Una nueva Constitución para Chile. Evaluación del borrador constitucional
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Nash Antecedentes del proceso constituyente chilenoEl 04 de julio de 2021, en el patio de un histórico edificio del centro de Santiago, que hasta el 11 de septiembre de 1973 había albergado al Congreso, se realizó una ceremonia inédita en la historia de Chile: la instalación de una Convención Constitucional con un mandato preciso, cual era, en un plazo máximo de un año proponer una nueva Constitución que el pueblo debe aprobar o rechazar en un plebiscito a realizarse en septiembre de 2022.Para entender los alcances de este proceso constituyente y poder evaluar adecuadamente el borrador de texto constitucional que se someterá a plebiscito, es necesario recordar algunos hitos que explican la profundidad de la crisis institucional que está en el origen del proceso de deliberación constitucional chileno.En primer lugar, es necesario recordar que la Constitución actualmente vigente en Chile fue impuesta en 1980 por la dictadura cívico-militar encabezada por el general Augusto Pinochet (1973-1990) y representa una pieza institucional fundamental del proyecto refundacional que llevó adelante dicho gobierno sobre la base de una política de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos.Hoy sabemos que el texto constitucional de 1980 se comenzó a tramar solo días despues del Golpe de Estado (13 de septiembre de 1973), que se le encargó el estudio a Jaime Guzmán y que este texto terminó representando una síntesis de las bases del modelo de sociedad que se impuso a la sociedad chilena.En efecto, existe amplio consenso de que la Constitución vigente se caracteriza por el autoritarismo en lo político e impone un modelo híperpresidencialista; es neoliberal extremo en lo económico; y, conservador e individualista en lo cultural.Ahora, si bien el texto constitucional original, aprobado en un plebiscito sin ninguna garantía democrática, ha sido objeto de una serie de reformas (las más importantes en 1989 y en 2005), las bases del modelo politico, económico y cultural se mantuvieron inalteradas y han sido durante más de 30 años un permanente obstáculo para avanzar en transformaciones sociales que el pueblo de Chile viene exigiendo desde hace décadas 1 .Así, las objeciones a la Constitución de 1980 y sus reformas, no solo tienen que ver con su origen espurio, sino que también están vinculadas con sus contenido y, por tanto, el actual proceso constituyente no sólo debe ser legítimo en las formas, sino que también debe proponer un modelo legitimado socialmente en los aspectos sustantivos que debe resolver todo texto constitucional.En efecto, desde fines de los años 70's se fue construyendo un entramado normativo que asentó las bases de un modelo neoliberal a través de cambios al sistema laboral, minero, de administración de las aguas, de salud, educación y previsional que fueron protegidos y dejados al margen de la política democrática a través de los cerrojos constitucionales.Este planificado esquema cumplió eficazmente su rol, ya que en tres décadas de democracia, se avanzó en muchos aspectos; empero, en la transformación sustantiva del modelo, no.De esta guisa, la idea de que era necesario un nuevo texto constitucional fue cobrando fuerza la última década, particularmente a partir de las movilizaciones estudiantiles del 2011 y, así, el momento más interesante fue bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018), cuando se da inicio a un proceso de discusión constitucional, con participación ciudadana, pero que no logró plasmarse en una discusión política que le diera viabilidad al texto de reforma que el gobierno de Bachelet ingresó al parlamento sus últimos días en el poder 2 .Eso le permitió al gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022) cerrar la puerta a la discusión sobre una nueva Constitución apenas asumió al mando del país.En segundo lugar, sobre las causas más inmediatas del proceso constituyente, se hace necesario recordar que el actual debate constitucional está directamente vinculado con la Revuelta Popular de octubre de 2019, donde el pueblo se volcó masivamente a las calles para expresar sus demandas sectoriales, pero también una demanda más de fondo: un nuevo acuerdo político y un nuevo 1 En el marco del proceso constituyente abierto por el acuerdo del 15
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