La selva habitada. Tensiones entre la conservación ambiental, los derechos de la naturaleza y el campesinado en la Amazonía colombiana
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La contrastación empírica y teórica de la hipótesis planteada requirió un diseño metodológico socio-jurídico de alcance cualitativo, cuantitativo y espacial. Con el propósito de resolver la pregunta de investigación, la estrategia se articuló mediante una triangulación de métodos y fuentes estructurada en cuatro ejes analíticos: 1. Selección del estudio de caso y delimitación del locus de enunciación i) El Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena como microcosmos y caso generalizable La elección del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena como unidad de análisis obedece a que constituye un territorio históricamente configurado por dinámicas de colonización, muchas de ellas dirigidas, incentivadas o promovidas por el propio Estado durante el siglo XX (Molano Bravo, 1987). A su vez, funciona como un escenario representativo de la ausencia de gobernanza ambiental e institucional que caracterizó el periodo posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz (2016-2025), en el que convergen disputas territoriales y procesos de repliegue estatal. En este contexto, se posiciona como el segundo parque más afectado por la deforestación a nivel nacional, con un aumento del 277 % en la tasa de pérdida de cobertura vegetal tras la desmovilización de las FARC-EP (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, 2025) , lo que ofrece un escenario idóneo para analizar empíricamente los efectos del control territorial armado y de la militarización de la función ambiental sobre las comunidades campesinas del área protegida. ii) Aclaración sobre el locus de enunciación y el sujeto de estudio Resulta indispensable precisar el locus de enunciación desde el cual se erige esta investigación. El sujeto analítico y central de esta tesis es el campesino vulnerable habitante de Parques Nacionales Naturales, y no el actor dinamizador de la deforestación, en tanto, esta investigación cuestiona los discursos institucionales dominantes fundamentados en una perspectiva reduccionista o fragmentada del ambiente, que tienden a unificar y homogeneizar de manera categórica al campesinado residente estas áreas protegidas bajo la etiqueta de “criminales” o “deforestadores” (Mesa Cuadros & Mesa Villamil, 2020, p. 92). Frente a esta simplificación, la tesis establece una distinción analítica y empírica entre dos sujetos: a) El pequeño campesino de arraigo histórico y en condición de vulnerabilidad: Sujeto que deriva su sustento del trabajo directo con la tierra y la naturaleza, cuyas prácticas de producción se enmarcan en la agricultura campesina familiar y comunitaria a pequeña escala, y cuya presencia responde a trayectorias de desplazamiento forzado y colonización promovida por el Estado (Molano Bravo, 1987; Legrand, 1988 & Fajardo Montaña, 2018). b) El acaparador de tierras e inversionista especulativo: Verdadero motor de la deforestación, impulsado en su accionar por flujos de capital orientados a la tala y quema masiva de bosques y a la praderización para la ganadería extensiva a gran escala con fines especulativos y/o productivos (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, 2025; Olaya, Daza, & Annear, 2022). 2. Triangulación de fuentes de información La consolidación de la información se realizó a través de la interpretación integral de las fuentes de información recolectadas. Para ello, se realizó un proceso de verificación, profundización y contraste, a partir de tres grandes corpus: i) Corpus normativo, jurisprudencial y dogmático: Comprendió el análisis del régimen legal sobre uso, ocupación y tenencia en Parques Nacionales Naturales, junto con la sistematización de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional (2002–2025) referida al campesinado como sujeto de especial protección constitucional y su consagración formal mediante el Acto Legislativo 01 de 2023. Asimismo, abarcó la reconstrucción del marco de los derechos de la Naturaleza, a partir del estudio comparado de las experiencias de Ecuador, Bolivia y Nueva Zelanda, las sentencias hito en Colombia (T-622 de 2016 y STC-4360 de 2018) y las decisiones de la JEP que la reconocen como víctima del conflicto armado. ii) Información institucional primaria: Integró la recolección y análisis de datos oficiales obtenidos mediante la radicación de derechos de petición ante entidades del orden nacional y regional. Este acervo incluyó conceptos técnicos e informes de caracterización de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (UAESPNN), reportes de la Fiscalía General de la Nación (FGN) y del Ministerio de Defensa sobre las fases de la Operación Artemisa, así como registros pecuarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y datos censales del DANE. iii) Corpus comunitario, defensorial y de derechos humanos: Incluyó la sistematización de fuentes producidas por organizaciones campesinas y la sociedad civil, tales como informes de organizaciones no gubernamentales, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, acciones urgentes, comunicados de prensa, actas y pliegos de exigencia construidos en las mesas de diálogo y espacios humanitarios en el Meta, Caquetá y Guaviare. 3. Trabajo de campo Con el propósito de examinar las afectaciones directas sobre los derechos humanos y ambientales asociadas a la implementación de la Operación Artemisa, se desarrolló un trabajo de campo en dos momentos y escenarios territoriales diferenciados: i) Octubre de 2020 - Región del Guayabero: Se realizó trabajo de campo en el marco del Espacio Humanitario Campesino, desarrollado en las veredas Nueva Colombia, en el municipio de Vista Hermosa (Meta), y Puerto Cachicamo (Guaviare), así como en el ETCR Jaime Pardo Leal (Guaviare). Este espacio fue convocado como respuesta a la crisis de derechos humanos derivada de las operaciones de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito iniciadas en mayo de 2020 en la región del río Guayabero. ii) Noviembre de 2022 - El Doncello, Caquetá: Se participó en el II Foro Departamental por la Amazonía, la justicia climática agraria y la lucha contra la explotación petrolera, realizado los días 20 y 21 de noviembre y convocado por COORDOSAC y ACUAMADHU. Este escenario constituyó un espacio de diálogo regional entre liderazgos campesinos e indígenas, funcionarios del sector ambiental, representantes de la cooperación internacional y legisladores. En esta jornada se recolectó información primaria sobre las experiencias de conservación ambiental comunitaria y sus tensiones frente a las respuestas y medidas adoptadas por el Estado, en el marco de la implementación del Acuerdo Final de Paz. En los dos escenarios se realizaron entrevistas semiestructuradas a campesinos y campesinas de áreas protegidas, líderes y lideresas sociales, personas en proceso de reincorporación, exfuncionarios públicos del sector ambiental y miembros de organizaciones campesinas afectadas por los operativos militares asociados a la Operación Artemisa. La información obtenida permitió contrastar las medidas institucionales de protección ambiental y control territorial con las experiencias y percepciones de los actores de estos territorios, aportando evidencia para el análisis de las tensiones entre conservación ambiental, derechos de la naturaleza, seguridad y derechos territoriales del campesinado. 4. Modelo de análisis espacial y multitemporal del cambio de cobertura vegetal en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena Finalmente, se implementó un modelo de análisis multitemporal del cambio de cobertura boscosa en el Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena para el periodo 2012-2022. Se utilizaron como fuentes primarias los datos oficiales del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del IDEAM (procesados a partir de imágenes satelitales Landsat y Sentinel) en cruce cartográfico con la información de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Esta aproximación geoespacial permitió cuantificar la magnitud y dirección de las transformaciones ecosistémicas en dos momentos críticos: i) la inflexión territorial previa y posterior a la firma del Acuerdo de Paz (2016), y ii) el ciclo de despliegue operativo y repliegue de la Operación Artemisa (2019-2022). La presente investigación analiza la tensión estructural entre el modelo preservacionista de Parques Nacionales Naturales y la garantía de los derechos territoriales del campesinado en Colombia. Se examina cómo la interpretación excluyente de la Sentencia STC-4360 de 2018, que reconoció a la Amazonía como sujeto de derechos, sirvió de fundamento para legitimar enfoques punitivistas de militarización ambiental, como el de la Operación Artemisa de presunta lucha contra la deforestación, que resultó en una intervención desproporcionada en contra las comunidades campesinas del Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena. En este contexto, se propone el concepto de “dimensión ambiental del campesinado” como una categoría analítica y normativa que permite superar el dualismo entre ecosistemas y culturas para transitar hacia una perspectiva integral del Ambiente. También se formulan alternativas ambientales, integrales y sistémicas orientadas a fortalecer la gobernanza y la gobernabilidad ambiental en áreas de parques, para avanzar hacia modelos de gestión ambiental que reconozcan el rol del campesinado como actores activos de la conservación, portadores de conocimientos, prácticas y formas de manejo territorial compatibles con la sostenibilidad de los ecosistemas que habitan. (Texto tomado de la fuente) This research analyzes the structural tension between the preservationist model of National Natural Parks and the protection of peasant territorial rights in Colombia. It examines how the exclusionary interpretation of Ruling STC-4360 of 2018, which recognized the Amazon as a rights holder, served to legitimize punitive approaches to environmental militarization, such as Operation Artemisa, ostensibly aimed at combating deforestation, which resulted in a disproportionate intervention against peasant communities in the Sierra de La Macarena National Natural Park. In this context, the study proposes the concept of the “environmental dimension of the peasantry” as an analytical and normative category that makes it possible to overcome the dualism between ecosystems and cultures, moving toward an integral understanding of the Environment. It also formulates environmental, comprehensive, and systemic alternatives aimed at strengthening environmental governance and governability in protected areas, to advance toward management models that recognize the peasantry as active agents of conservation, bearers of knowledge, practices, and forms of territorial management compatible with the sustainability of the ecosystems they inhabit. ilustraciones a color, mapas Derecho Ambiental y Agrario Magister en Derecho Maestría
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