LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
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LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LOS DERECHOS HUMANOSDE LAS MUJERES EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL El presente escrito tiene por objeto analizar, desde una mirada crítica y dogmáticamente situada, la relación que se configura entre la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres en el ámbito del sistema de justicia penal —específicamente en lo concerniente al derecho de acceso a la justicia y su derecho relacional a la tutela judicial efectiva—, ambos pilares fundamentales del Estado constitucional de derecho, reconocidos y tutelados en nuestra Carta Magna en su artículo 17 (CPEUM, 1917), cuya plena vigencia resulta condición sine qua non para garantizar el ejercicio de las prerrogativas más elementales de quienes se enfrentan al poder punitivo del Estado y, muy particularmente, de las mujeres procesadas penalmente. Para comprender cabalmente dicha relación, resulta imprescindible partir del reconocimiento de que el Derecho no constituye un sistema neutro ni axiológicamente aséptico; antes bien, históricamente ha reproducido patrones de exclusión y desigualdad que afectan de manera diferenciada a las mujeres (Varela, 2019), en la medida en que el entramado normativo ha sido producto de un único sector de la sociedad —históricamente los hombres— cuyos intereses, valores y cosmovisiones quedaron impregnados, de forma tácita pero estructural, en la redacción de las normas penales (Facio, 1992), configurando así un dispositivo de género que, como afirma Lucía Núñez (2021), sanciona no solo conductas delictivas sino también transgresiones a los mandatos de feminidad hegemónica. 1. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO GARANTÍA DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Cabe sostener, con rigor dogmático, que el derecho humano de acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva —ambos consagrados en el artículo 17 de la CPEUM (1917) y desarrollados en el orden convencional por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, 1969)— constituyen derechos relacionales y complementarios cuya distinción opera en planos diferentes: el acceso a la justicia funciona como la puerta de entrada al sistema judicial (SCJN, 1a./J. 28/2023, 11a.), en tanto que la tutela judicial efectiva exige que ese acceso se traduzca en un proceso justo, imparcial, con resolución fundada y mecanismos adecuados para la reparación o restitución de los daños causados (Ramírez Benítez, 2020); sin embargo, ninguno de estos derechos alcanza su dimensión garantista plena si no se aplica la perspectiva de género como metodología transversal de análisis, toda vez que su ausencia perpetúa las asimetrías estructurales que históricamente han colocado a las mujeres en una posición de desventaja sistemática ante el poder punitivo del Estado. Tabla 1. Distinción Estructural: Acceso a la Justicia vs. Tutela Judicial Efectiva Dimensión Acceso a la Justicia Tutela Judicial Efectiva Naturaleza jurídica Derecho habilitante de ingreso al sistema Derecho de resultado procesal justo Momento procesal Pre-procesal y de entrada Transversal a todas las etapas Función primaria Remover barreras de acceso Garantizar respuesta fundada y reparadora Fundamento constitucional Art. 17 CPEUM (primer párrafo) Art. 17 CPEUM (segundo párrafo) Fundamento convencional Art. 8.1 CADH Art. 25 CADH Indicador de eficacia Ausencia de barreras de ingreso Calidad material de la sentencia Obstáculos típicos Físicos, económicos, culturales, lingüísticos Estereotipos, sesgos probatorios, ausencia de motivación reforzada Perspectiva de género Condición habilitante Condición de eficacia material Figura 1. Acceso a la justicia y tutela judicial efectiva como trayectorias complementarias. Elaboración propia con base en Tabla 1 y apartados 1, 1.B y 1.C Se advierte que ambos derechos se fundan en dos elementos estructurales: la integridad de la administración de justicia y la convivencia pacífica entre las personas; al garantizar el acceso a la justicia de todas las personas, se respetan los principios de igualdad y no discriminación consagrados en los artículos 1 y 4 de la CPEUM, lo cual conduce a la transparencia, eficiencia y eficacia de la administración de justicia (Núñez Mariño y San Lucas Solorzano, 2023). El análisis, realizado desde la perspectiva de género, resulta una visión necesaria para identificar las restricciones sistemáticas que son enfrentadas por las mujeres a lo largo de todas etapas o fases del proceso penal, desde la una inadecuada valoración de las pruebas, la mínima o nula visibilización de entornos de vulnerabilidad por motivos de género, lo cual refleja la supresión de la perspectiva de género de los funcionarios que administran justicia, haciéndo imposible incorporar la citada perspectiva, que es tiene por calidad sine qua non, descrita por ¨¨Gauché (2022) & Maqueda (2014), para que la tutela judicial adquiera su dimensión materialmente igualitaria 1.1 El Principio de Igualdad Sustantiva como Fundamento Constitucional de la Perspectiva de Género en el Proceso Penal Resulta imprescindible distinguir, desde el plano dogmático-constitucional, entre la igualdad formal —entendida como la prohibición de trato diferenciado por razón de sexo en la redacción de la norma— y la igualdad sustantiva, concebida como la obligación activa del Estado de remover los obstáculos estructurales que impiden el ejercicio efectivo de los derechos en condiciones de paridad real; distinción que se advierte expresamente en el artículo 1° de la CPEUM (1917, última reforma 2024), cuyo tercer párrafo prohíbe toda discriminación por razones de género, y en el artículo 4° del mismo ordenamiento, que consagra la igualdad jurídica de la mujer y el varón como mandato positivo de acción estatal, no como mera declaración retórica. Tal y como define el Comité de la CEDAW, en su Recomendación General N°25 (2004) la igualdad sustantiva recoge y toma en cuenta las diferencias biológicas y las construcciones socioculturales del género para así acceder en igualdad a opurtinidades y resultados. Esta igualdad sustantiva opera en el ámbito del proceso penal al obligar a las personas juzgadoras a examinar cada actuación procesal, es decir se comporta como un imperativo hermenéutico el que el comportamiento es realizado a través del filtro metodológico de la perspectiva de género. En este sentido, la aplicación del citado filtro metodológico no es una alternativa de interpretación neutra, sino en cambio, consta de una omisión con consecuencias constitucionales precisas. En consecuencia, se advierte que la perspectiva de género no es una categoría analítica superpuesta desde fuera del sistema jurídico, sino una metodología inmanente al propio bloque de constitucionalidad mexicano, cuya aplicación transversal en el proceso penal constituye una exigencia directamente derivada del artículo 1° constitucional y de la obligación de garantía establecida en los artículos 1.1 y 2 de la CADH. Tabla 2. Igualdad Formal vs. Igualdad Sustantiva en el Proceso Penal con Perspectiva de Género Dimensión Igualdad Formal Igualdad Sustantiva con Perspectiva de Género Fundamento Art. 4° CPEUM — mismo trato normativo para todos Arts. 1° y 4° CPEUM + CEDAW — mismo resultado material Objetivo Eliminar discriminación directa en la redacción normativa Remover obstáculos estructurales que impiden ejercicio real Presupuesto Las partes son formalmente iguales ante la ley Las partes parten de posiciones históricamente asimétricas Instrumento procesal Aplicación uniforme de la norma a todos los casos Aplicación diferenciada y contextualizada de la norma Rol perspectiva de género Innecesaria (neutralidad del sistema asumida) Condición de validez constitucional de toda resolución Resultado esperado Igualdad de trato formal en la actuación Igualdad de oportunidades y resultados materiales reales Riesgo si se omite Discriminación directa por razón de sexo Discriminación indirecta o estructural (CADH, Art. 1.1) Fuente jurisprudencial — SCJN Jur. 22/2016; Tesis 1a./J. 62/2024 (11a.); Protocolo SCJN 2020 Figura 2. Igualdad formal e igualdad sustantiva en el proceso penal. Elaboración propia con base en Tabla 2 1.2 El Derecho de Acceso a la Justicia en su Dimensión Garantista: Barreras Estructurales y Obligaciones del Estado El derecho de acceso a la justicia —consagrado en el artículo 17 de la CPEUM y en el artículo 8.1 de la CADH— no se agota, desde una perspectiva garantista, en la mera posibilidad formal de acudir ante los órganos jurisdiccionales; implica, por el contrario, el derecho a recibir una respuesta pronta, imparcial, completa y jurídicamente fundada, desprovista de obstáculos económicos, culturales, lingüísticos o discriminatorios que impidan a las personas el ejercicio pleno de sus prerrogativas procesales (SCJN, Tesis 1a./J. 28/2023, 11a.). Específicamente, para las mujeres que se encuentran con ese poder exclusivo para definir lo prohibido y sus consecuencias (ius puniendi), el derecho al acceso a la justicia adquiera una dimensión adicional en su estructura, esto debido a que el acceso efectivo al citado derecho no depende únicamente de la inexistencia de las barreras formales, sino de la capacidad de identificar y neutralizar los sesgos de género que abarcan desde los procesos iniciales de investigación, así como la valoración de la prueba, además de la aplicación de medidas cautelares, así como en su caso, la individualización y ejecución de la sanción penal. Es vital señalar que, en el Informe sobre el informe relativo al Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2007, se identificaron cuatro obstáculos estructurales, mismos que se enuncian a continuación: 1. En la actuación de los operadores jurídicos que omitan la perspectiva de género. 2. El cuestionamiento, mediante estereotipos de género, a la credibilidad de la mujer como sujeto procesal. 3. La carente integración de un contexto de violencia o vulnerabilidad como elemento fáctico relevante. 4. La inexistente defensa técnica y especializada. En el mismo sentido, la Corte IDH, en el Caso González y otras contra México (2009), estableció que el incumplimiento de la obligación de debida diligencia reforzada constituye una violación autónoma al derecho de acceso a la justicia. Figura 3. Barreras estructurales y obligaciones del Estado en el acceso a la justicia con perspectiva de género. Elaboración propia con base en apartado 1.B y referencias a CIDH, Corte IDH y SCJN. La obligación de garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género no recae exclusivamente en el órgano jurisdiccional que dicta la sentencia: alcanza a todos los operadores del sistema penal que intervienen en el proceso —Ministerio Público, defensa, peritos, policía de investigación y autoridades penitenciarias—, quienes, de conformidad con el artículo 1° constitucional y el artículo 1.1 de la CADH, están obligados a actuar con la debida diligencia necesaria para evitar que sus actuaciones generen o profundicen las asimetrías de género. En la medida en que cualquiera de dichos operadores actúe desde la presunción de neutralidad del sistema, se produce lo que puede denominarse una discriminación institucional acumulativa, cuyos efectos se potencian en cada etapa del proceso (Tesis 1a./J. 62/2024, 11a., SCJN). 1.3 La Tutela Judicial Efectiva con Perspectiva de Género: De la Corrección Formal al Imperativo de Justicia Material La tutela judicial efectiva —entendida como el derecho a obtener una resolución judicial fundada, motivada y congruente, dictada en un proceso que respete todas las garantías del debido proceso—, prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la CPEUM y desarrollada por el artículo 25 de la CADH, adquiere su dimensión materialmente igualitaria únicamente cuando la resolución que la concreta incorpora, de manera expresa y razonada, el análisis de las asimetrías de género que condicionaron la situación procesal de la parte cuya tutela se reclama; de ahí que una sentencia condenatoria que omita valorar el contexto de violencia familiar sufrido por la mujer imputada sea formalmente una resolución judicial pero materialmente una negación de tutela, en los términos en que la propia SCJN lo determinó al resolver el Amparo Directo en Revisión 6181/2016. Es preciso indicar que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación exige reforzar con perspectiva de género, a través de su Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género (2020) y mediante el empleo de la Tesis 1a./J. 62/2024 (11a.) para explicitar que el razonamiento judicial debe de cumplir con cuatro elementos vitales, mismos que se enuncian a continuación: a) Exponer la existencia de condiciones asimétricas en el poder, justificadas en el género. b) Manifestar si la norma aplicada produjo un resultado desproporcionado, derivado de la interpretación de criterios androcéntricos. c) Reflejar si el contexto fue valorado como elemento fáctico relevante, considerando que la persona imputada era mujer. d) Detallar la contribución de la resolución en cuanto a la transformación mediante la cual el sistema constitucional erradicó las condiciones estructurales de desigualdad. Tabla 3. Contenido de la Motivación Reforzada con Perspectiva de Género (SCJN, Protocolo 2020 / Tesis 1a./J. 62/2024) Elemento Contenido exigido Fundamento normativo (a) Asimetría de poder Identificar si existieron condiciones de desequilibrio de género que condicionaron la conducta o el proceso Jur. 22/2016 SCJN — Paso 1 (b) Neutralidad de la norma Examinar si la norma aplicada reproduce criterios androcéntricos o produce efectos desproporcionados para la mujer Jur. 22/2016 SCJN — Paso 2 (c) Contexto interseccional Valorar las condiciones de vulnerabilidad (pobreza, violencia previa, maternidad, etnia) como hechos probatorios relevantes Jur. 22/2016 SCJN — Paso 3; Art. 9 Belém do Pará (d) Impacto transformador Verificar si la resolución corrige — o al menos no refuerza — las condiciones estructurales de desigualdad Jur. 22/2016 SCJN — Paso 6; Protocolo SCJN 2020 (e) Lenguaje no estereotipado Usar terminología que no reproduzca mandatos de feminidad ni estereotipos de rol de género Tesis 1a./J. 62/2024 (11a.) SCJN; Jur. 22/2016 — Paso 5 (f) Medidas reparatorias Ordenar medidas que restablezcan las condiciones de igualdad sustantiva y garanticen la no repetición Art. 25 CADH; Corte IDH, Manuela vs. El Salvador (2021) Figura 4. Contenido de la motivación reforzada con perspectiva de género. Elaboración propia con base en Tabla 3, Protocolo SCJN 2020 y Tesis 1a./J. 62/2024. En síntesis resolutiva, puede afirmarse —con respaldo constitucional, convencional y jurisprudencial— que la perspectiva de género constituye la condición estructural sin la cual ni el acceso a la justicia ni la tutela judicial efectiva alcanzan su dimensión garantista en el proceso penal de las mujeres: es el puente técnico entre la legalidad formal del sistema y la justicia material que el Estado constitucional de derecho tiene el ineludible deber de producir. 1.1.0 Crítica Feminista a la Neutralidad Jurídica y el Componente Ideológico del Derecho El pensamiento feminista, entendido como una construcción teórica que se proyecta en la práctica social y jurídica, persigue como uno de sus objetivos fundamentales visibilizar y cuestionar las condiciones de opresión que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos, con la finalidad de transformar dichas estructuras para avanzar hacia una sociedad en la que se reconozca y garantice una igualdad sustantiva y efectiva entre todas las personas (Ricoy, 2015). Sin embargo, más allá de su diversidad y complejidad, los feminismos de la igualdad, el de la diferencia y el de la diversidad coinciden en que la dominación masculina en el Derecho debe problematizarse por generar discriminación en perjuicio de las mujeres (Núñez, 2021). Tabla 4. Corrientes del Feminismo Jurídico: Premisas y Propuestas Corriente Exponentes Premisa crítica Propuesta jurídica Liberal / Igualdad Wollstonecraft, Okin El Derecho excluye formalmente a las mujeres del estatus de sujeto pleno Igualdad formal; extensión de derechos Radical / Dominación MacKinnon, Dworkin El Derecho codifica la dominación masculina y la sexualidad hegemónica Redefinición sustantiva de la igualdad Cultural / Diferencia Gilligan, West El Derecho ignora la ética del cuidado y las experiencias femeninas Reconocimiento de la diferencia; jurisprudencia relacional Postmoderna / Deconstructiva Smart, Olsen, Cornell El Derecho es un discurso productor de subjetividades generizadas Deconstrucción de las categorías jurídicas Interseccional Crenshaw, P.H. Collins El Derecho invisibiliza la articulación de múltiples opresiones Análisis multifactorial del daño Decolonial / del Sur Segato, Lugones, Curiel El Derecho perpetúa la colonialidad del género en América Latina Ruptura con epistemes eurocéntricas Penal feminista latinoamericana Facio, Núñez, Bodelón, Laurenzo El Derecho penal opera como dispositivo de género Garantismo con perspectiva; crítica al punitivismo Figura 5. Corrientes del feminismo jurídico y evolución de la perspectiva de género. Elaboración propia con base en Tablas 4, 15 y 16 Desde un enfoque interseccional y crítico del Derecho, se colige que el Derecho no resulta neutral (Núñez, 2021); por el contrario, está históricamente configurado a partir de relaciones de poder que han invisibilizado, marginado y excluido las experiencias de las mujeres, en particular de aquellas que se encuentran en conflicto con la ley penal (Giacomello, 2013), revelando cómo las normas, procedimientos y prácticas jurídicas reproducen estructuras patriarcales que excluyen, silencian o distorsionan las vivencias de las mujeres (Ulloa, 2021). Los criterios de credibilidad, además de los de racionalidad y peligrosidad, son permeados por la desigualdad en la relación de lo “dado” y la desventaja en “lo normal”, y generan efectos concretos en el ámbito jurídico-penal, pues, al reforzar estereotipos de género, suelen distorsionar la valoración probatoria que realizan los operadores jurídicos, mismos que además inciden en la imposición de medidas cautelares y condicionan la respuesta penal en cuanto a las mujeres que se encuentran en una calidad de imputación. (SCJN, Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 2020). 1.1.1 La Construcción Androcéntrica del Derecho: Del Sujeto Neutro al Sujeto Generizado El Derecho positivo moderno se construyó, históricamente, sobre la ficción de un sujeto jurídico universal, neutro y abstracto —el homo juridicus— cuyas características concretas correspondían, en realidad, al perfil del varón adulto, propietario, blanco y heterosexual que monopolizó la producción normativa desde la codificación del siglo XIX (Cubillos, 2015); ficción que el Derecho penal reprodujo con particular intensidad, al construir sus tipos penales, sus criterios de imputabilidad y sus estándares de razonabilidad a partir de la experiencia masculina como medida implícita de lo jurídicamente relevante (MacKinnon, 1989). Se advierte que dicha operación no fue ideológicamente inocente: al presentar como universal lo que era particular, el sistema normativo logró que las asimetrías de género quedaran invisibilizadas como mero dato natural, sustrayéndolas del escrutinio crítico que el principio de igualdad del artículo 1° de la CPEUM exige aplicar. Cabe sostener, con Alda Facio (1992), que el androcentrismo jurídico opera en el Derecho penal en tres niveles que se refuerzan mutuamente: el nivel formal-normativo, donde los tipos penales describen conductas y contextos que reflejan la criminalidad masculina como paradigma; el nivel estructural-procesal, donde los estándares de valoración de la prueba y los juicios de proporcionalidad de la pena se calibran conforme a experiencias masculinas asumidas como universales; y el nivel político-cultural, donde las resistencias institucionales a la aplicación de la perspectiva de género revelan la persistencia de una cultura jurídica que ve en dicha metodología una amenaza a la neutralidad del sistema. Tabla 5. Niveles del Androcentrismo Jurídico y Respuestas Garantistas Nivel Manifestación en el Derecho penal Respuesta garantista con perspectiva de género Formal-normativo Tipos penales que describen conductas y contextos masculinos como paradigma de criminalidad Interpretación conforme al bloque de constitucionalidad; Art. 1° CPEUM + Jur. 22/2016 SCJN Estructural-procesal Estándares de credibilidad, valoración de prueba e individualización de pena calibrados en experiencias masculinas Motivación reforzada con PG; exclusión del conocimiento estereotípico (Tesis 1a./J. 62/2024) Político-cultural Resistencia institucional a la aplicación de la PG como amenaza a la neutralidad del sistema Capacitación obligatoria; control de convencionalidad (Art. 1° CPEUM); Protocolo SCJN 2020 Probatorio Invisibilización de contextos de violencia previa, dependencia y vulnerabilidad como hechos relevantes Prueba contextual y pericial de género; método inductivo 6 pasos (Jur. 22/2016) Penológico Doble penalización por transgredir simultáneamente una norma penal y un mandato de feminidad Traslación del tipo; proporcionalidad de la pena; circunstancias atenuantes (Art. 410 CNPP) Figura 6. Niveles del androcentrismo jurídico y respuestas garantistas. Elaboración propia con base en Tabla 5 y apartado 1.1.A 1.1.2 El Derecho Penal como Dispositivo de Género: Tipos, Estereotipos y Doble Penalización El concepto de dispositivo de género —acuñado por Lucía Núñez (2021)— designa la función que el Derecho penal cumple no solo al sancionar conductas delictivas, sino al reforzar, mediante la amenaza punitiva, los mandatos de feminidad hegemónica que el sistema patriarcal impone a las mujeres; mecanismo que opera con particular eficacia en aquellos delitos donde la conducta de la mujer imputada transgrede, simultáneamente, una prohibición penal y una expectativa de rol de género, generando lo que en la doctrina penal feminista se denomina doble penalización: la mujer es castigada por el delito y, adicionalmente, por haber transgredido el rol que se le asignaba (Giacomello, 2013; Di Corleto, 2025). La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Tesis 1a./J. 62/2024 (11a.), le exige a las personas juzgadoras que eviten expresar o plantear premisas basadas en estereotipos de género. Asimismo, como el Código Nacional de Procedimientos Penales (2014) deja en manos de la persona juzgadora la discrecionalidad, se permite la existencia de una doble penalización al momento de realizar la valoración probatoria. Puesto que el dispositivo de género opera con mayor intensidad en la etapa de valoración de la prueba —que la doctrina procesal contemporánea, con Miranda Estrampes (2012), concibe como el momento en que la verdad forense se construye o se distorsiona según los esquemas cognitivos del juzgador—, resulta imprescindible que todos los operadores del proceso identifiquen, desde la teoría del caso, los posibles sesgos de género que podrían contaminar la cadena de razonamiento probatorio. Tabla 6. El Dispositivo de Género en las Etapas de la Valoración Probatoria Etapa del juicio oral Mecanismo del dispositivo de género Sesgo típico Corrección garantista Apertura del juicio Narrativa del MP construida sobre estereotipos de rol femenino Presentación de la imputada como "mala madre" o "mujer violenta" Teoría del caso con perspectiva de género desde la investigación inicial Prueba testimonial Criterios de credibilidad fundados en comportamiento esperado de la mujer Descrédito del testimonio femenino por "comportamiento contradictorio" Valoración contextual; exclusión del conocimiento estereotípico (Tesis 1a./J. 62/2024) Prueba pericial Ausencia de peritaje de género y trauma que contextualice la conducta Criminalización sin comprensión del contexto de violencia crónica Pericial psicológica con enfoque de trauma y violencia de género Alegatos de clausura Argumentación que recurre a mandatos de feminidad para construir el dolo Imputación de premeditación fundada en comportamiento "calculador" estereotipado Objeción procesal; Miranda Estrampes: "la verdad no puede investigarse a cualquier precio" Individualización de la pena Ponderación de atenuantes sin considerar el contexto de asimetría de poder Condenas desproporcionadas que ignoran la interseccionalidad Método de 6 pasos SCJN; Art. 410 CNPP; Reglas de Bangkok Figura 7. Dispositivo de género y doble penalización en la valoración probatoria. Elaboración propia con base en Tabla 6 y apartado 1.1.B 1.1.3 La Neutralidad Jurídica como Obstáculo Epistémico: Hacia una Hermenéutica Garantista con Perspectiva de Género La pretensión de neutralidad del Derecho penal constituye, desde la crítica feminista al Derecho, no un atributo de rigor científico sino un obstáculo epistémico: una ilusión de objetividad que impide al operador jurídico advertir los sesgos implícitos que condicionan su lectura de los hechos, su valoración de la prueba y su determinación de la norma aplicable (Smart, 1989; Olsen, 1990). Cabe sostener que una hermenéutica jurídica genuinamente garantista debe incorporar, como parte de su método, la capacidad reflexiva de identificar los propios sesgos del intérprete y de someterlos al escrutinio que el bloque de constitucionalidad —artículos 1°, 4° y 17 de la CPEUM, en conjunción con los artículos 1.1 y 24 de la CADH— impone a toda actuación de los órganos del Estado. En síntesis resolutiva, la crítica feminista a la neutralidad jurídica no persigue sustituir la objetividad del Derecho por la subjetividad del género: persigue, antes bien, sustituir la falsa objetividad del androcentrismo por la objetividad auténtica que solo se alcanza cuando el operador jurídico reconoce los condicionamientos estructurales de su propia perspectiva y los somete al control metodológico que la Jurisprudencia 22/2016 de la SCJN sistematizó en el método de seis pasos. 1.2.0 Hacia una Justicia Transformadora: Propuestas desde el Feminismo Jurídico Las metodologías del feminismo jurídico, entendidas como herramientas dogmáticas, permiten cuestionar la neutralidad aparente del Derecho y evidenciar cómo este se torna reproductor de desigualdades de género (Facio, 1992), proponiendo formas de intervención que promuevan la justicia sustantiva para las mujeres e incluyendo una visión interseccional (Zuloaga Thomassiny, 2022). La teoría feminista jurídica propone una justicia transformadora que reconozca la diversidad de experiencias, que incorpore el trato diferenciado como principio rector y que se oriente a la reparación integral y la no repetición (Bodelón, 2008; Fraser, 2011). Tabla 7. Dimensiones de la Justicia Transformadora (Fraser, 2011) Dimensión Concepto central Obstáculo típico Respuesta transformadora Ejemplo operativo Redistribución Justicia económica y de recursos Pobreza estructural criminalizada; defensa precaria Asignación equitativa de recursos procesales Defensoría especializada en género Reconocimiento Justicia cultural y simbólica Estereotipos judiciales; desvalorización del testimonio femenino Deconstrucción del estereotipo; valoración contextual Aplicación del Protocolo SCJN 2020 Representación Justicia política y procesal Exclusión en construcción de norma y precedente Participación paritaria; amicus curiae feministas Composición diversa del órgano jurisdiccional 1.2.1 La Justicia Restaurativa como Alternativa al Punitivismo: Fundamentos Constitucionales y Límites Garantistas La justicia restaurativa —entendida como el conjunto de mecanismos de solución del conflicto penal que priorizan la reparación del daño y la reintegración sobre la imposición de una pena privativa de libertad—, prevista en el artículo 17, párrafo quinto, de la CPEUM y desarrollada procesalmente en los artículos 184 a 210 y 256 del CNPP, adquiere una dimensión específicamente garantista en el caso de las mujeres procesadas penalmente, en la medida en que la imposición de una pena privativa de libertad no solo afecta a la mujer imputada sino que desencadena un efecto de victimización secundaria sobre sus hijas, hijos y personas dependientes que el Estado tiene el deber de prevenir (Di Corleto, 2025). No obstante, no es posible concebir a la justicia restaurativa como una alternativa para eludiar la sanción en contextos de violencia contra la mujer, siendo este el momento en el que la ruptura paradigmática fundamente radica. Ante lo anterior, es importante recordar la advertencia realizada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2007, la aplicación de la justicia restuarativa debe de aplicarse bajo la mediación de condiciones de igualdad, toda vez que al no hacerlo se reproducirían las mismas asimetrías que son comunes en el proceso penal ordinario. Para la aplicación de la articulación entre la justicia restaurativa y la perspectiva de género, es preciso sostener que, conforme al artículo 256 del CNPP, el órgano jurisdiccional debe verificar tres puntos elementales: Primero: No debe existir violencia activa y potencialmente generadora de un desequilibrio de poder incompatible con la voluntad del acuerdo. Segundo: Que no existan condiciones que comprometan la autenticidad del consentimiento de la mujer imputada. Tercero: Que sean incorporadas medidas que atiendan las causas estructurales del delito, sin limitar la reparación a un intercambio económico en el acuerdo reparatorio, para no invisibilizar el contexto de vulnerabilidad interseccional que viven aún las mujeres. Tabla 8. Mecanismos Alternativos de Solución con Perspectiva de Género: Procedencia, Límites y Garantías Mecanismo Fundamento normativo Condición de procedencia con PG Límite garantista Fuente doctrinal Acuerdo reparatorio Art. 186-210 CNPP Ausencia de coerción; equilibrio de poder verificado Prohibición en delitos de violencia familiar activa (Art. 192 CNPP) UNODC 2020; Di Corleto 2025 Suspensión condicional Art. 191-203 CNPP Plan de sanación que atiende causas estructurales Supervisión judicial de cumplimiento con PG SCJN Protocolo 2020 Criterio de oportunidad Art. 256 CNPP Posición marginal en la red delictiva; vulnerabilidad No aplicable si hay víctimas sin reparación garantizada CIDH 2007; Vigna 2022 Procedimiento abreviado Art. 201-207 CNPP Consentimiento libre e informado con defensa especializada Revisión de la proporcionalidad de la pena acordada Miranda Estrampes 2012 Justicia restaurativa comunitaria Belém do Pará, Art. 7 Participación activa de la mujer sin coacción del entorno Prohibición cuando el contexto comunitario reproduce la violencia Segato 2016; UNODC 2021 Figura 8. Justicia transformadora y condiciones garantistas de la justicia restaurativa. Elaboración propia con base en Tablas 7 y 8 1.2.2 La Deconstrucción de los Tipos Penales desde el Feminismo Jurídico: Proporcionalidad, Contexto y Traslación del Tipo La deconstrucción de los tipos penales desde el feminismo jurídico no persigue la impunidad, sino la proporcionalidad: parte de la premisa constitucional —derivada del principio de culpabilidad consagrado en el Derecho Penal del Acto y del mandato de proporcionalidad implícito en el artículo 22 de la CPEUM— de que la norma penal debe aplicarse conforme al contexto fáctico real en que se produjo la conducta, y no conforme a una lectura androcéntrica que presupone que el sujeto activo opera siempre en condiciones de autonomía plena y ausencia de coerción (Zaffaroni, 2017). Se advierte que la figura de la traslación del tipo —desarrollada por la SCJN en el ADR 6181/2016 y en la Jurisprudencia 22/2016— consiste en la operación hermenéutica por la cual el órgano jurisdiccional identifica que los hechos probados no encuadran en el tipo penal imputado sino en una figura que sí contempla el contexto de asimetría de poder, la reacción defensiva frente a la violencia crónica o la inexigibilidad de una conducta distinta. Cabe sostener que la traslación del tipo no es una creación judicial extra legem: es una exigencia del principio de tipicidad estricta, entendida no como prohibición de toda interpretación sino como mandato de que la conducta realmente probada —con todos sus elementos contextuales— sea subsumida en la descripción típica que mejor la describe. En consecuencia, puesto que Miranda Estrampes (2012) advierte que la verdad procesal no puede construirse ignorando deliberadamente los elementos de contexto que condicionan el significado de la conducta, el análisis dogmático del tipo penal aplicable debe incorporar las circunstancias de violencia previa, dependencia coercitiva, estado de necesidad o inexigibilidad de otra conducta en los términos de los artículos 15 y 16 del Código Penal Federal. Tabla 9. Traslación del Tipo con Perspectiva de Género: Figuras, Requisitos y Jurisprudencia Figura jurídica Supuesto fáctico típico Requisitos probatorios Fundamento normativo Ref. jurisprudencial Legítima defensa (Art. 15 II CPF) Mujer que mata o lesiona a su agresor en contexto de violencia crónica Acreditación del ciclo de violencia previa; nexo causal entre agresión y respuesta Art. 15, fracc. II CPF; Art. 406 CNPP ADR 6181/2016 SCJN; Jur. 22/2016 Estado de necesidad (Art. 15 IV CPF) Mujer que comete delito patrimonial para sostener económicamente a sus hijos Situación de pobreza estructural; ausencia de alternativas razonables; interés jurídico mayor Art. 15, fracc. IV CPF; Art. 9 Belém do Pará Protocolo SCJN 2020; Reglas de Bangkok, Regla 58 Inexigibilidad (Art. 15 IX CPF) Mujer que participa en delito bajo coerción directa o amenaza grave de su pareja o red delictiva Acreditación de la coerción mediante peritaje de género y trauma; ausencia de voluntariedad real Art. 15, fracc. IX CPF; Miranda Estrampes 2012 CIDH 2007; Vigna 2022; ADR 1754/2015 SCJN Preterintencionalidad (Art. 19 CPF) Resultado más grave que el pretendido en contexto de violencia sin planificación Ausencia de dolo directo; resultado no previsto; nexo con acción imprudente Art. 19 CPF; Art. 410 CNPP (atenuantes) Jur. 22/2016 SCJN; Tesis 1a./J. 62/2024 Figura 9. Traslación del tipo con perspectiva de género. Elaboración propia con base en Tabla 9 y apartado 1.2.B 1.2.3 La Reinserción Social con Perspectiva de Género: Los Cinco Medios Constitucionales y el Rol del Juez de Ejecución La reinserción social —que el artículo 18, párrafo segundo, de la CPEUM consagra como el fin constitucional de la pena privativa de libertad en sustitución del vetusto concepto de readaptación social— no se agota, desde la perspectiva garantista que Sarre (2010) sistematizó, en el cumplimiento formal de los programas institucionales de reclusión: exige que la ejecución de la sanción se oriente, de manera efectiva, a restablecer las condiciones que permitan a la persona sentenciada ejercer plenamente su ciudadanía al concluir su internamiento. Los cinco medios constitucionales de reinserción, que consta de capacitación para trabajar, educación, salud y deporte, esto debido a que las mujeres privadas de la libertad se enfrentan a la ausencia de redes de apoyo o bien, los traumas provocados por la situación generada por la violencia, así como la responsabilidad de cuidados a los hijos menores de edad. Reglas de Bangkok, 2010, Reglas 41 a 43). Se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP, 2016), en sus artículos 10, 33 y 36, reconoce explícitamente que las condiciones de internamiento de las mujeres privadas de la libertad deben atender a sus necesidades diferenciadas; sin embargo —y aquí opera la ruptura paradigmática—, el reconocimiento normativo de dichas necesidades no se traduce automáticamente en práctica institucional. Cabe sostener, en consecuencia, que la judicialización de la ejecución penal a través del juez de ejecución previsto en el artículo 25 de la LNEP no es una opción de política pública sino un mandato constitucional: el control judicial de las condiciones de internamiento es la única garantía efectiva de que la pena no se convierte en una segunda victimización. Tabla 10. Los Cinco Medios Constitucionales de Reinserción Social con Perspectiva de Género Medio constitucional (Art. 18 CPEUM) Expresión general Expresión diferenciada para mujeres Control judicial (LNEP, Art. 25) Estándar internacional Trabajo penitenciario Talleres productivos con valor laboral real Oficios no estereotipados; reconocimiento del trabajo de cuidados intramuros Verificación de remuneración justa; no trabajo como castigo Reglas de Bangkok 42; Reglas Mandela 96-103 Capacitación para el trabajo Cursos de formación básica y técnica Acceso a capacitación no condicionada al rol de género; formación en habilidades digitales Supervisión de contenidos sin sesgo de género Reglas de Bangkok 42; CEDAW Rec. Gral. 25 Educación Acceso a educación básica, media y superior Programas flexibles para madres con hijos menores en reclusión; educación para la autonomía Control de acceso efectivo; no denegación por conducta disciplinaria Reglas de Bangkok 41; Reglas Mandela 104 Salud Atención médica general Salud reproductiva, mental, perinatal y con enfoque de trauma de género Auditoría de calidad de atención; garantía de continuidad del tratamiento Reglas de Bangkok 10-18; LNEP Art. 36 Deporte Actividades físicas y recreativas Espacios sin segregación sexual que refuerce roles; deporte como herramienta de salud mental Verificación de acceso efectivo sin restricciones punitivas Reglas de Bangkok 43; Reglas Mandela 105 Figura 10. Los cinco medios constitucionales de reinserción social con perspectiva de género. Elaboración propia con base en Tabla 10 y apartado 1.2.C 1.3.0 Interseccionalidad: Los Obstáculos Invisibles en el Sistema de Justicia Penal Tal y cómo lo propone Kimberlé Crenshaw (1991) es indispensable aplicar un enfoque interseccional para lograr comprender como diversas categorías sociales, llámasse género, raza, maternidad, entre otras, se entrelazan para configurar de manera compleja la experiencia de las mujeres inmersas en el sistema penal. Razón por la que la interseccionalidad jurídica debe de concebirse como un marco que contemple dimensiones analíticas y normativas, mismas que permiten accionar desde dos posiciones, la primera de diagnóstico y de identificación, la segunda posición de acción consta de corrección a la generación de desigualdades, permitiendo así, adecuar la conducta, cuando diversos ejes de subordinación operan de forma simultánea. Cabe señalar que en el artículo 9 de la Convención de Belém do Pará se establece expresamente el enfoque interseccional como marco protector de la situación vulnerable de las mujeres afectadas por distintos factores de discriminación. Tabla 11. Interseccionalidad en las Etapas del Proceso Penal Etapa procesal Eje de desigualdad Manifestación Intervención con perspectiva Investigación inicial Género + pobreza Defensa precaria; sesgo del MP Asistencia técnica especializada Imputación Género + etnia Barreras lingüísticas y culturales Intérprete y traductor cultural Medidas cautelares Género + maternidad Prisión preventiva desproporcionada Medidas no privativas (Reglas de Bangkok) Etapa intermedia Género + clase Asimetría probatoria Prueba contextual y pericial de género Juicio oral Género + orientación sexual Estereotipos en valoración del testimonio Aplicación del Protocolo SCJN Individualización de la pena Género + salud mental Desconocimiento del trauma Pericial psicológica con enfoque de trauma Ejecución penal Género + discapacidad Inaccesibilidad material de la pena Ajustes razonables; judicialización Se advierte que la SCJN ha propuesto, a través de su Protocolo, elementos para juzgar con perspectiva de género en el ámbito de la justicia penal, incluyendo la identificación de marcadores de desigualdad, la deconstrucción de estereotipos, el ajuste de la teoría del caso y la motivación de decisiones con explicitación de impactos diferenciados (SCJN, 2022, 2024). En el plano regional, la Corte Interamericana ha desarrollado la debida diligencia reforzada y un control anti-estereotipos en violencia sexual y reproductiva, obligando a integrar vulnerabilidades interseccionadas en investigación, prueba, medidas y reparación (Manuela vs. El Salvador, 2021; Brisa De Angulo vs. Bolivia, 2022; Beatriz vs. El Salvador, 2024). 1.3.1 La Interseccionalidad como Categoría Jurídica: Fundamento Constitucional y Obligación del Estado Mexicano La interseccionalidad —entendida, en su dimensión jurídica, como el principio hermenéutico que obliga al operador de justicia a identificar y ponderar la concurrencia simultánea de múltiples ejes de subordinación en la situación procesal de la persona imputada— no es una construcción teórica ajena al Derecho positivo mexicano: se encuentra anclada, con rango constitucional y convencional, en la prohibición general de discriminación del artículo 1°, párrafo tercero, de la CPEUM, que interdicta toda distinción motivada por el origen étnico, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición de salud, la religión, la situación migratoria o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Cabe sostener que el principio de interseccionalidad se distingue de la mera acumulación de categorías de discriminación en un aspecto dogmáticamente decisivo: mientras el análisis aditivo suma factores de vulnerabilidad de forma lineal, el análisis interseccional indaga cómo dichos factores se co-constituyen, produciendo una experiencia de discriminación cualitativamente distinta y más grave que la suma de sus partes (Crenshaw, 1991; Collins, 2000); diferencia que en el ámbito procesal implica que la persona juzgadora no puede limitarse a "añadir" atenuantes, sino que debe construir una comprensión integral del contexto que explique por qué la conducta de la mujer imputada solo es inteligible si se considera la confluencia de todos los ejes de subordinación que estructuran su posición en el sistema social. Tabla 12. Fundamentos Constitucionales y Convencionales de la Interseccionalidad en el Proceso Penal Mexicano Instrumento normativo Disposición específica Obligación interseccional derivada Alcance para el operador judicial CPEUM, Art. 1°, párr. 3° Prohibición de discriminación por cualquier condición personal Identificar todos los ejes de subordinación presentes en el caso concreto Fundamento de la motivación reforzada interseccional Convención de Belém do Pará, Art. 9 Atención a la situación de vulnerabilidad múltiple de la mujer Ponderar raza, etnia, edad, clase, migración como agravantes del riesgo Aplicación obligatoria en toda etapa del proceso penal CEDAW, Rec. General Nº 28 (2010) Interseccionalidad como marco analítico de la discriminación de género Analizar cómo el género interactúa con otras identidades sociales Vinculante para el Estado mexicano como intérprete de la CEDAW SCJN, Protocolo 2020 Identificación de marcadores de desigualdad interseccionales Aplicar el análisis multifactorial en la construcción de la teoría del caso Obligación para todas las autoridades jurisdiccionales Corte IDH, Manuela vs. El Salvador (2021) Vulnerabilidades interseccionales: pobreza, género, ruralidad, salud Integrar todos los factores en investigación, prueba, medidas y reparación Precedente vinculante vía control de convencionalidad (Art. 1° CPEUM) Tesis 1a./J. 62/2024 (11a.) SCJN Prohibición de estereotipos en la valoración de hechos y prueba Excluir razonamientos fundados en características personales asumidas como fijas Regla de exclusión del conocimiento no fundamentado en el juicio oral 1.3.2 Ejes de Subordinación en el Sistema de Justicia Penal de Nuevo León: Género, Clase, Etnia y Maternidad El sistema de justicia penal del Estado de Nuevo León actúa sobre una realidad regional en la que la desigualdad estructural se expresa a través de múltiples ejes de subordinación que convergen, con especial intensidad, en las trayectorias de vida de las mujeres que ingresan al sistema penitenciario nuevoleonés. En este sentido, es preciso traer a colación el Censo Nacional de Sistema Penitenciario (INEGI, 2024), en el cual se identificaron cuatro ejes de subordinación que operan de forma interseccional: el primero de estos ejes es el de género, el cual define la desigualdad base que existe entre la mujer en calidad de imputada y las personas operadoras del sistema, como segundo eje tenemos el llamado “eje de clase”, el cual determina la influencia en el alcance a una defensa técnica especializada, así como lo complementario en el proceso de investigación como lo es la disposición de recursos probatorios, en un tercer término se encuentra el eje de etnia y orígen, este se actúa como impedimento lingüístico, epistémico y hasta cultural, por último es preciso señalar que el cuarto elemento denominado como el eje de maternidad que limita y reproduce consecuencias en las redes de cuidado. No obstante, pese al reconocimiento formal del derecho contemplado en el artículo 20, apatado B, fracción VIII, de nuestra CEPUM, no se logra satisfacer el estánder material de la defensa efectiva que sostiene la Tesis 1a./J. 28/2023 (11a.), esto debido a que se actúa sin especialización en perspectiva de género, por lo tanto no se logra acceder de forma integral al derecho de acceso a la justicia. En cuanto al eje de maternidad, cabe sostener que su incorporación al análisis interseccional honra el principio constitucional del interés superior de la niñez consagrado en el artículo 4°, párrafo noveno, de la CPEUM, que obliga a toda autoridad a priorizar los derechos de los niños en todas las decisiones que les afecten. Tabla 13. Ejes de Subordinación Interseccional en el Proceso Penal de Nuevo León: Manifestaciones, Indicadores y Respuestas Eje de subordinación Manifestación procesal en Nuevo León Indicador empírico Respuesta garantista con perspectiva de género Género Asimetría estructural en la valoración probatoria y en la imposición de medidas cautelares 56.4% de mujeres con PPO vs. 46.2% de hombres (Censo Penitenciario 2024); brecha de 10.2 pp Método de 6 pasos SCJN (Jur. 22/2016); motivación reforzada (Tesis 1a./J. 62/2024) Clase socioeconómica Defensa técnica precaria; imposibilidad de costear peritaje de género y trauma 74% de mujeres privadas de libertad reportan deudas al momento de la detención (ENPOL 2021) Defensoría especializada en perspectiva de género; prueba contextual aportada de oficio Maternidad Imposición de PPO sin valoración del impacto sobre hijos menores dependientes 5.8% de mujeres reclusas con hijos menores de 12 años viviendo en el centro (ENPOL 2021) Consideración del interés superior del niño (Art. 4° CPEUM); Reglas de Bangkok 2-4 y 64 Etnia y origen Barreras lingüísticas y culturales que afectan la comprensión del proceso Sin dato específico para NL; CNDH 2022 identifica pauta nacional de invisibilización Intérprete cultural certificado; peritaje antropológico; Art. 20-B-VI CPEUM Condición de salud mental Desconocimiento del trauma complejo como variable atenuante de la responsabilidad 15.5% de mujeres reportan agresión sexual post-detención vs. 3.2% de hombres (ENPOL 2021) Peritaje psicológico con enfoque de trauma; Art. 410 CNPP (circunstancias atenuantes) Situación migratoria Doble vulnerabilidad: proceso penal + riesgo de deportación sin garantías procesales Datos no sistematizados en NL; CIDH 2007 documenta la pauta regional Coordinación interinstitucional; garantía de derechos consulares (Art. 36 Convención de Viena) Figura 11. Interseccionalidad y ejes de subordinación en el proceso penal de Nuevo León. Elaboración propia con base en Tablas 11 a 14 y apartado 1.3. 1.3.3 La Interseccionalidad en la Práctica Judicial: Del Análisis Abstracto a la Motivación Concreta Cabe sostener que el método de seis pasos consagrado en la Jurisprudencia 22/2016 de la SCJN constituye precisamente el instrumento procesal que hace operativa la interseccionalidad en el juicio oral: los pasos uno y dos establecen el marco estructural; los pasos tres y cuatro constituyen el núcleo del análisis fáctico; y los pasos cinco y seis garantizan que la resolución produzca un efecto materialmente transformador. Se advierte que el momento procesal en que la interseccionalidad presenta mayor relevancia práctica es la audiencia de individualización de la pena prevista en el artículo 409 del CNPP, pues es en dicho momento donde la persona juzgadora debe integrar, de manera coherente, el conjunto de elementos contextuales —las condiciones de vida de la sentenciada, sus antecedentes de violencia, sus responsabilidades de cuidado, su situación económica y su posición marginal en la estructura delictiva— para determinar la sanción que, en los términos del artículo 22 de la CPEUM, sea proporcional a la conducta acreditada y no a la identidad estereotipada que el sistema le atribuye. Tabla 14. La Interseccionalidad en el Método de Seis Pasos (SCJN, Jur. 22/2016): Operacionalización Práctica Paso Operación metodológica Componente interseccional Preguntas guía para la persona juzgadora Paso 1: Asimetría de poder Identificar desequilibrios de poder por razón de género ¿Cuáles ejes de subordinación (clase, etnia, maternidad, salud) concurren con el género? ¿La imputada se encontraba en una posición de doble o múltiple vulnerabilidad al momento del hecho? Paso 2: Neutralidad de la norma ¿La norma afecta de forma desproporcionada? ¿La norma ignora el contexto interseccional? ¿La norma produce un resultado más gravoso? Paso 3: Contexto interseccional ¿Qué vulnerabilidades concurren en el caso? ¿Qué pruebas acreditan las vulnerabilidades? ¿La defensa aportó peritajes interseccionales? Paso 4: Desventaja real ¿La imputada estaba en desventaja real? ¿Las vulnerabilidades explican la conducta? ¿La imputada tuvo recursos para comprender el proceso? Paso 5: Lenguaje incluyente ¿La resolución evita estereotipos? ¿La motivación evita estereotipos? ¿La resolución reconoce los ejes interseccionales? Paso 6: Aplicación transformadora ¿La decisión corrige la desigualdad identificada? ¿La sanción es proporcional al contexto? ¿La resolución ordena medidas reparatorias estructurales? "La interseccionalidad no es una complejización académica del proceso penal: es la condición epistemológica sin la cual la perspectiva de género permanece ciega a los obstáculos invisibles que determinan, en la práctica cotidiana del sistema de justicia, quién accede a una defensa efectiva, quién recibe una condena proporcional y quién padece la reproducción institucional de la misma desigualdad que el Estado tiene el deber constitucional de erradicar." — Síntesis resolutiva del apartado 1.3 — Dra. Patricia Eugenia Quintana Rivera (2026) Figura 12. Método de seis pasos para juzgar con perspectiva de género. Elaboración propia con base en Figura 1, Tabla 17 y Jurisprudencia 22/2016 de la SCJN. 2. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO JURÍDICO El concepto de género, explicado por Butler (2024), es entendido como una construcción social y cultural que asigna diversos elementos, como roles, atributos y expectativas en razón del sexo, y ha experimentado cambios desde enfoques binarios dirigidos hacia una mirada interseccional más compleja. Pensadoras como Simone de Beauvoir (1949), Joan Scott (2020) y Judith Butler (2024) han construido cambios estructurales y conceptuales desde una categoría analítica que cuestiona la composición jurídica, misma que opera y perpetúa la subordinación de géneros (Araya Umaña, 2015). Tabla 15. Evolución Conceptual de la Perspectiva de Género en el Derecho Fuente Año Definición operativa Énfasis metodológico CEDAW (ONU) 1979 Marco para eliminar discriminación estructural Igualdad sustantiva Belém do Pará (OEA) 1994 Instrumento frente a violencia como violación de DDHH Debida diligencia reforzada Alda Facio 1992 Metodología de análisis de sesgos sexistas del Derecho Deconstrucción normativa SCJN (Tesis XXVII/2017) 2017 Categoría analítica de construcciones culturales masculino/femenino Analítica cultural ADR 1754/2015 SCJN 2015 Método de análisis basado en diferencias asignadas por construcción del género Identificación y corrección Ulloa Cuéllar 2021 Paradigma de análisis social de asignación de roles diferenciados Paradigmática crítica López Sánchez et al. 2024 Instrumento de análisis para promover situaciones de equidad Operativa transformadora Protocolo SCJN 2020 Metodología de 6 pasos para la función jurisdiccional Procedimental judicial En el Derecho, la perspectiva de género se consolida como una herramienta teórica, metodológica y normativa con la cual resulta posible visibilizar, analizar y transformar las relaciones de poder que a lo largo de la historia han provocado desigualdades entre mujeres y hombres (López Sánchez et al., 2024); su incorporación ha significado admitir que el Derecho no es neutro (Lamas, 2025), que se ha construido sobre estructuras sociales que reproducen estereotipos y discriminan, afectando de forma distinta a las mujeres, lo que se agudiza en el escenario penal (Buenrostro, 2022). 2.1 De la Distinción Sexo/Género a la Categoría Analítica Jurídica: Trayectoria Conceptual La distinción fundacional entre sexo —entendida como la diferencia biológica y anatómica entre cuerpos— y género —concebido como el conjunto de roles, atributos, comportamientos y expectativas que la cultura asigna a dicha diferencia— constituye el punto de partida conceptual sin el cual la perspectiva de género carece de contenido metodológico; distinción que Simone de Beauvoir (1949) anticipó con su célebre tesis de que "no se nace mujer, se llega a serlo", y que la teoría feminista contemporánea ha refinado hasta reconocer, con Joan W. Scott (2020), en su reflexión agrega a la teoría de su predecesora que organiza las estructurs de poder en todos los sectores de la vida social, en el que se incluye el ámbito jurídico. Además de lo anteriormnete manifestado, es preciso agregar que en el derecho positivo corresponde un rango constitucional la prohíbición de cualquiera de las manifetación que devengan de discriminación debe de ser identificada, localizada, cuestionada y transformada, para que la norma jurídica actué en pro de la naturaleza de imperativo hermenéutico. En esta misma sintonía, la evolución del concepto de perspectiva de género que permeó el ámbito jurídico dibuja tres etapas doctrinales: el denominado por Facio (1992), como feminismo liberal de igualdad, movimiento doctrinal que orientó las reformas legales realizadas en el siglo XX, mismo que tuvo efectos positivos como la equiparación formal entre hombres y mujeres, pero a la vez reflejó la existencia de limitaciones en que la igualdad en el trato no reproducía resultados en la práctica; como segundo momento doctrinal tenemos el feminismo de diferencia y feminismo radical, en el que conjuntamente MacKinnon y Smart, en 1989, identificaron al derecho como un sistema que inicia y mantiene la dominación masculina y no como un sistema neutral, como comúnmente era pensado; por último, la cuarta evolución del movimiento doctrinal, el cual fue denominado como feminismo interseccional y decolonial, que cumplió más como un criterio doctrinal que añadió a la crítica del androcentrismo jurídico, a partir de la identificación como un sistema no neutral, en la dimensión de la pluralidad de opresiones que es víctima la mujer, siendo estas por motivos discriminatorios como cuestiones raciales, empobrecimiento y las mujeres que se encuentran en un proceso penal (Crenshaw, 1991; Segato, 2016). No obstante la riqueza de esta trayectoria conceptual, se advierte que la incorporación de la perspectiva de género al Derecho positivo mexicano no siguió una trayectoria lineal: fue el resultado de una serie de intervenciones jurídicas de carácter convencional —la ratificación de la CEDAW en 1981, la adhesión a Belém do Pará en 1998 y la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011— que obligaron al sistema jurídico nacional a reorientar su interpretación de la igualdad desde una dimensión formal hacia una dimensión sustantiva. En la medida en que el artículo 1° de la CPEUM incorpora, tras la reforma de 2011, la cláusula de interpretación pro persona y el principio de no discriminación como mandatos de observancia obligatoria para todas las autoridades del Estado, la perspectiva de género adquiere el carácter de condición estructural de validez constitucional de toda actuación del poder público que incida en los derechos de las mujeres. Tabla 16. Trayectoria Conceptual de la Perspectiva de Género: De la Igualdad Formal al Método Judicial Momento / Corriente Período Premisa sobre el Derecho Límite identificado Aportación metodológica al proceso penal Feminismo liberal de igualdad S. XVIII–XX El Derecho excluye formalmente a las mujeres; corregirlo basta La igualdad de trato no produce igualdad de resultados Eliminación de restricciones explícitas; capacidad jurídica plena Feminismo radical / dominación 1960s–1980s El Derecho codifica la dominación masculina estructural La igualdad formal reproduce la desigualdad si el parámetro es masculino Redefinición sustantiva de la igualdad; crítica de los tipos penales androcéntricos Feminismo cultural / diferencia 1970s–1990s El Derecho ignora la experiencia femenina y la ética del cuidado La diferencia puede esencializar y biologizar las categorías Reconocimiento del contexto de vida como hecho probatorio relevante Feminismo interseccional 1990s–presente El Derecho invisibiliza la articulación de múltiples opresiones La interseccionalidad abstracta sin anclaje normativo es retórica sin garantías Análisis multifactorial; motivación reforzada interseccional (Jur. 22/2016 SCJN) Feminismo decolonial latinoamericano 2000s–presente El Derecho reproduce la colonialidad del género desde epistemes eurocéntricas El riesgo de fragmentación que dificulta la aplicación judicial unificada Lectura contextualizada de la norma; integración de realidades de mujeres marginalizadas PG como metodología judicial (SCJN) 2015–presente El Derecho penal debe garantizar igualdad sustantiva mediante método explícito La resistencia institucional a la aplicación sistemática del método Protocolo 2020; Jur. 22/2016; Tesis 1a./J. 62/2024: regla de exclusión del estereotipo 2.2 La Perspectiva de Género como Metodología Jurisdiccional: De la Teoría al Método de Seis Pasos Cabe sostener que el tránsito de la perspectiva de género desde el plano de la teoría feminista hacia el plano del método jurisdiccional obligatorio constituye el salto cualitativo más significativo en la historia de la incorporación del género al Derecho positivo mexicano; salto que la SCJN consumó, con plena fuerza jurisprudencial vinculante, mediante la Jurisprudencia 22/2016, cuya denominación completa es "Perspectiva de género. Manera en que el juzgador debe abordar la problemática de discriminación o violencia contra la mujer", y que sistematizó en seis pasos metodológicos el modo en que las personas juzgadoras deben operar cuando los hechos del caso concreto presenten indicios de asimetría de poder por razón de género. La trascendencia de esta jurisprudencia reside en su naturaleza normativa: al haber sido emitida como jurisprudencia, genera una obligación de observancia erga omnes para todos los órganos jurisdiccionales del país conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo. Precisamente y sobre esta Jurisprudencia 22/2016, de denominación “Perspectiva de género. Manera en que el juzgador debe abordar la problemática de discriminación o violencia contra la mujer”, al operar en seis pasos, reformula el razonamiento como una cadena, en la que el plano procesal es dotado de una lógica en la que cada eslabón es enlazado con el siguiente: el primer paso consiste en la identificación de las asimetrías de poder; el paso dos nos indica, en forma imperativa, que debe existir un cuestionamiento de la neutralidad de la norma, es decir, un cuestionamiento sobre si la porción normativa que aplicamos cuenta con sesgos androcentristas, mientras que el tercer paso indica que debe recopilarse el contexto interseccional, transformando así los hechos de la vida de la mujer en proceso en elementos jurídicamente relevantes; ahora bien, el cuarto paso mencionado se refiere a la evaluación de la situación de desventaja real, siendo entonces exigente emplear el Protocolo de la SCJN (2020); en cuanto al quinto paso, este descansa en la Tesis 1a./J. 62/2024 (11a.) de la SCJN, en la que se razonó que existía lenguaje discriminatorio, por lo que se exigía el empleo del lenguaje no estereotipado; por último, para el sexto paso, es extendido el derecho al acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la CPEUM, con el fin de garantizar la aplicación de la perspectiva de género para que la resolución sea materialmente transformadora. Se advierte que la sistematización jurisprudencial de la SCJN fue precedida por el desarrollo doctrinal de Alda Facio (1992), quien identificó la metodología feminista de análisis del Derecho en tres componentes; por el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género que la propia SCJN publicó en su primera versión en 2013 y actualizó en 2020, incorporando los estándares interamericanos derivados del Caso González y otras ("Campo Algodonero") contra México (Corte IDH, 2009) y de la Recomendación General Nº 33 del Comité CEDAW (2015) sobre acceso de las mujeres a la justicia; y por la doctrina procesal penal con perspectiva de género que autores como Ana Buenrostro (2022) y Estefanía Vela Barba (2021) han desarrollado en México. Tabla 17. El Método de Seis Pasos (SCJN, Jur. 22/2016) como Cadena Procesal: Activación, Contenido y Efecto Jurídico Paso Denominación Contenido metodológico Momento procesal de mayor relevancia Efecto jurídico de su omisión Paso 1 Identificar asimetrías de poder Reconocer desequilibrios estructurales por razón de género en el caso concreto Audiencia inicial / formulación de cargos Activación indebida de la PPO; sesgo en la medida cautelar (Art. 19 CPEUM) Paso 2 Cuestionar la neutralidad de la norma Examinar si la norma produce efectos desproporcionados sobre la mujer imputada Etapa intermedia / depuración probatoria Aplicación androcéntrica del tipo penal; traslación del tipo omitida Paso 3 Recopilar el contexto interseccional Integrar hechos de vida como prueba: violencia previa, pobreza, maternidad, trauma Desahogo de prueba en juicio oral Invisibilización del contexto; condena sin comprensión de la conducta real Paso 4 Evaluar la desventaja real "Banquito de equidad": ¿parte la mujer de una posición sustantivamente igualitaria? Debate sobre responsabilidad / cierre del juicio Doble penalización; condena que reproduce la asimetría estructural Paso 5 Lenguaje no estereotipado Excluir expresiones que naturalizan mandatos de feminidad o racionalizan la desigualdad Redacción de la sentencia Violación a Tesis 1a./J. 62/2024; sentencia susceptible de amparo directo Paso 6 Aplicación como derecho fundamental Emitir resolución que corrija desequilibrios y ordene medidas transformadoras Individualización de la pena / ejecutoria Vulneración del Art. 17 CPEUM; incumplimiento del estándar interamericano 2.3 La Perspectiva de Género en el Proceso Penal de Nuevo León: Recepción Institucional y Brechas de Aplicación La incorporación de la perspectiva de género al sistema de justicia penal del Estado de Nuevo León se produce en el marco de una doble transformación institucional: la implementación del sistema procesal penal acusatorio —completada en la entidad en julio de 2016— y la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Cabe sostener que dicha convergencia generó, en el sistema penal nuevoleonés, una paradoja institucional: el sistema acusatorio dotó al proceso penal de una arquitectura garantista formalmente compatible con la perspectiva de género —oralidad, contradicción, presunción de inocencia, inmediación—, pero la cultura jurídica heredada del sistema inquisitivo mixto continuó operando, de forma subliminal pero determinante, en las decisiones de las personas operadoras del sistema, produciendo los sesgos de género que los datos estadísticos documentados en el apartado 4 de este escrito revelan. En síntesis resolutiva, cabe afirmar —con fundamento en el artículo 1° de la CPEUM, en la Jurisprudencia 22/2016 y en el estándar interamericano derivado del Caso González y otras contra México (Corte IDH, 2009)— que la perspectiva de género no es, en el sistema jurídico mexicano del año 2026, una propuesta doctrinal en vías de discusión: es un método jurisdiccional de observancia obligatoria cuya aplicación sistemática en el proceso penal de Nuevo León constituye la condición estructural sin la cual ni el acceso a la justicia ni la tutela judicial efectiva alcanzan su dimensión garantista real. Tabla 18. Recepción Institucional de la Perspectiva de Género en el Sistema de Justicia Penal de Nuevo León: Tres Etapas, Avances y Brechas Etapa Período Carácter Avances constatados Brechas persistentes Mandato incumplido Etapa 1 — Cumplimiento formal 2015–2018 Adoptivo-declarativo Protocolos institucionales; capacitación inicial; adhesión al Protocolo SCJN 2013 Sin aplicación sistemática en resoluciones de primera instancia; ausencia de pericia de género Jur. 22/2016 SCJN; Art. 1° CPEUM (reforma 2011) Etapa 2 — Aplicación selectiva 2019–2022 Retórico-fragmentado Aparición de lenguaje de género en resoluciones; primeras sentencias con perspectiva explícita PG citada en fundamentos pero sin operacionalización en valoración probatoria ni en quantum de pena Protocolo SCJN 2020; CEDAW Rec. Gral. 33 (2015) Etapa 3 — Consolidación progresiva 2023–presente Vinculante-incompleto Regla de exclusión del estereotipo (Tesis 1a./J. 62/2024); control amparo sobre resoluciones sin PG Datos 2024: brecha PPO mujeres/hombres de 10.2 pp revela aplicación aún insuficiente en medidas cautelares Tesis 1a./J. 62/2024; Art. 19 CPEUM; Reglas de Bangkok 57-65 "La perspectiva de género no es una ideología importada ni un privilegio acordado: es el método que permite al Derecho ser lo que prometió ser — un sistema que trata a cada persona conforme a su situación real y no conforme al estereotipo que el sistema le asignó." — Síntesis resolutiva del apartado 2 — Dra. Patricia Eugenia Quintana Rivera (2026) 3. MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JUSTICIA PENAL La incorporación de la perspectiva de género en el sistema de justicia en México no responde solo a una exigencia ética o política; se trata de un mandato jurídico derivado de instrumentos nacionales e internacionales que reconocen la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres (López Delgado, 2025), configurando un bloque de constitucionalidad que, en su vértice superior, integra los artículos 1, 4, 17, 18 y 21 de la CPEUM junto con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos la CEDAW (1979), la Convención de Belém do Pará (1994) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), cuya aplicación vinculante obliga a quienes operan el sistema jurídico a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres en condiciones de igualdad sustantiva. Tabla 19. Instrumentos Internacionales sobre Perspectiva de Género en la Justicia Penal Instrumento Año Obligatoriedad Conceptualización de la PG Derechos protegidos CADH (Pacto de San José) 1969 (ratif. 1981) Vinculante Jurisprudencia interamericana que exige PG en violencia y discriminación Vida, integridad, igualdad, acceso a la justicia CEDAW (ONU) 1979 (ratif. 1981) Vinculante Igualdad formal insuficiente; eliminar toda discriminación Igualdad, no discriminación, acceso a la justicia Convención Belém do Pará 1994 (ratif. 1998) Vinculante Violencia como violación de DDHH y relación de poder desigual Vida libre de violencia, integridad, acceso a la justicia Reglas de Tokio (ONU) 1990 Soft law Medidas no privativas de libertad con proporcionalidad Libertad, proporcionalidad, reinserción Reglas de Bangkok (ONU) 2010 Soft law Necesidades específicas de mujeres privadas de libertad Dignidad, salud, maternidad, reinserción social Rec. General 33 CEDAW 2015 Interpretación vinculante Acceso interseccional de las mujeres a la justicia Acceso efectivo, igualdad sustantiva Reglas Mandela (ONU) 2015 Soft law Tratamiento humanitario de personas privadas de libertad Dignidad, integridad, condiciones dignas de reclusión Figura 1. Metodología de Juzgar con Perspectiva de Género — 6 Pasos (SCJN, Jurisprudencia 22/2016) Paso Denominación Operación metodológica PASO 1 Identificar asimetrías de poder Reconocer situaciones de poder que por razón de género generen desequilibrio y desventaja para la mujer procesada PASO 2 Cuestionar la neutralidad de la norma Analizar si la norma aplicable es neutral o si, en su interpretación, reproduce visiones androcéntricas o estereotipos de género PASO 3 Recopilar el contexto de vulnerabilidad interseccional Reunir elementos fácticos que acrediten las condiciones de pobreza, violencia previa, maternidad, migración u otras vulnerabilidades PASO 4 Evaluar la situación de desventaja real Aplicar el "banquito de equidad": determinar si la mujer procesada parte de una posición sustantivamente desigual PASO 5 Emplear lenguaje incluyente y no estereotipado Usar terminología que no reproduzca roles de género, mandatos de feminidad ni expresiones discriminatorias en la resolución judicial PASO 6 Aplicar la PG como derecho fundamental (Art. 17 CPEUM) Emitir una resolución fundada que corrija los desequilibrios detectados, ordene medidas reparatorias y contribuya a transformar las condiciones estructurales Figura 13. Bloque de constitucionalidad de género y control de convencionalidad. Elaboración propia con base en Tablas 19, 20, 21 y 22 3.1 El Bloque de Constitucionalidad de Género: Jerarquía Normativa, Articulación Sistémica y Control de Convencionalidad Cabe sostener, con el rigor dogmático que exige una investigación de nivel doctoral, que el denominado bloque de constitucionalidad de género —entendido como el conjunto normativo integrado por la Constitución federal, los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano y la jurisprudencia de los órganos interamericanos— no constituye una yuxtaposición de fuentes de diferente jerarquía, sino un sistema articulado y coherente en el que cada instrumento cumple una función específica dentro de la obligación general del Estado de garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, incluido —con especial urgencia— el sistema de justicia penal. Se advierte que dicho bloque encuentra su fundamento articulador en el párrafo primero del artículo 1° de la CPEUM, modificado mediante la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, cuya relevancia histórica para la perspectiva de género es que convirtió los tratados internacionales de derechos humanos en parámetro obligatorio de interpretación de todo el ordenamiento jurídico nacional, de modo que la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la Convención Americana sobre Derechos Humanos dejaron de ser documentos de referencia doctrinal para convertirse en normas directamente aplicables por todas las autoridades del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias. La estructura sistémica del bloque de constitucionalidad de género que fue elaborado por la CIDH a partir de la sentencia en el caso Almonacid Arellano vs. Chile (2006) e internalizado por la SCJN en el Varios 912/2010 y en la Contradicción de Tesis 293/2011, exige revisar a las autoridades jurisdiccionales que sus actuaciones se encuentren ajustadas a la CPEUM, sino además a las directrices convencionales en materia de género, como lo son las contenidas en el artículo 7.3 de la CADH y la Regla 57 de las Reglas de Bangkok, y que estas mismas además se encuentren ajustadas al artículo 19 de nuestra Constitución, esto con el objetivo de que una medida cautelar de prisión preventiva impuesta sin atender al contexto de vulnerabilidad de la mujer acusada. No obstante la claridad de este mandato sistémico, se advierte que la práctica judicial en el Estado de Nuevo León muestra, conforme a los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario (INEGI, 2024), una tendencia creciente a la imposición de prisión preventiva oficiosa para mujeres que alcanzó el 56.4% en 2024, lo que constituye evidencia estadística de que el control de convencionalidad en materia de género no se está ejerciendo de manera sistemática en las audiencias cautelares de los juzgados de primera instancia. A través de la jurisprudencia de la Corte IDH, las Recomendaciones Generales del Comité CEDAW y las resoluciones de la SCJN, el bloque de constitucionalidad de género funciona como una doctrina viva y sistemática, la cual cumple como un cuerpo normativo que constantemente se transforma, pues al no invocarse únicamente un conjunto de reglas estáticas, esta doctrina evoluciona según las necesidades especiales de las mujeres. Cabe sostener que la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 62/2024 (11a.) de la SCJN, al sistematizar la regla de exclusión del conocimiento estereotípico en la valoración de hechos y prueba, representa la expresión más reciente y avanzada de ese proceso evolutivo, y su articulación con la Jurisprudencia 22/2016 y con el Protocolo SCJN 2020 configura el estado del arte jurisprudencial en materia de perspectiva de género en el proceso penal mexicano, cuya observancia por todas las autoridades jurisdiccionales del país —incluyendo las del Estado de Nuevo León— es una obligación constitucional de cumplimiento inmediato y no sujeta a gradualidad institucional. Tabla 20. Bloque de Constitucionalidad de Género: Jerarquía Normativa, Función y Control de Convencionalidad Instrumento Rango jurídico Función dentro del bloque Aplicación en el proceso penal Control de convencionalidad Art. 1°, 4°, 17, 18 CPEUM (última reforma 2024) Constitucional (supremo) Fundamento del mandato de igualdad sustantiva y acceso a la justicia con PG Parámetro interpretativo obligatorio para todas las autoridades Expediente Varios 912/2010; CT 293/2011 SCJN CEDAW (1979, Recs. Grales. 25, 28, 33) Convencional vinculante Definición de igualdad sustantiva; prohibición de discriminación estructural Interpretación de los derechos en el proceso penal desde la igualdad de resultados Comité CEDAW; Corte IDH (campo algodonero, Manuela) Convención de Belém do Pará (1994) Convencional vinculante Debida diligencia reforzada; enfoque interseccional (Art. 9) Obligación de investigar, juzgar y sancionar con PG en todos los casos de violencia Corte IDH; CIDH Informe 2007; Campo Algodonero 2009 CADH — Arts. 8.1, 25, 1.1, 24 (1969) Convencional vinculante Garantías judiciales; tutela judicial efectiva; prohibición de discriminación Estándar mínimo de debido proceso y acceso a la justicia para mujeres imputadas Corte IDH: Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega, Manuela Reglas de Bangkok (ONU, 2010) Soft law — estándar de aplicación Necesidades diferenciadas de mujeres en reclusión; medidas no privativas Criterios para PPO, condiciones de internamiento y reinserción con PG Protocolo SCJN 2020; LNEP Arts. 10, 33, 36 Jur. 22/2016; Tesis 1a./J. 62/2024 (11a.) SCJN Jurisprudencia nacional vinculante (Art. 217 Ley de Amparo) Método de 6 pasos; regla de exclusión del estereotipo Obligación procesal directamente exigible en todas las etapas del juicio oral Amparo directo / indirecto; recurso de revisión por omisión de PG 3.2 El Marco Normativo Nacional: De la Reforma Constitucional de 2011 a la Arquitectura Procesal con Perspectiva de Género La reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 representa, en la historia jurídica contemporánea de México, el punto de inflexión a partir del cual la perspectiva de género transitó de ser una aspiración doctrinal a constituir una obligación constitucional directamente exigible; en la medida en que dicha reforma incorporó al artículo 1° de la CPEUM el mandato de interpretar las normas relativas a los derechos humanos de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia —principio pro persona—, la perspectiva de género quedó anclada como criterio hermenéutico de primera jerarquía que las autoridades jurisdiccionales están obligadas a aplicar de oficio en todos los asuntos que involucren derechos fundamentales de las mujeres, sin necesidad de que las partes lo invoquen expresamente. Cabe sostener que esta transformación constitucional no fue un acontecimiento aislado: fue el resultado de un proceso de armonización normativa que el Estado mexicano inició con la ratificación de la CEDAW en 1981 y de la Convención de Belém do Pará en 1998, y que se consolidó, en el plano procesal, con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP, 2014) y de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP, 2016), instrumentos que incorporaron, de forma explícita y sistemática, disposiciones que recogen los mandatos convencionales de atención diferenciada a la situación específica de las mujeres procesadas penalmente. Se advierte que la arquitectura normativa nacional para la aplicación de la perspectiva de género en el proceso penal se estructura en cinco niveles concurrentes que el operador jurídico debe articular de manera coherente: el nivel constitucional, integrado por los artículos 1°, 4°, 17, 18 y 21 de la CPEUM, que establecen los mandatos de igualdad sustantiva, acceso a la justicia, reinserción social y dignidad humana como principios rectores del sistema penal; el nivel convencional, conformado por los instrumentos internacionales ratificados por México que forman parte del bloque de constitucionalidad conforme al artículo 133 de la CPEUM y a la doctrina de la Contradicción de Tesis 293/2011; el nivel jurisprudencial, representado por las tesis y jurisprudencias de la SCJN —en especial la Jurisprudencia 22/2016 y la Tesis 1a./J. 62/2024 (11a.)— las cuales se originan de mandatos constitucionales integrados en el CNPP y la LNEP, así como tratados convencionales que regulan fases del proceso en concreto; asimismo, se conforman protocolos institucionales aplicables al Poder Judicial del estado de Nuevo León, así como a las instituciones que conforman el sistema penal local. No obstante la solidez de esta arquitectura normativa, resulta imprescindible señalar —con el rigor analítico que la praxis judicial de treinta y dos años impone— que la existencia de un marco normativo completo y coherente no garantiza, por sí sola, la aplicación efectiva de la perspectiva de género en el proceso penal concreto: entre la norma escrita y la resolución judicial que la aplica existe una mediación hermenéutica que depende, en última instancia, de la formación, la disposición y la capacidad reflexiva del operador jurídico que interpreta los hechos del caso a la luz de ese marco normativo. En consecuencia, cabe sostener que la transformación real del sistema de justicia penal de las mujeres en Nuevo León exige una estrategia de implementación de tres dimensiones simultáneas: la consolidación del marco normativo —que en términos legislativos y jurisprudenciales ya se encuentra sustancialmente desarrollado—; la formación y especialización continua de todos los operadores jurídicos en el método de seis pasos y en el análisis interseccional; y el desarrollo de mecanismos institucionales de monitoreo y rendición de cuentas que permitan detectar y corregir, en tiempo real, los déficits de aplicación que los datos estadísticos revelan con consistencia y que esta investigación doctoral se propone sistematizar y analizar. Tabla 21. Arquitectura Normativa Nacional para la Perspectiva de Género en el Proceso Penal: Cinco Niveles y Disposiciones Clave Nivel normativo Instrumento principal Disposición central con PG Función en el proceso penal Efecto de su incumplimiento 1. Constitucional CPEUM (reforma 2011; última ref. 2024) Arts. 1°, 4°, 17, 18 y 21 — igualdad, acceso a la justicia, reinserción Mandato supremo e interpretativo para todo el sistema penal Control constitucional; amparo directo e indirecto 2. Convencional CEDAW, Belém do Pará, CADH Arts. 1.1, 8, 25 CADH; Arts. 2, 7 Belém do Pará; CEDAW Recs. 25, 28, 33 Parámetro de convencionalidad en todas las actuaciones del Estado Control de convencionalidad; responsabilidad internacional del Estado 3. Jurisprudencial SCJN — Jur. 22/2016; Tesis 1a./J. 62/2024 Método de 6 pasos; regla de exclusión del estereotipo Método obligatorio de análisis en toda etapa del proceso Amparo directo por falta de motivación reforzada; revocación 4. Legal CNPP (2014); LNEP (2016) Arts. 409, 410 CNPP (individualización); Arts. 10, 33, 36 LNEP (ejecución diferenciada) Operativización procesal y penitenciaria de los principios garantistas Nulidad de actuaciones; incidente de ejecución; amparo indirecto 5. Protocolario Protocolo SCJN 2020; Protocolos PJENL Guía de aplicación del método de 6 pasos; atención diferenciada a mujeres Procedimiento específico para operadores en cada etapa del juicio oral Responsabilidad administrativa; recurso de revisión institucional 3.3 El Marco Normativo Internacional: Evolución Progresiva, Obligaciones Específicas y Jurisprudencia Interamericana El marco normativo internacional en materia de perspectiva de género en la justicia penal ha experimentado, en en los últimos cuarenta años, un proceso de especialización progresiva, como lo es la identificación de instrumentos convencionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el cual se limitaba a prohibir la discriminación por razones de sexo en el acceso a los derechos, sin que se encuentre una evolución progresiva como en el caso de los instrumentos contemporáneos, los cuales extienden el derecho a la igualdad, formulando el concepto de igualdad efectiva, el cual no solo exige que no exista un trato diferenciado, sino que sean aplicadas medidas positivas que sean tendientes a eliminar las condiciones estructurales de desigualdad. En este sentido, si bien el proceso de especialización progresiva ha mostrado avances destacables en materia de igualdad efectiva, lo cierto es que este proceso ha permitido desarrollar tres ejes que obligan a los estados a actuar en materia de perspectiva de género; del cual el primer eje se refiere a que está prohibida la discriminación, ya sea directa o indirecta; el segundo eje se refiere a la obligación de debida diligencia reforzada en todo el proceso penal que vive una mujer imputada, para que así, desde el momento de la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos que afectan a las mujeres; y, por último, el eje que refiere que existe una obligación de atención diferenciada, relativa a atender las necesidades específicas de las mujeres en situación de privación de su libertad. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer —adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por México el 23 de marzo de 1981— constituye, en el sistema universal de derechos humanos, el instrumento fundacional de la igualdad sustantiva de género como obligación jurídica vinculante para los Estados parte; cabe sostener que su artículo 2, al establecer la obligación de los Estados de garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación, impone al Poder Judicial mexicano —y, en particular, a los jueces y magistrados del Estado de Nuevo León— la obligación de actuar como garantes activos de la igualdad de género en cada resolución que afecte derechos de las mujeres, y no como meros aplicadores pasivos de una norma penal formalmente neutral. Las Recomendaciones Generales del Comité CEDAW —en especial las Recomendaciones Generales Nº 25 (igualdad sustantiva), Nº 28 (interseccionalidad) y Nº 33 (acceso de las mujeres a la justicia)— complementan este mandato al proporcionar criterios interpretativos detallados que los operadores del sistema penal mexicano están obligados a considerar como parte del corpus iuris internacional que la Contradicción de Tesis 293/2011 de la SCJN reconoció como parámetro de control de convencionalidad. Ahora bien, es preciso profundizar en el plano interamericano y sus interpretaciones en materia de perspectiva, iniciando este análisis es vital señalar la Convención de Belém do Pará, la cual fue ratificada por nuestro país desde el pasado 12 de noviembre de 1998, el punto más relevante para el sistema de justicia penal establece en su artículo 7, que la violencia en contra de la mujer es condenada como una violación a los derechos humanos y es una obligación de los Estados de actuar de manera diligente, a fin de prevenir, sancionar e investigar la violencia de género; ahora bien, la Corte IDH en el emblemático caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México (2019), sentó la base respecto a la diligencia reforzada no sólo es para aquellos casos en los que las mujeres sean las víctimas de la violencia de género, sino que esta diligencia reforzada debe estar presente en todas las fases del proceso penal, pues es obligación del Estado conseguir que la situación de vulnerabilidad estructural no sea reproducida ni acentuada por el sistema de justicia, la jurisprudencia interamericana más reciente (sentencias Manuela vs. El Salvador 2021, Brisa De Angulo Losada vs. Bolivia 2022 y Beatriz vs. El Salvador 2024) ha ido mucho más allá de la frontera del campo algodonero: la razón de esta afirmación es simple, pues con estos casos se ha establecido un estándar de control que prohíbe los estereotipos por parte de los agentes de los Estados, esto con el fin de que las autoridades jurisdiccionales no construyan estereotipos de género que justifiquen sus decisiones. Tabla 22. Evolución de los Estándares Internacionales de Perspectiva de Género en la Justicia Penal: De la Igualdad Formal al Control Anti-Estereotipos Instrumento / Precedente Año Estándar establecido Obligación del Estado mexicano Efecto en el proceso penal CEDAW, Art. 2 + Rec. Gral. 25 1979 / 2004 Igualdad sustantiva como resultado, no solo como trato Garantizar resultados igualitarios en el acceso y ejercicio de derechos Motivación judicial orientada a la igualdad de resultados Convención de Belém do Pará, Arts. 7-9 1994 Debida diligencia reforzada; enfoque interseccional (Art. 9) Actuar con especial cuidado en casos que involucren violencia de género y vulnerabilidad múltiple Investigación y juzgamiento con perspectiva diferenciada CEDAW, Rec. General Nº 33 (2015) 2015 Acceso efectivo de las mujeres a la justicia: disponibilidad, accesibilidad, buena calidad, responsabilidad Eliminar barreras para el acceso a la justicia de mujeres en situación de vulnerabilidad interseccional Defensa adecuada especializada; prueba contextual; motivación reforzada Corte IDH — Campo Algodonero vs. México (2009) 2009 Debida diligencia reforzada ante riesgo conocido; obligación de investigar y juzgar con PG Adoptar protocolos y metodologías de juzgamiento con perspectiva de género de aplicación general Protocolo SCJN 2020; Jur. 22/2016 SCJN — precedente habilitante Corte IDH — Manuela vs. El Salvador (2021) 2021 Vulnerabilidades interseccionales en el proceso penal; doble estereotipización de la mujer imputada Incorporar análisis interseccional en cada decisión procesal que afecte derechos de mujeres vulnerables Prohibición de razonamientos fundados en estereotipos de género, clase, etnia o condición de salud Corte IDH — Beatriz vs. El Salvador (2024) 2024 Control anti-estereotipos como garantía autónoma del debido proceso Excluir el estereotipo como fundamento de decisiones judiciales; exigir motivación reforzada Tesis 1a./J. 62/2024 SCJN — expresión nacional del estándar interamericano Reglas de Bangkok (ONU, 2010) — Reglas 57-65 2010 Medidas alternativas a la prisión preventiva; atención a maternidad y dependientes Aplicar medidas no privativas de libertad de forma prioritaria para mujeres en situación de vulnerabilidad Control judicial de las decisiones cautelares conforme a estándar diferenciado La síntesis resolutiva del presente apartado puede formularse en los siguientes términos: el marco normativo nacional e internacional sobre perspectiva de género en la justicia penal constituye, en el sistema jurídico mexicano del año 2026, un bloque normativo completo, coherente y directamente aplicable, cuya fuerza obligatoria no depende de la voluntad del operador jurídico sino de la jerarquía constitucional y convencional de sus fuentes. Cabe sostener —con fundamento en el artículo 1° de la CPEUM, en la Jurisprudencia 22/2016 y en la Tesis 1a./J. 62/2024 (11a.) de la SCJN, articuladas con los estándares interamericanos del Caso Campo Algodonero (2009), Manuela vs. El Salvador (2021) y Beatriz vs. El Salvador (2024)— que toda resolución judicial dictada en el proceso penal de las mujeres que no incorpore la perspectiva de género como metodología de análisis es, en el estado actual del Derecho mexicano, una resolución constitucionalmente deficiente y convencionalmente inválida, susceptible de ser revocada a través de los mecanismos de control constitucional disponibles: el amparo directo, el amparo indirecto o el recurso de revisión según la etapa procesal en que se haya producido la omisión. Se advierte, asimismo, que la riqueza y la solidez del marco normativo disponible no resuelve, por sí sola, el déficit de aplicación que los datos estadísticos documentan de manera consistente: la brecha de 10.2 puntos porcentuales en la aplicación de prisión preventiva oficiosa entre mujeres (56.4%) y hombres (46.2%) en el año 2024 —según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario (INEGI, 2024)— es la expresión más elocuente de que el problema del sistema de justicia penal de las mujeres en Nuevo León no es, fundamentalmente, un problema de deficiencias normativas sino de resistencias institucionales a la aplicación efectiva de normas que ya existen, ya obligan y ya tienen el respaldo de la jurisprudencia constitucional e interamericana más avanzada. Es precisamente frente a ese déficit de aplicación —y no frente a la ausencia de normas— donde esta investigación doctoral encuentra su justificación más sólida y su contribución más urgente: en la medida en que se sistematice, visibilice y analice el patrón de incumplimiento del marco normativo vigente, se habrá dado el primer paso hacia la transformación del sistema que la justicia material exige y que el Estado constitucional de derecho tiene el ineludible deber de producir. │ "El marco normativo de género no es una promesa pendiente: es un mandato vigente, exigible e incumplido. El problema no está en la norma que falta, sino en la resistencia institucional que persiste frente a la norma que ya existe." — Síntesis resolutiva del apartado 3 — Dra. Patricia Eugenia Quintana Rivera (2026) 4. RETOS PERSISTENTES Y EVIDENCIAS DE LA FALTA DE APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Resulta evidente que el Derecho penal, al estar construido con base en una visión masculina, no observa a las mujeres ni sus contextos, generando así desigualdad y discriminación (Montoya Ramos, 2025); ello se hace patente cuando se analiza la situación de las mujeres privadas de la libertad en nuestro país, cuyas características peculiares permiten aproximarse al problema real de su situación jurídica cuando son procesadas penalmente. Conforme a cifras oficiales del INEGI (ENPOL, 2021), en el año de referencia las personas privadas de la libertad ascendieron a 220,500, de las cuales el 5.7% fueron mujeres; sin embargo, más allá de la menor proporción numérica, se advierte que estas enfrentan condiciones de vulnerabilidad agravadas: el 15.5% de las mujeres que declararon sufrir violencia en el proceso penal reportaron agresiones sexuales después de su detención, frente al 3.2% de los hombres, lo que revela una brecha de 12.3 puntos porcentuales que ningún sistema de justicia democrático puede soslayar. Tabla 23. Indicadores de Vulnerabilidad Diferenciada — Mujeres vs. Hombres en el Sistema Penitenciario Mexicano Indicador Mujeres Hombres Brecha Fuente % población penitenciaria total 5.7% 94.3% — INEGI ENPOL 2021 Agresiones sexuales tras detención 15.5% 3.2% +12.3 pp INEGI ENPOL 2021 Sin sentencia dictada 53.7% 26.9% +26.8 pp INEGI ENPOL 2021 Hijos menores de 12 viviendo en reclusión 5.8% N/A — INEGI ENPOL 2021 Escolaridad primaria o secundaria 63% — — INEGI ENPOL 2021 Personas dependientes antes de reclusión 68% — — INEGI ENPOL 2021 Deudas al momento de la detención 74% — — INEGI ENPOL 2021 Trabajos precarios previos 73% — — INEGI ENPOL 2021 Prisión preventiva oficiosa 2022 52.5% 50.1% +2.4 pp Censo Penitenciario Federal Prisión preventiva oficiosa 2023 51.2% 43.9% +7.3 pp Censo Penitenciario Federal Prisión preventiva oficiosa 2024 56.4% 46.2% +10.2 pp Censo Penitenciario Federal Figura 14. Vulnerabilidad diferenciada de mujeres y hombres en el sistema penitenciario. Elaboración propia con base en Tabla 23 (ENPOL 2021 y Censo Penitenciario 2024). Tabla 24. Tendencia de Prisión Preventiva Oficiosa por Sexo (2022–2024) Año Hombres (%) Mujeres (%) Brecha (pp) Tendencia 2022 50.1 52.5 +2.4 ↗ Mujeres más afectadas 2023 43.9 51.2 +7.3 ↗↗ Brecha creciente 2024 46.2 56.4 +10.2 ↗↗↗ Desproporción severa Figura 15. Tendencia de prisión preventiva oficiosa por sexo (2022–2024). Elaboración propia con base en Tabla 24 y análisis del apartado 4.B Los datos presentados revelan que, desde el año 2022 y de forma consecutiva, el porcentaje de mujeres a quienes se aplica la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa supera al de los hombres sometidos a esa misma medida —alcanzando en 2024 una brecha de 10.2 puntos porcentuales—, lo que constituye evidencia estadística irrefutable de que el sistema de justicia penal opera con sesgos de género que afectan de manera desproporcionada a las mujeres procesadas. Se advierte que las causas estructurales que orillan a las mujeres a delinquir —pobreza, abandono y responsabilidad por el cuidado familiar— son sistemáticamente ignoradas por el aparato judicial, que en lugar de contextualizar sus motivos y circunstancias, las priva de la libertad, añadiendo problemas y obstáculos a sus vidas y a las de sus hijos (Di Corleto, 2025). Tabla 25. Causas Estructurales, Efectos Procesales y Respuestas con Perspectiva de Género Causa estructural Efecto en el proceso Impacto sobre la mujer Respuesta adecuada Neutralidad aparente de la norma Interpretación androcéntrica Vulneración de igualdad sustantiva Método de 6 pasos SCJN (Jur. 22/2016) Estereotipos judiciales Valoración probatoria viciada Sentencias desproporcionadas Exclusión del conocimiento estereotípico (Tesis 1a./J. 62/2024) Falta de contexto fáctico Prisión preventiva excesiva Doble penalización Medidas no privativas (Reglas de Bangkok) Invisibilización de violencia previa Ausencia de eximentes o atenuantes Condenas excesivas Peritaje de género y trauma Ignorancia interseccional Invisibilización de vulnerabilidades Revictimización institucional Análisis multifactorial (Crenshaw, 1991) Modelo punitivista Sobrecriminalización femenina Impacto sobre hijos y redes de cuidado Justicia restaurativa con salvaguardas (UNODC, 2020) Defensa técnica precaria Desigualdad de armas Condenas sin controversia real Defensoría especializada en género Ejecución administrativizada Sufrimiento innecesario Vulneración de la dignidad humana Judicialización de la ejecución penal (LNEP, 2016) — Síntesis resolutiva del apartado 4 — Dra. Patricia Eugenia Quintana Rivera (2026) │ "La evidencia estadística no miente: donde la perspectiva de género no se aplica, el sistema penal discrimina. Y donde el sistema penal discrimina, el Estado incumple su obligación constitucional más elemental: tratar a cada persona conforme a su situación real, no conforme al estereotipo que le asignó." En la medida en que dicho patrón de incumplimiento no responde a deficiencias normativas —cuya completitud fue acreditada en el apartado 3— sino a resistencias institucionales que operan en el nivel cultural, hermenéutico y formativo del sistema de justicia penal, la transformación que la justicia material exige no puede reducirse a la emisión de nuevas normas: requiere una estrategia articulada que combine la aplicación sistemática del método de seis pasos (Jur. 22/2016 SCJN), la implementación de la regla de exclusión del estereotipo (Tesis 1a./J. 62/2024), el desarrollo de la defensoría especializada en género, la institucionalización del peritaje de género y trauma como prueba de oficio, y la judicialización efectiva de la ejecución penal con los estándares de las Reglas de Bangkok. Cabe sostener, en consecuencia, que esta tesis doctoral —al documentar, sistematizar y analizar dichas resistencias en el contexto específico del sistema de justicia penal de Nuevo León— no solo diagnostica un problema: propone los instrumentos dogmáticos, metodológicos y procesales con los que el Estado tiene la obligación constitucional de producir la transformación que la justicia material demanda y que las mujeres procesadas penalmente, por treinta y dos años de praxis judicial ininterrumpida, la Dra. Patricia Eugenia Quintana Rivera ha constatado que merecen. Los datos, las tendencias y los análisis presentados en el presente apartado permiten formular, con respaldo constitucional, convencional, estadístico y dogmático, la conclusión central que esta investigación doctoral postula: la ausencia de perspectiva de género en el sistema de justicia penal del Estado de Nuevo León no es una omisión técnica, aislada o episódica, sino un patrón sistemático de incumplimiento de normas vigentes y obligatorias que produce, de forma consecutiva y cuantificable, resultados procesales discriminatorios para las mujeres imputadas. La brecha de 10.2 puntos porcentuales en la prisión preventiva oficiosa (2024), la proporción de mujeres sin sentencia que duplica a la masculina (53.7% vs. 26.9%), el porcentaje de mujeres que reportan agresiones sexuales post-detención que cuadruplica el masculino (15.5% vs. 3.2%) y la ausencia sistemática del peritaje de género como medio de prueba en los procesos penales de Nuevo León constituyen —considerados en su conjunto— un patrón de discriminación institucional acumulativa que activa, en su totalidad, la responsabilidad del Estado mexicano frente a los estándares interamericanos de debida diligencia reforzada establecidos por la Corte IDH desde el Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México (2009). 4.1 Síntesis Resolutiva: De la Evidencia Empírica al Mandato Transformador Reto identificado Norma que lo ordena Déficit de aplicación documentado Impacto en la mujer privada de libertad Mandato del juez de ejecución Maternidad y vínculo materno-filial Reglas de Bangkok 49-52; LNEP Art. 36; Art. 4° CPEUM 5.8% de hijos menores de 12 años en reclusión con la madre (ENPOL 2021); sin protocolo uniforme para madres lactantes Trauma de separación en el menor; deterioro del vínculo materno; afectación del desarrollo infantil Supervisión de adecuación de instalaciones para madres e hijos; control de garantías de contacto familiar Salud reproductiva y mental Reglas de Bangkok 10-18; LNEP Art. 36 Atención médica generalista sin especialización en trauma complejo de género; sin protocolos de salud mental con enfoque de género Secuelas del trauma no tratadas; riesgo de suicidio; deterioro de la salud mental durante el internamiento Auditoría semestral de servicios de salud; órdenes de provisión de atención especializada Acceso a programas de reinserción sin estigma de género Reglas de Bangkok 42-45; Art. 18 CPEUM; LNEP Arts. 10 y 33 Talleres de capacitación replicando roles de género tradicionales (costura, cocina) sin opciones tecnológicas o profesionales Perpetuación de la economía de subsistencia; reproducción de las causas estructurales del delito Verificación del contenido no estereotipado de los programas de capacitación para el trabajo Contacto familiar y visita íntima Reglas de Bangkok 43-44; LNEP Art. 57 Restricciones administrativas arbitrarias que afectan el contacto con hijos y pareja; instalaciones inadecuadas Deterioro de las redes de apoyo familiares que son cruciales para la reinserción post-liberatoria Control de legalidad de restricciones; intervención en caso de negativa injustificada de visitas Sustitutivos penales y libertad anticipada Arts. 85-100 CPF; Reglas de Bangkok 64-65; LNEP Arts. 136-145 Aplicación restrictiva de beneficios penitenciarios sin consideración de la vulnerabilidad específica de la mujer Internamiento prolongado que excede la necesidad real; daño desproporcionado a la red familiar de cuidados Revisión de oficio de la procedencia de beneficios; aplicación pro-persona (Art. 1° CPEUM) Protección frente a la violencia intramuros Reglas Mandela 1-5; LNEP Art. 9; Art. 1° CPEUM 15.5% de mujeres reportan agresiones sexuales post-detención (ENPOL 2021); sin sistemas de seguimiento formal en NL Revictimización institucional; doble violación de derechos; impunidad de agresores en el sistema penitenciario Investigación y sanción de hechos de violencia; supervisión de mecanismos de denuncia interna Tabla 26. Retos de la Ejecución Penal con Perspectiva de Género en Nuevo León: Norma, Déficit, Impacto y Mandato Judicial Cabe sostener, con Sarre (2010), que la judicialización de la ejecución penal —encomendada al juez de ejecución previsto en el artículo 25 de la LNEP— no es una innovación burocrática sino la garantía estructural que convierte la reinserción social de un ideal declarado en una obligación jurídicamente exigible; garantía que adquiere su dimensión más urgente en el caso de las mujeres privadas de la libertad, porque sus trayectorias post-liberatorias están condicionadas, de forma más determinante que las masculinas, por la disponibilidad de redes de apoyo, el acceso a empleo no estigmatizado y la posibilidad de retomar el ejercicio de los roles de cuidado sin que el sistema penitenciario los haya deteriorado de forma irreversible durante el internamiento. Las Reglas de Bangkok (2010), en las Reglas 40 a 57, son el estándar internacional que conforma dicha exigencia: al partir de que las penas no privativas de libertad deben ser preferidas para las mujeres en situación de vulnerabilidad y que los requisitos del internamiento deben adaptarse a las características específicas de las mujeres, en estos se incluyen la maternidad, la salud reproductiva y el mantenimiento del vínculo familiar, las citadas Reglas señalan el parámetro de convencionalidad con base en el cual el juez de ejecución de Nuevo León tendrá que supervisar la marcha del sistema penitenciario y dar cuenta de las correcciones que precisa la aplicación efectiva de los cinco medios constitucionales de reinserción. La ejecución de la sanción penal constituye el último eslabón de la cadena del sistema de justicia penal y, paradójicamente, el más invisible para la dogmática constitucional que con mayor frecuencia concentra su análisis en las etapas de investigación, acusación y juzgamiento; sin embargo, cabe sostener que la ejecución penal representa el espacio donde la ausencia de perspectiva de género produce sus efectos más duraderos y estructuralmente dañinos, porque es en el internamiento donde las vulnerabilidades preexistentes de las mujeres privadas de la libertad —pobreza, responsabilidad de cuidados, secuelas del trauma— se potencian y multiplican en lugar de ser atendidas con la orientación transformadora que el artículo 18, párrafo segundo, de la CPEUM ordena como fin constitucional de la pena. Se advierte que la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP, 2016) incorporó un marco normativo de atención diferenciada para las mujeres privadas de la libertad que, en sus artículos 10, 33 y 36, reconoce las necesidades específicas vinculadas con la salud reproductiva, la maternidad, el contacto familiar y la preparación para la vida en libertad; no obstante, el déficit estructural que los datos disponibles revelan no es de contenido normativo sino de implementación institucional: la distancia entre lo que la LNEP ordena y lo que ocurre en los centros penitenciarios del Estado de Nuevo León es, en sí misma, una violación sistemática a los artículos 18 y 1° de la CPEUM que el juez de ejecución tiene el mandato constitucional de corregir. 4.2 El Reto de la Ejecución Penal con Perspectiva de Género: De la Norma a la Práctica Penitenciaria en Nuevo León Barrera probatoria Descripción del déficit Efecto procesal Norma incumplida Respuesta garantista exigible Ausencia de peritaje de género y trauma No se ofrece ni desahoga peritaje psicológico con enfoque de ciclo de violencia y trauma complejo La conducta se valora sin el contexto que la hace inteligible; se invisibiliza la inexigibilidad Art. 265 CNPP; Protocolo SCJN 2020; Miranda Estrampes 2012 Designación de oficio de perito especializado por el juez cuando no lo ofrece la defensa (Art. 374 CNPP) Invisibilización de la violencia previa El historial de violencia doméstica sufrido por la imputada no se acredita ni se valora como hecho probatorio Se omiten las circunstancias que fundamentarían la legítima defensa, el estado de necesidad o la inexigibilidad Jur. 22/2016 SCJN — Pasos 3 y 4; Art. 15 CPF; ADR 6181/2016 Admisión del contexto de violencia como hecho notorio documentado; integración al estudio del tipo subjetivo Defensa de oficio sin formación en PG El defensor público no tiene capacitación especializada en perspectiva de género ni en técnicas de litigación con enfoque de trauma Teoría del caso construida sin incorporar los elementos contextuales que podrían excluir, atenuar o reducir la responsabilidad Art. 20-B-VIII CPEUM; Tesis 1a./J. 28/2023 SCJN Formación obligatoria en PG y género para defensores públicos; supervisión institucional de calidad de la defensa Ausencia de intérprete cultural Mujeres de comunidades indígenas o con barreras lingüísticas no cuentan con traducción culturalmente adecuada Consentimiento informado comprometido; incomprensión del proceso; afectación del derecho de audiencia Art. 20-B-VI CPEUM; CDI; Convenio 169 OIT Art. 12 Designación obligatoria de intérprete certificado desde la detención hasta la ejecutoria (Art. 45 CNPP) Estigma en el interrogatorio de la víctima-imputada El interrogatorio de la defensa se conduce con preguntas que revelan prejuicios sobre la conducta sexual o el rol familiar de la imputada Reproducción del estereotipo judicial ante el tribunal; presión psicológica que compromete la espontaneidad del testimonio Art. 374 CNPP; Tesis 1a./J. 62/2024; Art. 1° CPEUM Control judicial del interrogatorio; exclusión de preguntas orientadas a estigmatizar (Art. 374, párr. 3°, CNPP) Valoración probatoria sin perspectiva interseccional El juzgador no pondera de forma integrada los múltiples ejes de vulnerabilidad (género, clase, maternidad, etnia) en su razonamiento probatorio Condena que no refleja la comprensión integral del contexto real en que se produjo la conducta delictiva Jur. 22/2016 SCJN Pasos 3 y 4; CEDAW Rec. Gral. 28; Belém do Pará Art. 9 Motivación reforzada interseccional; uso del método de 6 pasos como estructura del razonamiento judicial Tabla 27. Barreras Probatorias en el Proceso Penal de las Mujeres: Déficits, Efectos y Respuestas Garantistas En el plano probatorio, el déficit más grave reside en la ausencia sistemática del peritaje de género y trauma como medio de prueba en los procesos penales de las mujeres: instrumento que, en los términos del Protocolo de la SCJN (2020), tiene por función acreditar ante el órgano jurisdiccional el ciclo de violencia sufrido por la mujer imputada, la afectación psicológica derivada del trauma crónico y la inexigibilidad de una conducta distinta en el contexto de coerción en que se produjeron los hechos. Cabe sostener, con Miranda Estrampes (2012), que la prueba pericial en materia de género no es un lujo técnico sino una exigencia del sistema de libre valoración razonada que el artículo 265 del CNPP establece como estándar probatorio del sistema acusatorio: sin el peritaje que contextualice la conducta de la mujer imputada, el juez valora hechos incompletos, y una valoración probatoria construida sobre hechos incompletos no satisface el estándar de motivación que los artículos 17 de la CPEUM y 8.1 de la CADH exigen para toda resolución judicial. Sin embargo —y aquí opera la ruptura paradigmática que la praxis judicial documenta de forma consistente—, la oferta pericial especializada en género y trauma no se encuentra disponible en las defensorías públicas del Estado de Nuevo León de forma sistemática, lo que produce que la defensa con perspectiva de género sea, en la práctica, un privilegio procesal al que solo acceden las mujeres imputadas que cuentan con recursos económicos para contratar defensor privado y perito especializado. El derecho a la defensa adecuada —consagrado en el artículo 20, apartado B, fracción VIII, de la CPEUM como una de las garantías del imputado en el proceso penal acusatorio— exige, en su dimensión materialmente garantista, no solo la presencia formal de un defensor en las audiencias sino la disponibilidad efectiva de una representación técnica que conozca y aplique la perspectiva de género como herramienta de construcción de la teoría del caso; herramienta sin la cual los hechos de vida de la mujer imputada —su historia de violencia, sus condiciones de dependencia económica y emocional, su posición marginal en la estructura delictiva, su contexto interseccional de vulnerabilidades— permanecen invisibles para el órgano jurisdiccional y, en consecuencia, no son incorporados ni al análisis de tipicidad, ni a la valoración de las causas de exclusión de la responsabilidad, ni a la individualización de la pena. Se advierte que la asimetría entre la defensa técnica realmente disponible para las mujeres procesadas penalmente en Nuevo León —mayoritariamente representadas por la defensoría de oficio, a cuyo servicio acude el 68% de las personas imputadas sin recursos para costear defensor privado (ENPOL, 2021)— y la complejidad técnica que exige la construcción de una defensa con perspectiva de género, constituye en sí misma una barrera estructural al acceso a la justicia que el Estado tiene la obligación positiva de remover. 4.3 Déficit de Defensa Técnica Especializada y Barreras Probatorias: El Acceso Desigual a los Instrumentos Procesales con Perspectiva de Género Dimensión analítica Marco normativo aplicable Brecha documentada (2024) Impacto en la mujer imputada Corrección procesal exigible Proporcionalidad de la medida cautelar Arts. 155, 157 y 167 CNPP; Reglas de Bangkok 57-65; Belém do Pará Art. 7.3 56.4% mujeres vs. 46.2% hombres con PPO; brecha +10.2 pp Internamiento innecesario; separación de hijos dependientes; pérdida de trabajo y vivienda Valoración individualizada de la necesidad; aplicación de medidas alternativas (Art. 155 CNPP) Presunción de inocencia Art. 20-B-I CPEUM; Art. 8.2 CADH; Tesis 1a./J. 28/2023 SCJN 53.7% de mujeres privadas de libertad sin sentencia vs. 26.9% hombres (ENPOL 2021) Penalización anticipada sin condena ejecutoriada; vulneración del derecho a la libertad Control de convencionalidad en la audiencia inicial; motivación reforzada del auto de vinculación Interés superior de la niñez Art. 4°, párr. 9°, CPEUM; CDN Arts. 3 y 9; Reglas de Bangkok 2-4 5.8% de hijos menores de 12 años que viven con su madre en reclusión (ENPOL 2021) Institucionalización o desamparo de menores dependientes; ruptura del vínculo materno-filial Consideración del impacto sobre menores como factor en la proporcionalidad de la medida Igualdad sustantiva (no discriminación) Art. 1° CPEUM; Arts. 1.1 y 24 CADH; CEDAW Art. 2; Jur. 22/2016 SCJN Brecha creciente 2022-2024: +2.4 pp → +7.3 pp → +10.2 pp; tendencia ascendente Discriminación institucional acumulativa en la etapa más determinante del proceso penal Auditoría de género en resoluciones cautelares; formación especializada de jueces de control Proporcionalidad de la pena (extensión cautelar) Art. 22 CPEUM; Art. 7.3 CADH; UNODC 2020 74% de mujeres reclusas con deudas al momento de la detención; 73% con empleos precarios Desestructuración económica y familiar; reproducción de las causas estructurales del delito Criterio de mínima intervención; sustitución de PPO por medidas no privativas con supervisión Tabla 28. Análisis Constitucional de la Prisión Preventiva Oficiosa con Perspectiva de Género: Norma, Déficit y Corrección Cabe sostener, con fundamento en las Reglas de Bangkok de 2010 —cuya Regla 57 establece que se tendrán en cuenta el historial de victimización de las mujeres y sus responsabilidades de cuidado al considerar solicitudes de medidas cautelares— y en el artículo 7.3 de la Convención de Belém do Pará, que la imposición de prisión preventiva a una mujer que es responsable de menores de edad, que carece de antecedentes penales y que presenta arraigo domiciliario verificable no solo es desproporcionada sino convencionalmente inválida, en la medida en que no satisface el estándar de necesidad de la medida cautelar que los artículos 155 y 157 del CNPP establecen como condición de procedencia; de ahí que la brecha estadística documentada sea, en rigor, la huella empírica de un patrón de incumplimiento sistemático de normas procesales vigentes y no la consecuencia inevitable de diferencias objetivas en las conductas delictivas de hombres y mujeres. En consecuencia, resulta imprescindible señalar —con la claridad que la praxis judicial de treinta y dos años impone— que la corrección de esta brecha no requiere nuevas normas: requiere que los jueces de control de Nuevo León apliquen, en cada audiencia cautelar que involucre a una mujer imputada, los cinco pasos de verificación que el artículo 167 del CNPP y la Regla 57 de las Reglas de Bangkok establecen con suficiente precisión. La prisión preventiva oficiosa —medida cautelar que el artículo 19, párrafo segundo, de la CPEUM autoriza para un catálogo taxativo de delitos, con independencia de la valoración individualizada del caso concreto— constituye, en el sistema de justicia penal del Estado de Nuevo León y en el ámbito nacional, el indicador más preciso y estadísticamente verificable del déficit de aplicación de la perspectiva de género: su imposición sistemáticamente más frecuente en mujeres que en hombres —con una brecha que creció de 2.4 puntos porcentuales en 2022 a 10.2 puntos en 2024— no puede explicarse, desde ninguna perspectiva dogmáticamente coherente, por la comisión de delitos más graves por parte de las mujeres procesadas, sino por la operación de sesgos de género que producen, en la práctica judicial, una valoración implícitamente más severa de la situación de la mujer imputada. Figura 16. Retos persistentes, impactos y correcciones garantistas por etapa procesal. Elaboración propia con base en Tablas 25 a 29 y cierre del apartado 4 4.4 La Prisión Preventiva Oficiosa como Evidencia Empírica del Déficit de Aplicación: Análisis Constitucional de la Brecha de Género Tipo de estereotipo Manifestación procesal concreta Efecto discriminatorio Norma prohibitiva Corrección garantista Estereotipo de la "buena madre" Agravación implícita de la pena por conducta materna percibida como negligente o transgresora Doble penalización por delito + mandato de feminidad Tesis 1a./J. 62/2024; Art. 1° CPEUM Motivación expurgada de mandatos de feminidad; peritaje psicológico-social de contexto Estereotipo de credibilidad diferenciada Descrédito del testimonio de la mujer imputada por "comportamiento contradictorio" o "falta de consistencia" Violación del principio de libre valoración probatoria imparcial Art. 265 CNPP; Protocolo SCJN 2020 Aplicación del estándar epistémico de contextualización (Miranda Estrampes, 2012) Estereotipo de peligrosidad femenina Imposición de PPO fundada en la presunta peligrosidad de la mujer imputada sin datos objetivos que la acrediten Vulneración del Art. 19 CPEUM; inversión de la presunción de inocencia Arts. 19 y 20-B-I CPEUM; Reglas de Bangkok 57-65 Control de proporcionalidad de la medida cautelar con análisis de género Estereotipo de la "cómplice pasiva" Imputación automática de autoría o coautoría a la mujer que convivía con el autor sin acreditar su participación activa Criminalización de la convivencia familiar; violación del Derecho Penal del Acto Art. 22 CPEUM; Jur. 22/2016 SCJN Acreditación del tipo subjetivo conforme al contexto; figura de inexigibilidad (Art. 15-IX CPF) Estereotipo de disponibilidad sexual Minimización de la violencia sexual sufrida por la mujer detenida por presumir consentimiento en virtud de su historia personal Revictimización institucional; invisibilización de la violencia como hecho probatorio Arts. 7.1 y 7.2 Belém do Pará; Corte IDH Manuela (2021) Peritaje de trauma; Protocolo de Estambul; exclusión de historia sexual de la imputada Estereotipo de la mujer "irracional" Negación o minimización de la legítima defensa invocada por la mujer que reaccionó ante violencia crónica Condena a quien ejerció una conducta justificada; doble victimización ADR 6181/2016 SCJN; Art. 15-II CPF Traslación del tipo; peritaje del ciclo de violencia; Síndrome de la Mujer Maltratada Tabla 29. Manifestaciones del Estereotipo Judicial en el Proceso Penal: Tipología, Fundamento Normativo Prohibitivo y Corrección Garantista La prohibición del estereotipo judicial no es una exigencia ideológica externa al Derecho positivo: es, desde la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, un mandato directamente derivado del artículo 1°, párrafo tercero, de la CPEUM, que interdicta toda discriminación motivada por el género o por cualquier otra condición que atente contra la dignidad humana, en combinación con los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; mandato que la Corte IDH, en el Caso Beatriz y otros vs. El Salvador (2024), elevó al rango de garantía autónoma del debido proceso al determinar que la resolución judicial fundada en estereotipos de género constituye, per se, una violación a los artículos 8.1 y 25 de la CADH generadora de responsabilidad internacional del Estado. Sin embargo —y aquí radica la ruptura paradigmática que el análisis empírico evidencia con mayor nitidez—, la existencia de una regla de exclusión jurisprudencialmente sólida no ha producido, hasta la fecha, la erradicación del estereotipo de los procesos penales de Nuevo León: los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario (INEGI, 2024) revelan que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a las mujeres alcanzó el 56.4% en 2024 —frente al 46.2% de los hombres—, brecha que es, en sí misma, la huella estadística de un patrón estereotipado de decisión cautelar que el sistema judicial no ha logrado corregir. Cabe sostener, con rigor dogmático-constitucional, que el principal reto que enfrenta la perspectiva de género en el sistema de justicia penal mexicano no reside, en el año 2026, en la ausencia de normas habilitantes —cuya completitud y solidez fue acreditada en el apartado precedente— sino en la persistencia de un mecanismo cognitivo que la Tesis Jurisprudencial 1a./J. 62/2024 (11a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación denominó conocimiento estereotípico: el conjunto de creencias, prejuicios y presunciones sobre los atributos y roles de los grupos sociales —en particular de las mujeres— que los operadores jurídicos incorporan, de manera frecuentemente inconsciente, a sus juicios de valor sobre la credibilidad de los testimonios, la proporcionalidad de las medidas cautelares, la ponderación de las atenuantes y, en última instancia, la determinación de la responsabilidad penal y del quantum de la pena. Se advierte que dicho mecanismo opera con especial intensidad en el proceso penal de las mujeres, porque —como documentó la SCJN en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género (2020)— el sistema penal fue diseñado para procesar la criminalidad masculina como paradigma, de modo que la conducta de la mujer imputada es valorada no conforme a sus propias circunstancias sino conforme a la distancia que las separa de los mandatos de feminidad hegemónica que el sistema social le impone. 4.5 El Estereotipo Judicial como Mecanismo Persistente de Discriminación Institucional: Fundamento Constitucional del Reto Central CIERRE CONCLUSIVO ◆ ◆ ◆ El recorrido dogmático, normativo y empírico realizado en el presente escrito permite sostener, con respaldo doctrinal y estadístico, que la perspectiva de género no constituye una ideología ni una concesión discrecional en favor de las mujeres: es, por el contrario, una metodología científica de análisis, dictada por la Jurisprudencia 22/2016 de la SCJN y por los estándares interamericanos, cuya función estriba en detectar asimetrías de poder y garantizar una tutela judicial materialmente igualitaria. Cabe sostener que el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva —articulados bajo la matriz constitucional del artículo 17 de la CPEUM y el bloque de constitucionalidad derivado de la reforma de 2011— solo adquieren sentido garantista cuando son interpretados desde una metodología que reconozca las desigualdades estructurales y las trayectorias interseccionales de las mujeres procesadas penalmente; de tal suerte que su omisión no constituye una mera deficiencia técnica, sino una vulneración directa al principio de igualdad sustantiva y a la dignidad humana, entendida esta última como la premisa innegociable de todo sistema penal democrático, en los términos de Ferrajoli (2011) y Zaffaroni (2017). En consecuencia, la transformación del sistema de justicia penal de las mujeres en el Estado de Nuevo León —objeto central de esta investigación doctoral— exige una articulación coherente entre la dogmática penal garantista, los estándares interamericanos de debida diligencia reforzada y la metodología de seis pasos consagrada por la SCJN; sin dicha articulación, el sistema continuará reproduciendo las brechas documentadas en los indicadores INEGI-ENPOL y en los Censos Nacionales de Sistema Penitenciario, donde las mujeres padecen, de forma consecutiva y creciente, proporciones más elevadas de prisión preventiva oficiosa que los hombres —56.4% frente a 46.2% en 2024—, lo que constituye la evidencia empírica más elocuente de la urgente necesidad de transformación que esta tesis doctoral postula. │ "La ausencia de perspectiva de género en el sistema de justicia penal no es una omisión técnica: es una violación estructural al principio de igualdad sustantiva, a la dignidad humana y al mandato constitucional de acceso efectivo a la justicia para todas las personas." — Síntesis resolutiva — Dra. Patricia Eugenia Quintana Rivera (2026) ◆ ◆ ◆ ◈ ◈ ◈ "La perspectiva de género no describe la ley que debería existir; describe la ley que ya existe y que el sistema tiene el deber constitucional de aplicar. Quien la omite no ejerce discrecionalidad: viola la Constitución." ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ Cabe sostener, en consecuencia, con la autoridad dogmática que el bloque de constitucionalidad de género confiere y con la humildad que impone la conciencia de que las normas no se cumplen solas, que la transformación del sistema de justicia penal de las mujeres en Nuevo León es posible —porque el andamiaje normativo para producirla existe y está vigente— y es urgente —porque cada año de retraso en su implementación representa una brecha creciente de discriminación para las mujeres que ingresan al sistema penal en condiciones de vulnerabilidad que el Estado tiene el deber constitucional de reconocer, ponderar y compensar—. La justicia material no es un horizonte utópico que la dogmática contempla desde la distancia: es el resultado concreto que cada juez de control, cada magistrado de apelación, cada defensor público, cada ministerio público y cada juez de ejecución de Nuevo León tiene la obligación constitucional de producir, resolución a resolución, audiencia a audiencia, argumento a argumento. En la medida en que lo hagan —en la medida en que la perspectiva de género deje de ser una cita retórica en los fundamentos jurídicos y se convierta en el motor que estructura el razonamiento probatorio, la valoración de los hechos, la determinación de la responsabilidad y la individualización de la pena— habremos avanzado, como sostiene la Dra. Quintana Rivera con su axioma rector, la mitad del camino hacia la justicia que las mujeres privadas de la libertad merecen. El recorrido argumentativo del presente escrito permite enunciar, en su síntesis resolutiva final, la proposición central que da sentido a toda la investigación doctoral y que conviene formular con la contundencia y la precisión que treinta y dos años de praxis judicial junto a personas privadas de la libertad imponen: la perspectiva de género no es un complemento progresista del Derecho penal liberal, ni una exigencia políticamente motivada que ciertos actores institucionales pueden asumir voluntariamente; es, en el sistema jurídico mexicano del año 2026, la condición constitucional de validez de toda resolución judicial que afecte los derechos de las mujeres procesadas penalmente, cuya omisión produce no una imperfección técnica sino una violación estructural al artículo 1° de la CPEUM, a los artículos 8.1 y 25 de la CADH, y a la obligación de debida diligencia reforzada que la Corte IDH ha exigido al Estado mexicano de manera reiterada, expresa e incumplida. Se advierte que dicha omisión no produce solo consecuencias para la mujer individual que la sufre —condenas más largas, prisión preventiva desproporcionada, déficit de defensa adecuada, sufrimiento evitable durante el internamiento— sino consecuencias para el sistema en su totalidad: cada resolución judicial que opera sin perspectiva de género reproduce el patrón discriminatorio que el Estado tiene el deber de erradicar y, al hacerlo, añade un eslabón más a la cadena de la discriminación institucional acumulativa que esta investigación doctoral se propone documentar, analizar y contribuir a interrumpir. C.4 Síntesis Resolutiva Final: La Justicia Material como Horizonte y la Dignidad Humana como Límite Infranqueable Nivel analítico Objeto de análisis Conexión con el Cap. 1 Resultado esperado Deber ser normativo Marco dogmático, normativo y empírico de la PG en el proceso penal Base constitucional y jurisprudencial del mandato de aplicación obligatoria Demostración del mandato y del déficit sistemático de su cumplimiento Ser empírico (I) Perfil sociodemográfico y jurídico-procesal de las mujeres procesadas en NL (2019-2024) Evidencia empírica del patrón discriminatorio predicho por la cadena dogmática del Cap. 1 Caracterización cuantitativa y cualitativa del sujeto de la investigación Ser empírico (II) Análisis de resoluciones judiciales: aplicación del método de 6 pasos en procesos penales de mujeres en NL Operacionalización de los indicadores de cumplimiento e incumplimiento establecidos en el Cap. 1 Diagnóstico de la práctica judicial real en NL con respecto al mandato normativo Puente propositivo Propuesta de protocolo de juzgamiento con PG y de modelo de defensoría especializada en género para NL Traducción de las obligaciones del Cap. 1 en instrumentos concretos y aplicables por los operadores jurídicos Contribución transformadora: herramientas para cerrar la brecha entre el mandato y la práctica Síntesis transformadora Articulación de los hallazgos de todas las propuesta de agenda de implementación Respuesta a la pregunta de investigación planteada a la luz de las premisas del Cap. 1 Cierre del argumento deductivo iniciado en el Cap. 1 con evidencia empírica y herramientas propositivas Tabla 30. Arquitectura de la Investigación Doctoral: Lógica Interna, Nivel Analítico y Conexión Cabe sostener que la lógica interna de esta arquitectura investigativa es la que Dworkin (1984) denominó la integridad del Derecho: la coherencia argumental entre todos los niveles de análisis que garantiza que la conclusión no sea una importación externa al sistema sino una derivación interna del propio andamiaje normativo que el Estado constitucional ha construido. En la medida en que cada escrito subsecuente dialogue explícitamente con las premisas establecidas en el presente escrito —en particular con la cadena deductiva Art. 1° CPEUM → Jur. 22/2016 SCJN → Tesis 1a./J. 62/2024 → datos empíricos INEGI 2024→ déficit de aplicación— la investigación mantendrá la coherencia sistémica que una tesis doctoral con pretensión transformadora está obligada a garantizar. Esta proyección no es, pues, una promesa metodológica: es el compromiso explícito de que el análisis que sigue honrará la rigurosidad dogmática que la Dra. Patricia Eugenia Quintana Rivera, con treinta y dos años de praxis judicial, sabe que el sistema de justicia penal exige y que las mujeres privadas de libertad en Nuevo León merecen. El presente escrito ha construido los cimientos dogmáticos sobre los cuales los escritos subsecuentes de esta tesis doctoral se erigen; cimientos que no son una mera introducción temática sino el sistema de premisas constitucionales, convencionales y jurisprudenciales cuya operacionalización práctica en el sistema de justicia penal del Estado de Nuevo León. C.3 La Arquitectura de la Investigación y Su Lógica Interna Dimensión del Derecho Conquista dogmática consolidada (2026) Instrumento normativo clave Brecha persistente en Nuevo León Aportación de esta tesis doctoral Metodología judicial Método de 6 pasos como obligación vinculante Jur. 22/2016 SCJN Aplicación fragmentada y retórica; ausencia de operacionalización en prueba y pena Sistematización de indicadores de cumplimiento e incumplimiento del método en NL Valoración probatoria Regla de exclusión del conocimiento estereotípico Tesis 1a./J. 62/2024 SCJN Ausencia del peritaje de género como prueba sistemática en los procesos de mujeres Propuesta de protocolo de oferta probatoria especializada en género para la defensa Medidas cautelares Obligación de considerar vulnerabilidad específica de la mujer Reglas de Bangkok 57-65; Art. 155 CNPP Brecha de PPO mujeres/hombres creciente: +2.4 pp (2022) → +10.2 pp (2024) Criterios de verificación de proporcionalidad con PG en audiencias cautelares de NL Ejecución penal Judicialización de la ejecución como garantía constitucional LNEP Art. 25; Art. 18 CPEUM Ausencia de supervisión sistemática de condiciones de internamiento con PG Marco de control judicial de la ejecución con estándares de Bangkok para NL Defensa técnica Derecho a defensa adecuada con enfoque de género Art. 20-B-VIII CPEUM; Protocolo SCJN 2020 Defensoría de oficio sin formación especializada; imposibilidad de costear peritaje privado Propuesta de modelo de defensoría especializada en género para el sistema penitenciario de NL Interseccionalidad Reconocimiento normativo del análisis multifactorial CEDAW Rec. 28; Art. 9 Belém do Pará; Manuela 2021 Análisis interseccional citado pero no operacionalizado en resoluciones de primera instancia Indicadores prácticos de análisis interseccional aplicables en el juicio oral de NL Tabla 31. Estado del Arte Dogmático en 2026: Conquistas Consolidadas, Brechas Persistentes y Aportación de Esta Investigación Sin embargo —y aquí opera la ruptura paradigmática que justifica la existencia de esta investigación— la solidez del umbral dogmático alcanzado no ha producido, en la práctica del sistema de justicia penal de Nuevo León, los resultados que el mandato normativo exige: el análisis estadístico presentado en el Apartado 4 revela que la brecha de discriminación, lejos de cerrarse, se ha ampliado de forma consecutiva durante el período 2022-2024; realidad que obliga a esta investigación a trascender el análisis dogmático —que confirma la solidez del marco normativo— para adentrarse en el análisis de las resistencias institucionales, los déficits formativos y las brechas de implementación que explican la persistencia del incumplimiento. Cabe sostener, con Boaventura de Sousa Santos (2010), que la distancia entre el Derecho en los libros y el Derecho en acción no es un accidente del sistema sino su característica más definitoria; y que comprender esa distancia —medirla, sistematizarla, analizarla y proponer los instrumentos para reducirla— es precisamente la función que la dogmática jurídica con vocación transformadora está llamada a cumplir en el Estado constitucional de derecho contemporáneo. En la medida en que toda investigación doctoral de carácter jurídico tiene el deber de situar su contribución respecto del estado del conocimiento vigente en el momento de su elaboración, resulta imprescindible señalar, con precisión y sin condescendencias retóricas, cuál es el umbral dogmático que en el año 2026 el Derecho positivo mexicano ha alcanzado en materia de perspectiva de género en el proceso penal: umbral que esta tesis doctoral no pretende duplicar sino superar, enfocando su aportación específica en los vacíos que el estado del arte actual deja sin resolver. Se advierte que dicho umbral puede enunciarse en cinco conquistas dogmáticas que el sistema jurídico mexicano ha consolidado durante la última década y que constituyen los cimientos subsecuentes se construirá: la primera conquista es la incorporación del bloque de constitucionalidad de género como parámetro obligatorio de control difuso —CT 293/2011 SCJN—; la segunda es la sistematización jurisprudencial del método de seis pasos —Jur. 22/2016 SCJN—; la tercera es la prohibición del conocimiento estereotípico como regla de exclusión procesal —Tesis 1a./J. 62/2024 SCJN—; la cuarta es el reconocimiento de la debida diligencia reforzada como estándar interamericano directamente exigible al Estado mexicano —Campo Algodonero 2009; Manuela 2021; Beatriz 2024—; y la quinta es la judicialización de la ejecución penal como garantía constitucional de la reinserción con perspectiva de género —LNEP 2016, Art. 25; Sarre, 2010—. C.2 El Estado del Arte Jurídico en 2026: El Umbral Dogmático que Esta Tesis Doctoral Asume como Punto de Partida N° Proposición central Fuente normativa Cadena lógica Efecto jurídico 1 La PG es imperativo hermenéutico constitucional de observancia obligatoria Art. 1° CPEUM (reforma 2011); Rec. Pro persona Deductiva: Constitución → método → resolución Toda omisión de PG produce inconstitucionalidad material de la resolución 2 El método de 6 pasos es vinculante erga omnes para todos los órganos jurisdiccionales Jur. 22/2016 SCJN; Art. 217 Ley de Amparo Deductiva: jurisprudencia → obligación → sanción por omisión Amparo directo/indirecto procedente contra resoluciones sin aplicación del método 3 La prohibición del estereotipo es garantía autónoma del debido proceso Tesis 1a./J. 62/2024 (11a.) SCJN; Beatriz vs. El Salvador (2024) Deductiva: regla de exclusión → prueba → motivación Exclusión del conocimiento no fundamentado; nulidad de la valoración estereotipada 4 La brecha estadística acredita un patrón sistemático de incumplimiento INEGI Censo Penitenciario 2022-2024; ENPOL 2021 Inductiva: dato → patrón → conclusión jurídica Evidencia de discriminación institucional acumulativa; activación de la debida diligencia reforzada 5 El déficit no es normativo sino de resistencia institucional y cognitiva CIDH 2007; Protocolo SCJN 2020; Di Corleto 2025 Comparativa: norma existente ≠ práctica documentada El problema exige formación, monitoreo y control judicial, no legislación adicional 6 La corrección del déficit es la contribución sustantiva de esta investigación doctoral Jur. 22/2016 + Tesis 1a./J. 62/2024 + Reglas de Bangkok + LNEP 2016 Propositiva: diagnóstico → instrumentos → transformación Esta tesis produce herramientas dogmáticas y metodológicas para el cambio institucional Tabla 32. Mapa Argumentativo: Proposiciones Fundamentales, Fuente Normativa y Articulación Sistémica El mapa argumentativo del presente puede reconstruirse en seis proposiciones concatenadas que expresan, en forma comprimida, el andamiaje deductivo construido a lo largo de los cuatro apartados precedentes: primera proposición: el artículo 1° de la CPEUM, en su reforma de 2011, incorporó la perspectiva de género como imperativo hermenéutico de observancia obligatoria para todas las autoridades del Estado, en la medida en que prohíbe la discriminación por razón de género y obliga a interpretar las normas conforme al principio pro persona. Ahora bien, la segunda afirmación es relativa a la Jurisprudencia 22 dictada en el año 2016 por parte de la SCJN, en esta jurisprudencia se dictó la operación, a partir delmandato constitucional a través de un método que consta de seis etapas de observancia vinculante erga omnes, el cual actua conforme a lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, ausencia de la cual, en la resolución judicial provocaría su inconstitucionalidad material. En cuanto a la tercera afirmación se refiere al análisis de la Tesis 1a./J. 62/2024 (11a.) en la que se establece la regla de exclusión del conocimiento basado en estereotipos como garantía autónoma del debido proceso, elevando la prohibición dictada del estereotipo a condición de validez constitucional de toda resolución judicial. Cuarta proposición: los datos del Censo Nacional de Sistema Penitenciario (INEGI, 2024) acreditan que la brecha de imposición de prisión preventiva oficiosa entre mujeres y hombres ha crecido de forma consecutiva durante 2022, 2023 y 2024, constituyendo la prueba estadística más elocuente del déficit sistemático de aplicación del mandato constitucional. Quinta proposición: dicho déficit no es explicable por diferencias objetivas en la conducta delictiva de las mujeres, sino por la persistencia de sesgos de género que operan en el nivel cognitivo de los operadores jurídicos y que la doctrina denomina discriminación institucional acumulativa. Sexta proposición: la transformación de ese déficit en cumplimiento constitucional efectivo es la contribución sustantiva que esta tesis doctoral se propone producir. El presente ha desplegado un argumento de doble estructura que conviene reconstruir en su totalidad antes de cerrar, porque la articulación de sus partes constituye, en sí misma, una aportación dogmática: se ha demostrado, en primer lugar, mediante una cadena deductiva anclada en la Constitución, que la perspectiva de género no es una herramienta optativa de interpretación sino la condición estructural de validez de toda actuación del sistema de justicia penal cuando dicha actuación incide en los derechos de las mujeres procesadas; y se ha demostrado, en segundo lugar, mediante una cadena inductiva respaldada en datos estadísticos verificables, que el sistema de justicia penal del Estado de Nuevo León incumple de manera sistemática y creciente ese mandato constitucional, produciendo resultados procesales discriminatorios cuya tendencia ascendente —la brecha de prisión preventiva oficiosa creció de 2.4 puntos porcentuales en 2022 a 10.2 puntos en 2024— no admite explicación diferente a la operación de sesgos de género institucionalizados. Cabe sostener que la articulación de ambas cadenas —la deductiva y la inductiva— produce la conclusión que en el sistema jurídico mexicano del año 2026 resulta dogmáticamente irrefutable: la distancia entre el mandato normativo y la práctica institucional es, en términos de Ferrajoli (2011), la medida exacta de la violación sistémica de los derechos humanos de las mujeres que el Estado constitucional de derecho tiene la obligación de corregir. REFERENCIAS — BIBLIOGRAFÍA I. Libros y Monografías Arruti Benito, S. (2025). La transversalidad de género como garantía de tutela judicial efectiva. COLEX. Arzaluz, S., Sánchez, I. y Zamora, G. (2017). La otra mirada de la reclusión: las mujeres internas en los penales de Nuevo León. El Colegio de la Frontera Norte. de Beauvoir, S. (1949). El segundo sexo. Gallimard. Buenrostro, A. (2022). Perspectiva de género en el proceso penal acusatorio. Tirant lo Blanch. Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge. 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