power;
• integrate tree-protection criteria into works, maintenance, and procurement;
• request coordination with MiAMBIENTE, MIVIOT, communal boards, Indigenous authorities, universities, and civil society;
• require future regulatory, budgetary, or contractual measures to return to the legally competent body when required.

7Municipal Council, mayor, corregimientos, communal boards, and comarcas

The Municipal Council is the natural decision-making forum for district-level adoption. The Constitution authorizes it to issue agreements and resolutions within its sphere of competence. The mayor heads the administration and implements agreements under the municipal regime.

Corregimientos and communal boards can play a decisive role in inventories, consultation, care of community spaces, identification of Guardian Trees, and project monitoring. Their contribution should respect their own legal framework and should not be confused with district adoption by the Municipal Council.

Where direct adoption by a communal board, provincial council, or comarca council is proposed, a separate review is required to identify the competent body, legal instrument, and procedure. The Municipal Agreement model should not be transferred mechanically.

In comarcas and Indigenous territories, the General Environment Law requires coordination with traditional authorities on environmental and natural-resource matters affecting them. An ordinary municipal agreement cannot alter collective lands, comarca powers, consultation rights, or Indigenous forms of government.

8Forestry legislation protects forests, riparian areas, and tree resources

Law 1 of February 3, 1994 — forestry legislation concerns the protection, conservation, improvement, expansion, education, research, management, and rational use of forest resources. It declares several conservation objectives to be of national interest and regulates matters including riparian and spring protection zones, harvesting, inventories, and management plans.

Law 69 of 2017 created incentives for forest cover, natural-forest conservation, restoration, agroforestry systems, nurseries, research, and the protection of riverbanks, recharge zones, corridors, and buffer areas.

These statutes support the substance of municipal tree policy while preserving a national framework of authorization, supervision, and enforcement. Older institutional references in forestry legislation must be read in light of MiAMBIENTE’s present legal position and powers.

The Declaration may inspire:

• inventories of trees and canopy;
• restoration of riverbanks, soil, and ecological connectivity;
• municipal nurseries and agroforestry systems;
• protection of mature and exceptional trees;
• stronger technical control of pruning, transplanting, and felling on municipal property;
• forestry education and fire prevention.

9Territorial planning, urban development, green space, and trees

Law 6 of 2006 establishes the framework for territorial planning for urban development. Law 14 of 2015 strengthened local planning structures and provides for municipal and intermunicipal planning boards. Executive Decree 23 of 2007 develops planning and land-use or zoning-change procedures.

Municipalities may integrate tree canopy, parks, ecological connectivity, permeable soils, riverbanks, shade, climate adaptation, and tree protection during works into their plans and decisions, according to their authority and institutional capacity.

Binding restrictions do not arise merely from referring to the Declaration. They must be adopted through the legally authorized planning instrument, by the competent authority, with the required studies, consultation, reasons, publicity, and procedure.

Before placing planning mandates in the adoption agreement, the municipality should verify:

• whether it currently exercises the relevant local planning power;
• whether it has the required administrative planning unit and planning board;
• which territorial or urban plan is in force;
• which authority processes and decides each authorization;
• whether the measure affects private property, easements, vested rights, or projects subject to environmental assessment.

10The municipality can begin with trees it owns or manages

Municipal property provides the most immediate and legally controlled field of action. The district can begin implementation with trees located in:

• municipal parks, squares, promenades, and green spaces;
• streets, sidewalks, easements, and public areas under municipal management;
• markets, sports facilities, cemeteries, and municipal buildings;
• municipal land, nurseries, farms, and facilities;
• works and projects financed or procured by the municipality.

Initial measures may include inventory and mapping; risk assessment; root and soil protection; pruning protocols; prevention of compaction in root zones during municipal works; conservation before compensation; diversity and climate-adaptation criteria; post-planting care; publication of felling reasons; survival and canopy monitoring.

Management must combine protection and safety. Recognizing a tree’s value does not remove the duty to assess genuine risks to persons, property, and infrastructure, or prevent proportionate intervention when no reasonable alternative exists.

11Public procurement can incorporate tree protection

The Consolidated Text of Law 22 of 2006, ordered by Law 153 of 2020 brings municipalities and communal boards within Panama’s public-procurement regime. Law 349 of 2022 also establishes a special procedure for certain minor procurements by municipalities, communal boards, and provincial or comarca councils.

Under the applicable regime, municipal tender documents and contracts may contain technical specifications connected to the contract’s subject matter, objectively framed, proportionate, and consistent with equality, transparency, and competition. Depending on the contract, these may include:

• protection zones for trunks, crowns, roots, and soil;
• prohibition of storage, traffic, or compaction within root zones;
• excavation, trenching, and utility-protection methods;
• assessment by qualified personnel where complexity warrants it;
• pruning methods compatible with physiology and safety;
• traceability of work, damage, felling, and replacement;
• adequate soil volume, drainage, irrigation, and maintenance;
• establishment guarantees and replacement of failed plantings;
• legal origin of timber and forest products;
• corrective measures and contractual responsibility for damage.

Adoption does not remove the need for prior studies, budgets, specifications, selection procedures, supervision, and acceptance under procurement and fiscal-control legislation.

12Citizen participation, the Tree Assembly, and the Tree Defender

Law 66 of 2015 incorporated participatory mechanisms into planning, programming, investment budgets, evaluation, and decentralized territorial public management. These include public hearings, social audits, participatory budgets, open town halls, popular initiatives, citizen consultation, and advisory councils.

This framework can support a municipal Tree Assembly as a consultative forum, provided that the agreement clearly defines its nature, composition, functions, transparency rules, relationship with the Council, and lack of coercive authority.

The Assembly may include councillors, municipal administration, communal boards, invited representatives of MiAMBIENTE and other institutions, universities, forestry and landscape professionals, lawyers, community organizations, Indigenous peoples where appropriate, educators, artists, young people, and citizens.

Its functions may include:

• reviewing diagnoses, inventories, plans, and projects;
• receiving information and alerts;
• issuing reasoned recommendations;
• proposing priorities and educational action;
• monitoring indicators and institutional responses;
• facilitating early participation and conflict prevention.

A Tree Defender may receive alerts, request available information, observe implementation, and issue recommendations. Without an additional legal basis, the Defender cannot impose penalties, suspend permits, annul decisions, or exercise a veto.

13The Fifteen Commitments: the roadmap that must accompany adoption

The Fifteen Commitments for Local and Regional Authorities translate the Declaration’s principles into a progressive roadmap. Under the current institutional procedure, a new signatory authority must jointly adopt the Declaration and the Fifteen Commitments.

1. 1. Establish a Tree Assembly
2. 2. Appoint a Tree Defender
3. 3. Recognize Guardian Trees
4. 4. Create the Guardian Tree Passport
5. 5. Know the Trees of the Authority
6. 6. Develop the Canopy
7. 7. Involve Citizens
8. 8. Preserve the Vital Environment of Trees
9. 9. Regulate Felling
10. 10. Ensure Ecological Compensation
11. 11. Assess the Impact of Projects
12. 12. Guarantee the Right to Shade
13. 13. Preserve the Living Common Good
14. 14. Evaluate Progress Achieved
15. 15. Transmit a Strengthened Common Good

14Implementation organized by legal category

Measures that may begin with adoption

• adopt and annex the official texts;
• order a diagnosis and inventory;
• establish a working group or begin creating the Tree Assembly;
• set indicators, a timeline, and accountability arrangements;
• review internal practices, contracts, and municipal projects;
• request coordination and technical assistance.

Measures requiring a budget, contract, or administrative decision

• technical inventories and geographic information systems;
• risk assessments and specialist diagnoses;
• nurseries, planting, maintenance, and soil restoration;
• training for staff and contractors;
• shade, drainage, connectivity, or fire-prevention works;
• educational campaigns and participatory processes.

Measures requiring another authorization or legal instrument

• forest harvesting, felling, or intervention subject to permission;
• alteration of watercourses, riverbanks, wetlands, or protected areas;
• environmental impact assessment;
• zoning, land-use, or territorial-plan amendment;
• binding restrictions on private property;
• creation of fees, easements, offences, or penalties;
• impact on Indigenous territories or comarca powers.

15Intermunicipal, institutional, and Indigenous coordination

The Constitution permits municipalities to associate for intermunicipal purposes. Cooperation can be particularly valuable for watersheds, ecological corridors, fire prevention, nurseries, data, training, joint purchasing, and landscapes extending beyond a single district.

Action may be formalized through agreements compatible with each entity’s powers and budgetary rules. One municipality’s adoption does not bind another; each authority must approve its own measures or agreements.

Coordination with MiAMBIENTE, MIVIOT, universities, water, risk-management, public-works, and health bodies can prevent conflicts and improve technical quality.

In Indigenous territories, or where resources, knowledge, places, or culturally significant trees are affected, participation must respect traditional authority, comarca regimes, collective property, and applicable guarantees. The Tree Assembly cannot absorb or replace those institutions.

16Proposed institutional procedure for a Panamanian municipality

1. Prior institutional contact. The municipality contacts La Compagnie des Papillons Bleus before formally presenting adoption.
2. Presentation of the framework. The Declaration, Fifteen Commitments, Tree Assembly, Register, and institutional-use conditions are reviewed.
3. Territorial diagnosis. The municipality identifies tree assets, canopy, riverbanks, risks, public spaces, projects, plans, contracts, and community needs.
4. Map of powers. The powers of the Council, mayor, communal boards, MiAMBIENTE, MIVIOT, and, where applicable, Indigenous authorities are separated.
5. Draft Agreement and annexes. Recitals, operative clauses, competence safeguards, and annexes containing official versions are prepared.
6. Legal and technical review. The secretariat, legal counsel, and competent units verify powers, procedure, budget, planning, and promulgation requirements.
7. Prior participation where appropriate. Institutional and community actors are heard without allowing consultation to replace the legally competent vote.
8. Deliberation and adoption. The Municipal Council considers and votes on the Agreement under the rules on notice, agenda, quorum, debate, and majority.
9. Sanction, promulgation, and effect. Municipal formalities are completed; the Agreement cannot take effect before promulgation.
10. Transmission and Register. A certified or verifiable copy of the act, annexes, and evidence of promulgation is sent to La Compagnie, after which monitoring is organized.

17Sanction, promulgation, entry into force, and judicial review

Law 106 of 1973 governs the form in which Municipal Councils issue agreements and resolutions and the conditions for their promulgation. The Council secretariat and legal counsel should identify the exact publication or posting method applicable to the Agreement according to its nature and the law currently in force.

The Agreement should not state that it takes effect before it has been promulgated. It may set a later date, but promulgation is a precondition to the binding effect of a general normative act.

The municipality should verify, among other matters:

• the Council’s subject-matter jurisdiction;
• notice, agenda, quorum, and voting;
• the mayor’s signature, sanction, or objections under the applicable regime;
• promulgation and documentary proof that it occurred;
• the effective date;
• publication of annexes or their unambiguous identification;
• budgetary and contractual rules governing later action.

Municipal agreements may be reviewed by the administrative courts for legality. The administrative record should therefore show the legal authority, reasons, procedure, and proportionality of the measures adopted.

18The Panamanian Cerro Ancón precedent

In the case concerning Municipal Agreement No. 157 of July 31, 2001 on Cerro Ancón, the Third Chamber of the Supreme Court reviewed an agreement declaring Cerro Ancón a protected area and natural reserve of the District of Panama and establishing environmental, educational, and coordinating measures.

The judgment recognized that Article 17 of Law 106 empowers the Municipal Council to adopt measures to protect and conserve the environment. The challenge succeeded as to the clause making the Agreement effective upon sanction without awaiting promulgation under Articles 38 and 39 of the municipal regime.

The precedent therefore provides two lessons:

• Substantive authority: environmental protection may be a valid municipal purpose when connected to the district and not invading powers held by others;
• Procedural discipline: even a substantively legitimate agreement must comply with promulgation and effective-date requirements.

19Recognition of adherence and status of the International Register

Within the project, an authority may be recognized as a signatory where it has validly adopted the Declaration and the Fifteen Commitments, formalized the process with La Compagnie des Papillons Bleus, and been entered in the International Register maintained by it.

Registration is not a Panamanian administrative act, public certification, environmental permit, MiAMBIENTE register, State quality mark, or recognition by an intergovernmental organization.

The Register:

• is created, administered, and updated by La Compagnie des Papillons Bleus;
• records the authority’s name, date, reference, and instrument of adoption;
• may include a link to the public act and annexes;
• may be corrected, suspended, or withdrawn under the project’s institutional rules after dialogue with the authority;
• is international because it is intended to include authorities from different countries, not because it is a register of public international law.

20Institutional support, documents, and intellectual property

Nature of support

La Compagnie des Papillons Bleus may provide doctrinal, scientific, methodological, institutional, documentary, educational, and coordinating support. This is not individualized Panamanian legal advice and does not replace the municipal secretariat, municipal legal counsel, or a lawyer admitted in Panama.

Any material or paid engagement must be defined in writing and comply with applicable budget, procurement, transparency, and oversight rules.

Public documents and working materials

• The Declaration, Fifteen Commitments, adopted Agreement, public annexes, and Register information are intended for institutional publication;
• internal guides, matrices, support procedures, technical tools, and unpublished graphical elements retain the status determined by La Compagnie.

Trademark and copyright

According to the project’s institutional information, the French name “Déclaration universelle des droits de l’Arbre” was the subject of a French word-mark application filed with INPI on July 16, 2026 under No. 5278804 for Class 41 services. A French application is not necessarily a final registered right and does not automatically extend protection to Panama.

Trademark protection in Panama must be assessed under Law 35 of 1996, as amended by Law 61 of 2012, and, where appropriate, pursued before the General Directorate of Industrial Property — DIGERPI.

Panamanian copyright law may protect original texts, designs, models, and graphic works. It does not confer a general monopoly over ideas about tree protection, public-policy methods, or abstract environmental concepts.

21The significance of the Terrasse-Vaudreuil precedent

On June 9, 2026, the Municipal Council of Terrasse-Vaudreuil, Quebec, unanimously adopted Resolution No. 2026-06-111 concerning the Universal Declaration of Tree Rights.

Read the unofficial English translation

To the knowledge of La Compagnie des Papillons Bleus and on the basis of institutional acts identified by July 27, 2026, Terrasse-Vaudreuil is the first municipality to have formally adopted this specific Declaration by resolution of its municipal council.

That statement concerns only the Declaration developed by La Compagnie. It does not claim that this was the world’s first tree-protection rule, recognition of rights of nature, or community-based forest-management initiative.

The historic resolution did not formally annex the Fifteen Commitments. The procedure now applicable to new signatory authorities requires the Declaration and the Fifteen Commitments to be jointly adopted as a unified framework of principles and progressive action.

22A legally accessible route, provided that drafting and competence are disciplined

23Official sources and reference texts

Texts and references reviewed in versions accessible through July 27, 2026.

Declaration project

• Understanding the Universal Declaration of Tree Rights
• Official Framework
• Procedure for local and regional authorities
• The Fifteen Commitments — English
• The Three Founding Articles — English
• Terrasse-Vaudreuil Resolution No. 2026-06-111 — unofficial English translation

Constitution and municipal regime

• Political Constitution of the Republic of Panama
• Law 106 of 1973 on the Municipal Regime — official historical text
• Law 106 as amended — consolidated AMUPA version
• Law 66 of 2015 — decentralization and municipal reform
• Judgment concerning the Cerro Ancón Municipal Agreement

Environment, forests, and territory

• General Environment Law — consolidated text
• Law 8 of 2015 — establishment of MiAMBIENTE
• Law 1 of 1994 — forestry legislation
• Law 69 of 2017 — forest-cover incentives
• Law 6 of 2006 — territorial planning for urban development
• Law 14 of 2015 — municipal planning
• Executive Decree 23 of 2007

Procurement and intellectual property

• Consolidated Text of Law 22 of 2006 — public procurement
• Law 349 of 2022 — municipal minor procurement
• Law 35 of 1996, as amended — industrial property
• DIGERPI legal framework
• Law 64 of 2012 — copyright and related rights